URUGUAY: DGI fiscalizará a compradores de yates, inmuebles y autos caros

La Dirección General Impositiva (DGI) lanzó un amplio plan de fiscalización de cara a la campaña anual de liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que incluye, además del pedido de información a los colegios privados, datos de las compras de inmuebles, automóviles y de propiedades de embarcaciones.

Fuentes del órgano recaudador informaron a El Observador que se está “avanzando en medidas que marquen la capacidad contributiva” de los trabajadores alcanzados por el IRPF, y que en ese sentido ya cursaron el pedido de información a las entidades involucradas.
El objetivo es realizar un cruzamiento de los datos obtenidos con las liquidaciones del tributo a la renta personal, como forma de  detectar inconsistencias que puedan hacer presumir evasión.

La administración tributaria solicitó “toda la nómina” de los “pagadores” de cuota a una decena de colegios de Montevideo que cobran mensualidades superiores a los $ 10.000, informó la fuente.

Además, se pidió la información a las inmobiliarias sobre la compraventa de inmuebles de más de US$ 250 mil dólares concretadas en el último año, y se expidió una solicitud similar para las concesionarias de vehículos que hayan comercializado automóviles con valores superiores a los US$ 39 mil. Estas dos últimas categorías ya habían sido tenidas en cuenta por la autoridad fiscal en la campaña anterior de declaraciones de IRPF. Como novedad, la DGI incorporó en esta ocasión la información de los propietarios de yates y embarcaciones de más de siete metros de eslora, que fue solicitada a las marinas donde se encuentren amarradas, señaló el informante.

Para solicitar la información, la DGI se amparó en los artículos del Código Tributario que le otorga “amplias facultades de investigación y fiscalización” sobre los contribuyentes. La situación más sensible se da en la solicitud efectuada a los colegios privados.

“En la mayoría de los colegios han caminado los pedidos, dimos un plazo y están dentro del plazo” para aportar la información, dijo la fuente de la DGI consultada por El Observador. De todas formas, el informante reconoció que todavía no se recibieron respuestas de los centros de educación privada.

La semana pasada el director de la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos, Marcelo Fontona, dijo que las instituciones se estaban asesorando con juristas sobre la pertinencia de la solicitud, según informó el diario El País.

Fontona dijo también que se pidió una reunión con “autoridades del gobierno, tanto de la DGI como del Ministerio de Economía” para tratar la situación.

El artículo 69 del Código Tributario establece que la administración tributaria “dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización”, entre las que destaca especialmente “requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente”.

El artículo 70 del texto “obliga” a los contribuyentes  a “colaborar en las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración”.