La no retroactividad del intercambio de información fiscal entre Argentina y
Uruguay no impedirá que el fisco del país vecino reliquide impuestos por hasta
cinco años atrás a aquellos contribuyentes descubiertos con activos no
declarados.
Esto se debe a que el "período no prescripto" en el pago de los impuestos a
las ganancias (renta) y sobre los bienes personales (patrimonio) es de cinco
años y a que el fisco argentino podría requerir a Uruguay documentos que
indirectamente den cuenta del tiempo que se poseen activos no declarados en
Uruguay, señalaron a El País tres expertos de la vecina orilla.
Si una vez que el acuerdo esté operativo la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) descubre a un contribuyente que ocultó activos en
Uruguay, podrá recalcularle el impuesto a los bienes personales (porque su
patrimonio es mayor al declarado) por los últimos cinco años.
Incluso podría reliquidar el impuesto a las ganancias si considera que "el
incremento patrimonial no es justificado", es decir, que no tiene respaldo en la
declaración jurada sobre sus rentas, explicó a El País el socio de impuestos de
KPMG Argentina, Rodolfo Canese Méndez. "Queda en la cabeza del contribuyente
probar el origen de esos fondos", señaló.
Para calcular la renta que corresponde gravar, se estima que las ganancias
equivalen a ese incremento patrimonial no justificado más un 10% (considerado
por "ganancia consumida en gastos no deducibles"). A ese total se le aplican las
tasas del impuesto a pagar (que son progresionales en función de franjas como el
IRPF uruguayo y llegan hasta un 35%).
El abogado Martín Barreiro, socio del estudio Baker & McKenzie, señaló
que "eventualmente también se podría aplicar una tasa de 21% de IVA, en la
medida en que el fisco argentino tenga elementos para pensar que el incremento
patrimonial surge de una actividad gravada con IVA". Y agregó que la AFIP
también podría aplicar multas "que pueden ser de 50% a 100% del impuesto
emitido".
En cuanto al impuesto a los bienes personales en Argentina (patrimonio), el
experto indicó que su mínimo imponible es bajo: unos US$ 69.000. "Cualquier
inversión en Uruguay va a estar alcanzada por el inmueble", estimó Barreiro. Por
tanto, deberán reliquidar impuesto al patrimonio hacia atrás.
DOCUMENTOS. Pese a que se acordó la no retroactividad de la información
intercambiada, el fisco uruguayo podría brindar información a Argentina sobre
desde cuándo el contribuyente indagado tiene un inmueble o sociedad en el país,
señalaron los expertos.
"Si la AFIP quisiera saber el valor del inmueble (para reliquidar los
impuestos) puede pedirle al fisco uruguayo la escritura. Y esa pieza documental
puede reflejar una fecha de compra efectuada previo a la firma del acuerdo",
dijo a El País el tributarista Cristian Rosso Alba, socio del estudio Mintriani,
Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno.
Es que el artículo quinto del acuerdo alcanzado entre ambos países establece
que si una parte es requerida, brindará información "en forma de declaraciones
de testigos y copias autenticadas de documentos originales".
Algo similar ocurre con las sociedades uruguayas si Uruguay brinda a la AFIP
sus estatutos, porque de allí surge cuándo se crearon. "Se genera un efecto no
querido", dijo Barreiro. En ese caso, el aumento patrimonial se calcula para una
fecha hasta cinco años anterior y "se le cargan los intereses al presente",
explicó.
Barreiro sostiene que en el caso de las cuentas bancarias la AFIP "no tiene
elementos fácticos" para presumir que el contribuyente las poseía cinco años
atrás como para reliquidar impuesto a los bienes personales, pero podría igual
aplicar el criterio de "incremento patrimonial" para reliquidar el impuesto a
las ganancias.
SIN ALTERNATIVA. El presidente de la República, José Mujica, sostuvo ayer en
su audición radial de M24 que el acuerdo firmado con Argentina "era un paso que
había que dar". "Hace casi cuatro años que nosotros teníamos la certidumbre que
este paso era inevitable por la evolución internacional de los sistemas
financieros", admitió. Para el mandatario, "era evidente que iban a ir apretando
y apretando las tuercas". También resaltó que "no se nos puede pasar por la
cabeza que suscribir este acuerdo sea una forma de intercambio, de chantaje
comercial".
Fuente: El País
http://www.elpais.com.uy/120427/pecono-638392/economia/argentina-podria-reliquidar-los-impuestos-cinco-anos-hacia-atras/
28 de abril de 2012
24 de abril de 2012
URUGUAY y ARGENTINA firmaron acuerdo para intercambiar información tributaria
Los gobiernos de Uruguay y Argentina firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria, informó este martes el ministro de Economía Fernando Lorenzo en conferencia de prensa.
El acuerdo cumple los requisitos que había establecido Uruguay, indicó el secretario de Estado. Esas condiciones eran la no retroactividad, que se evite la doble imposición y que no operen agentes fiscalizadores de otras administraciones dentro del territorio nacional.
La no retroactividad implica que ante un requerimiento de un fisco extranjero, en este caso Argentina, el país va a informar al día del momento del pedido de informe por los bienes o activos que tiene la persona jurídica o física por la que se consulta en el país.
Con esos datos, el fisco extranjero no puede recalcular y cobrar impuestos retroactivos. Lo que sí puede hacer es gravar esos bienes desde el momento en que se la da información hacia adelante.
Para evitar la doble imposición se va a crear un mecanismo de crédito fiscal. Si un argentino tiene una casa en Uruguay y paga impuesto al patrimonio, por ejemplo, por esos impuestos pagados la Dirección General de Impositiva (DGI) va a otorgarle un crédito fiscal que va a poder presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina para que se le descuente ese pago de los impuestos que generó ese bien.
El otro punto que había propuesto y que fue respetado, implica que la jurisdicción uruguaya estará protegida y que, por ejemplo, no vendrán inspectores de la AFIP a investigar acá.
El acuerdo fue firmado en Anchorena. Por Argentina participaron Ricardo Etchegaray, titular de AFIP, y dos asesores, y por Uruguay los hicieron Lorenzo, el secretario general Pedro Apezteguía y Jorge Polgar de la Asesoría Macroeconómica
El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el acuerdo y deberá ser aprobado para entrar en vigencia.
OCDE
Además, el ministro Lorenzo informó que a mediados de año Uruguay solicitará a la OCDE una nueva revisión para presentar los avances que ha obtenido y demostrar que está en condiciones de acceder a la fase 2.
Fuente: El Observador
http://elobservador.com.uy/noticia/222835/uruguay-y-argentina-firmaron-acuerdo-para-intercambiar-informacion-tributaria/
El acuerdo cumple los requisitos que había establecido Uruguay, indicó el secretario de Estado. Esas condiciones eran la no retroactividad, que se evite la doble imposición y que no operen agentes fiscalizadores de otras administraciones dentro del territorio nacional.
La no retroactividad implica que ante un requerimiento de un fisco extranjero, en este caso Argentina, el país va a informar al día del momento del pedido de informe por los bienes o activos que tiene la persona jurídica o física por la que se consulta en el país.
Con esos datos, el fisco extranjero no puede recalcular y cobrar impuestos retroactivos. Lo que sí puede hacer es gravar esos bienes desde el momento en que se la da información hacia adelante.
Para evitar la doble imposición se va a crear un mecanismo de crédito fiscal. Si un argentino tiene una casa en Uruguay y paga impuesto al patrimonio, por ejemplo, por esos impuestos pagados la Dirección General de Impositiva (DGI) va a otorgarle un crédito fiscal que va a poder presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina para que se le descuente ese pago de los impuestos que generó ese bien.
El otro punto que había propuesto y que fue respetado, implica que la jurisdicción uruguaya estará protegida y que, por ejemplo, no vendrán inspectores de la AFIP a investigar acá.
El acuerdo fue firmado en Anchorena. Por Argentina participaron Ricardo Etchegaray, titular de AFIP, y dos asesores, y por Uruguay los hicieron Lorenzo, el secretario general Pedro Apezteguía y Jorge Polgar de la Asesoría Macroeconómica
El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el acuerdo y deberá ser aprobado para entrar en vigencia.
OCDE
Además, el ministro Lorenzo informó que a mediados de año Uruguay solicitará a la OCDE una nueva revisión para presentar los avances que ha obtenido y demostrar que está en condiciones de acceder a la fase 2.
Fuente: El Observador
http://elobservador.com.uy/noticia/222835/uruguay-y-argentina-firmaron-acuerdo-para-intercambiar-informacion-tributaria/
11 de abril de 2012
URUGUAY: Plan de Vivienda Social dispara el precio de tierra en Cordón y Centro
Centro y Cordón se volvieron muy atractivos para construir vivienda de clase media con exoneraciones fiscales, pero los propietarios elevaron hasta un 50% los montos que piden para vender terrenos, lo que dificulta la ecuación de los inversores.
"Se vende. Ideal para construcción plan de vivienda", dice un aviso clasificado del domingo pasado. Con una oferta que ya era restringida en esos barrios, los propietarios están conscientes de que la demanda por la zona aumentó, dado que la ley de promoción de la vivienda de interés social da exoneraciones de impuestos muy significativas a quienes construyan, refaccionen o amplíen dos o más viviendas (para su posterior venta o alquiler). Así, al margen de su valor real, los propietarios buscan dar un mayor precio a sus inmuebles aprovechando el potencial que tienen por su ubicación, en el marco de los cambios impulsados por la ley 18.795.
Los beneficios que da la nueva ley son de 100% en todos los impuestos nacionales al momento de construir. También hay para cuando el destino final es el alquiler: si bien las exenciones tributarias tienen una base del 40% del impuesto a la renta, en Montevideo hay un incentivo adicional para una franja que comprende buena parte del Centro y Ciudad Vieja. Allí la exoneración puede alcanzar el 100% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los arrendamientos que se realicen a través del Fondo de Garantía de Alquileres. Ese beneficio rige por los 10 años posteriores a la finalización de la obra.
La constatación de una suba en los precios ofertados por los propietarios fue respaldada por el gerente de ventas de la inmobiliaria ACSA: "La expectativa del propietario es de aumento con respecto a lo que valían antes. A veces tasás en US$ 100.000 y te piden US$ 150.000", dijo a El País.
No obstante, el operador inmobiliario desestimó que esas expectativas puedan traducirse en el precio de la transacción. "La euforia de que van a aumentar los precios no la veo clara. Las expectativas de crecimiento que tienen los propietarios a mi entender no son válidas. Una cosa es lo que se pide y otra a lo que se vende", indicó.
Entre otros argumentos, señaló que "la mayoría de terrenos no son de altura, entonces la incidencia del terreno es muy importante" en la ecuación de costos de los inversores (porque pueden construir menos apartamentos).
A esto agregó que el costo de construir ha subido y ya no baja de US$ 1.100 por metro cuadrado, mientras que los costos aumentaron por el encarecimiento de la mano de obra y otros insumos. "A la empresa le tienen que dar los números y los números no están cerrando mucho, porque por más exenciones impositivas que haya los costos de construcción también son mayores", dijo.
Senlle agregó que las empresas que están elaborando proyectos para concretar en estos barrios aún no son las de mayor porte, por lo que sus finanzas no son tan holgadas.
Por su parte, el secretario de la Cámara Inmobiliaria, resaltó a El País que la oferta de terrenos en la zona es "muy escasa" y "lo poco que sale a la venta es más caro". "La pretensión de los ofertantes de obtener un precio mayor hace que los negocios se estanquen y se enlentezca el ciclo de forma bastante considerable (en las transacciones)", dijo. A su parecer, "empieza a haber un contagio" en los barrios de rápida rotación de un fenómeno que antes ocurría solo en Punta del Este: "tener un negocio medio cerrado y que el propietario te pida más".
Al menos tres de cada 10 son propietarios
La proporción de inquilinos en los barrios Centro y Ciudad Vieja duplica a la de Montevideo en general, según datos del Instituto Nacional de Estadística que maneja la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), a los que accedió El País.
Mientras que en la capital el porcentaje de inquilinos es de 24%, en Centro asciende a 47% y en Ciudad Vieja a 56%. En Cordón y Barrio Sur es algo menor (38% y 41% respectivamente). Esto se traduce en un menor porcentaje de propietarios que la media del departamento, que es de 48%. En Cordón la proporción es de 41%, mientras que en Centro es de 33% y desciende a 24% en Ciudad Vieja.
La edad promedio de los jefes de hogar en Centro es de 44 años, por debajo de los 53 años que se registran como media en Montevideo. En Cordón es de 39 años y en Ciudad Vieja de 37.
Otra de las particularidades de Centro es que tiene una proporción muy elevada de hogares unipersonales: son 51,2% del total mientras que en Montevideo es de 24,1%. También es mayor a la media del departamento la cantidad de hogares con dos integrantes (32,7% frente a 28,4%).
De hecho, el 65% de los inmuebles en el Centro posee una habitación para dormir, mientras que en la capital en general esa tipología de vivienda solo alcanza al 45% del total. Además, el 61% de los propietarios están ocupados y un 37% inactivos (jubilados, pensionistas o estudiantes).
"Se vende. Ideal para construcción plan de vivienda", dice un aviso clasificado del domingo pasado. Con una oferta que ya era restringida en esos barrios, los propietarios están conscientes de que la demanda por la zona aumentó, dado que la ley de promoción de la vivienda de interés social da exoneraciones de impuestos muy significativas a quienes construyan, refaccionen o amplíen dos o más viviendas (para su posterior venta o alquiler). Así, al margen de su valor real, los propietarios buscan dar un mayor precio a sus inmuebles aprovechando el potencial que tienen por su ubicación, en el marco de los cambios impulsados por la ley 18.795.
Los beneficios que da la nueva ley son de 100% en todos los impuestos nacionales al momento de construir. También hay para cuando el destino final es el alquiler: si bien las exenciones tributarias tienen una base del 40% del impuesto a la renta, en Montevideo hay un incentivo adicional para una franja que comprende buena parte del Centro y Ciudad Vieja. Allí la exoneración puede alcanzar el 100% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los arrendamientos que se realicen a través del Fondo de Garantía de Alquileres. Ese beneficio rige por los 10 años posteriores a la finalización de la obra.
La constatación de una suba en los precios ofertados por los propietarios fue respaldada por el gerente de ventas de la inmobiliaria ACSA: "La expectativa del propietario es de aumento con respecto a lo que valían antes. A veces tasás en US$ 100.000 y te piden US$ 150.000", dijo a El País.
No obstante, el operador inmobiliario desestimó que esas expectativas puedan traducirse en el precio de la transacción. "La euforia de que van a aumentar los precios no la veo clara. Las expectativas de crecimiento que tienen los propietarios a mi entender no son válidas. Una cosa es lo que se pide y otra a lo que se vende", indicó.
Entre otros argumentos, señaló que "la mayoría de terrenos no son de altura, entonces la incidencia del terreno es muy importante" en la ecuación de costos de los inversores (porque pueden construir menos apartamentos).
A esto agregó que el costo de construir ha subido y ya no baja de US$ 1.100 por metro cuadrado, mientras que los costos aumentaron por el encarecimiento de la mano de obra y otros insumos. "A la empresa le tienen que dar los números y los números no están cerrando mucho, porque por más exenciones impositivas que haya los costos de construcción también son mayores", dijo.
Senlle agregó que las empresas que están elaborando proyectos para concretar en estos barrios aún no son las de mayor porte, por lo que sus finanzas no son tan holgadas.
Por su parte, el secretario de la Cámara Inmobiliaria, resaltó a El País que la oferta de terrenos en la zona es "muy escasa" y "lo poco que sale a la venta es más caro". "La pretensión de los ofertantes de obtener un precio mayor hace que los negocios se estanquen y se enlentezca el ciclo de forma bastante considerable (en las transacciones)", dijo. A su parecer, "empieza a haber un contagio" en los barrios de rápida rotación de un fenómeno que antes ocurría solo en Punta del Este: "tener un negocio medio cerrado y que el propietario te pida más".
Al menos tres de cada 10 son propietarios
La proporción de inquilinos en los barrios Centro y Ciudad Vieja duplica a la de Montevideo en general, según datos del Instituto Nacional de Estadística que maneja la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), a los que accedió El País.
Mientras que en la capital el porcentaje de inquilinos es de 24%, en Centro asciende a 47% y en Ciudad Vieja a 56%. En Cordón y Barrio Sur es algo menor (38% y 41% respectivamente). Esto se traduce en un menor porcentaje de propietarios que la media del departamento, que es de 48%. En Cordón la proporción es de 41%, mientras que en Centro es de 33% y desciende a 24% en Ciudad Vieja.
La edad promedio de los jefes de hogar en Centro es de 44 años, por debajo de los 53 años que se registran como media en Montevideo. En Cordón es de 39 años y en Ciudad Vieja de 37.
Otra de las particularidades de Centro es que tiene una proporción muy elevada de hogares unipersonales: son 51,2% del total mientras que en Montevideo es de 24,1%. También es mayor a la media del departamento la cantidad de hogares con dos integrantes (32,7% frente a 28,4%).
De hecho, el 65% de los inmuebles en el Centro posee una habitación para dormir, mientras que en la capital en general esa tipología de vivienda solo alcanza al 45% del total. Además, el 61% de los propietarios están ocupados y un 37% inactivos (jubilados, pensionistas o estudiantes).
8 de abril de 2012
URUGUAY: ahora compite por capitales con los grandes países emergentes
La suba de calificación otorgada por Standard & Poor's le permitió a Uruguay salir de la categoría de “bonos basura”
Los manuales de finanzas tienen una forma poco amistosa de referirse a los títulos de deuda con una calificación de riesgo de BB o por debajo. Los llaman junk bonds, lo que se traduce como “bonos basura”.
Hasta hace cuatro días, Uruguay formaba parte de esa categoría y todo activo financiero que llevara su bandera era evaluado a primera vista como de alto riesgo por su dudosa capacidad de pago.
El martes, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s elevó la calificación soberana de los títulos uruguayos de BB+ a BBB- y el país pasó a competir en una nueva categoría: la de los países que si bien no tienen resueltas todas sus vulnerabilidades, cuentan con la confianza de los mercados financieros.
Cuando un inversor se enfrente a un título uruguayo, ya no tendrá que compararlo con los papeles de Turquía, Vietnam, Hungría o Paraguay. Ahora los pares de Uruguay son la grandes países emergentes y las economías de Europa comprometidas por la crisis de deuda. A diferencia de la anterior, la liga actual en la que Uruguay compite cuenta con una mayor solidez fiscal y ratios de deuda más acordes con sus posibilidades, pero no son inmunes a un agravamiento del contexto exterior.
A nivel regional, hay cuatro grandes grupos de países. Al primero de ellos solo lo integra Chile, con una economía de crecimiento lento pero sólido y un riesgo financiero prácticamente inexistente. Está calificado con A+, lo que implica seis escalones por encima del grado inversor. Tiene más activos de reserva que obligaciones –una deuda neta negativa que equivale a 8% del PBI– y un superávit fiscal mayor a 1% de la producción anual.
El segundo grupo es el de países considerados por Standard & Poor’s con “adecuada capacidad para responder a sus obligaciones financieras” pero cuya solvencia puede verse “debilitada” ante una coyuntura adversa. Se trata de los países calificados con BBB, integrado por Brasil, México, Panamá y Perú, como los más asentados, y Colombia y Uruguay en una segunda posición.
Se trata además de una categoría compuesta por otros grandes países emergentes, cuyo crecimiento acelerado y su potencial de expansión les permite reducir el riesgo derivado de finanzas públicas todavía no del todo sólidas y la dependencia con el mercado global de capitales. De los países BRICS, tanto Brasil como Rusia, India y Sudáfrica componen el grupo BBB, mientras que China se encuentra dos niveles más arriba, en AA.
Los países europeos comprometidos por la crisis, pero que aún cuentan con el respaldo del bloque regional, también se hallan en la nueva categoría de Uruguay. Sus ratios de deuda y necesidades de financiamiento son muy elevadas. Italia cuenta con una deuda de 120% de su PBI y un déficit presupuestado de 3,6% para este año. Irlanda e Islandia se encuentran en una situación similar.
Por detrás se encuentran Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, con una calificación B. Hoy en día cumplen con sus obligaciones, pero el riesgo de no pago es mucho mayor. A sus vulnerabilidades económicas y financieras se suma la incertidumbre política y la debilidad institucional, que no garantiza que los gobiernos prioricen hacer frente a sus deudas en un contexto más adverso.
Los manuales de finanzas tienen una forma poco amistosa de referirse a los títulos de deuda con una calificación de riesgo de BB o por debajo. Los llaman junk bonds, lo que se traduce como “bonos basura”.
Hasta hace cuatro días, Uruguay formaba parte de esa categoría y todo activo financiero que llevara su bandera era evaluado a primera vista como de alto riesgo por su dudosa capacidad de pago.
El martes, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s elevó la calificación soberana de los títulos uruguayos de BB+ a BBB- y el país pasó a competir en una nueva categoría: la de los países que si bien no tienen resueltas todas sus vulnerabilidades, cuentan con la confianza de los mercados financieros.
Cuando un inversor se enfrente a un título uruguayo, ya no tendrá que compararlo con los papeles de Turquía, Vietnam, Hungría o Paraguay. Ahora los pares de Uruguay son la grandes países emergentes y las economías de Europa comprometidas por la crisis de deuda. A diferencia de la anterior, la liga actual en la que Uruguay compite cuenta con una mayor solidez fiscal y ratios de deuda más acordes con sus posibilidades, pero no son inmunes a un agravamiento del contexto exterior.
A nivel regional, hay cuatro grandes grupos de países. Al primero de ellos solo lo integra Chile, con una economía de crecimiento lento pero sólido y un riesgo financiero prácticamente inexistente. Está calificado con A+, lo que implica seis escalones por encima del grado inversor. Tiene más activos de reserva que obligaciones –una deuda neta negativa que equivale a 8% del PBI– y un superávit fiscal mayor a 1% de la producción anual.
El segundo grupo es el de países considerados por Standard & Poor’s con “adecuada capacidad para responder a sus obligaciones financieras” pero cuya solvencia puede verse “debilitada” ante una coyuntura adversa. Se trata de los países calificados con BBB, integrado por Brasil, México, Panamá y Perú, como los más asentados, y Colombia y Uruguay en una segunda posición.
De hecho, Uruguay cuenta con niveles de deuda y déficit fiscal similares a los de Brasil. El país tiene una deuda de 55% de su PBI, similar al ratio de 56% de Brasil. El déficit fiscal del gobierno de Dilma Rousseff es de 2,3%, casi el doble que el uruguayo (1,3%). Sin embargo, el tamaño de la vecina economía, el desarrollo de su mercado de capitales y su menor exposición a la moneda estadounidense y al comercio con la región, reducen su vulnerabilidad.
Se trata además de una categoría compuesta por otros grandes países emergentes, cuyo crecimiento acelerado y su potencial de expansión les permite reducir el riesgo derivado de finanzas públicas todavía no del todo sólidas y la dependencia con el mercado global de capitales. De los países BRICS, tanto Brasil como Rusia, India y Sudáfrica componen el grupo BBB, mientras que China se encuentra dos niveles más arriba, en AA.
Los países europeos comprometidos por la crisis, pero que aún cuentan con el respaldo del bloque regional, también se hallan en la nueva categoría de Uruguay. Sus ratios de deuda y necesidades de financiamiento son muy elevadas. Italia cuenta con una deuda de 120% de su PBI y un déficit presupuestado de 3,6% para este año. Irlanda e Islandia se encuentran en una situación similar.
En la región hay dos grupos más de países. En uno de ellos se encuentran Paraguay y Costa Rica, con una calificación de BB. Sus títulos son especulativos, como hasta hace poco los de Uruguay. La dependencia a la región –en el caso paraguayo– y abultadas necesidades de capitales –déficit de 5,6% en Costa Rica– genera riesgos según la calificadoras.
Por detrás se encuentran Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, con una calificación B. Hoy en día cumplen con sus obligaciones, pero el riesgo de no pago es mucho mayor. A sus vulnerabilidades económicas y financieras se suma la incertidumbre política y la debilidad institucional, que no garantiza que los gobiernos prioricen hacer frente a sus deudas en un contexto más adverso.
5 de abril de 2012
URUGUAY: Grado inversor y logros sociales dan respaldo a política económica
En dos semanas se echó por tierra uno de los mitos más arraigados en la ciencia económica y en la interna del gobierno: la dicotomía irreconciliable entre el mercado y las cuestiones sociales. ¿Crecer o distribuir? ¿Atender las exigencias de los fondos de inversión y las calificadoras de riesgo, o concentrar el esfuerzo en reducir la pobreza y la desigualdad? Esa ya dejó de ser la discusión en Uruguay.
El carné de ingreso al investment grade y la reducción histórica de la pobreza en cinco puntos porcentuales durante el último año, convalidan el rumbo de la política económica y le dan un fuerte espaldarazo al equipo conducido por el ministro de Economía Fernando Lorenzo y apadrinado por el vicepresidente Danilo Astori.
Todo el equipo salió el martes a la prensa a recibir los honores de Standard & Poor’s. Uruguay volvía, después de 10 años, a recibir el grado inversor de la mano de la misma calificadora de riesgo que tomó la iniciativa de degradar la deuda uruguaya al rango especulativo, en febrero de 2002. El discurso fue prudente. Las autoridades del ala astorista –a las voces del vicepresidente y el ministro, se sumó además la del presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, que completa el equipo– reconocieron el mérito que supone estar entre los países considerados “amigos de los mercados de capitales”, e insistieron en que desde hace tiempo estaban dadas las condiciones para la suba de la nota.
Pero Astori fue más allá y, en diálogo con El Observador, dijo que el grado inversor “confirma una trayectoria y una forma de hacer las cosas en Uruguay. Y si además, al mismo tiempo mejoramos los indicadores sociales, eso muestra que éste es el camino a seguir”.
Los logros principales que destacó Standard & Poor’s a la hora de subir la nota de BB+ a BBB- fueron “la mejora en el perfil de la deuda” y “la prudencia en el manejo fiscal”, dos factores que permiten al país “reducir sus vulnerabilidades a los choques externos”.
Esa confianza generada es mérito del Ministerio de Economía, que logró duplicar en menos de tres años el porcentaje de la deuda en moneda local –se espera que para este año alcance al 50% de las obligaciones–. Al mismo tiempo, el porcentaje de la deuda sobre el Producto Bruto Interno (PBI) se redujo de 71,2% al cierre de 2009 a 55,4% a fines del último año. Las grandes montañas de vencimiento fueron aplanadas y el plazo promedio de vencimientos se extendió de forma considerable.
La oposición y los economistas más ortodoxos reprochan al gobierno que Uruguay mantenga un déficit fiscal aun en el punto más alto del ciclo económico. La suba de calificación por parte de Standard & Poor’s da cuenta que ese desfasaje de 0,8% del PBI al cierre de 2011 –que en los primeros dos meses del año ascendió a 1,3%– si bien no es motivo de orgullo, tampoco incomoda demasiado. A la luz de las condiciones de mercado actuales es considerado por la calificadora “sostenible” a corto y mediano plazo.
La expansión económica no llegó con la conducción de los hombres de Astori. Uruguay acumula nueve años consecutivos de crecimiento –a un promedio anual de 5,3%, más de un punto por encima del potencial de largo plazo– y ningún economista pone en duda que se va a completar la década. En 2009 fue uno de los tres países en el mundo que eludió la recesión y a pesar de la crisis de los países desarrollados, de la desaceleración y los brotes proteccionistas en la región, Standard & Poor’s considera que “Uruguay adquirió la flexibilidad política para enfrentar con éxito el impacto de potenciales choques externos”.
Pero además, ese crecimiento económico vino acompañado por una mejora de los principales indicadores sociales. El desempleo cerró 2011 en 5,5%, el menor registro de la historia documentada, al tiempo que el poder de compra de los uruguayos retornó a los niveles perdidos de 1977.
Y esa mejora en las oportunidades se vio también en los sectores menos favorecidos. Los datos difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en 2011 tuvo lugar la mayor caída de la pobreza desde que hay registros comparables, de 18,6% de la población a 13,7%. Desde 2007 se redujo a poco más de la mitad. También cayó la indigencia –de 1,1% a 0,5%– y la desigualdad –de 42,1 a 40,1 puntos del índice de Gini–.
El ala más radical de la izquierda cuestionó en varias oportunidades el accionar del equipo de Astori, que a su juicio prioriza el desarrollo de una economía afín a los intereses del mercado en detrimento del bienestar de los uruguayos de menores ingresos.
El impuesto a la tierra, la aplicación de una rebaja drástica del IVA solo para los más necesitados, la posibilidad de utilizar las reservas para financiar programas sociales y obras de infraestructura, y la idea de aumentar los impuestos a las grandes empresas, fueron iniciativas que si bien no llegaron en su mayoría a concretarse, buscaban reforzar el sesgo redistributivo de la actual administración de gobierno.
Liderado por un grupo de técnicos de OPP y asesores de presidencia pertenecientes al MPP, el “equipo económico alternativo” tiene una visión más pragmática de las políticas sociales.
Busca resultados inmediatos a través de apuestas concretas que tienen como objetivo que el Estado zanje las diferencias que el mercado genera en materia de oportunidades.
Astori y su equipo, en cambio, apostaron por una visión de más largo plazo que conjuga la búsqueda de un mayor atractivo del país para los inversores, con la intervención directa del Estado solo para dar respuesta a las realidades más acuciantes.
Hoy, los números le dan el respaldo a este enfoque
El carné de ingreso al investment grade y la reducción histórica de la pobreza en cinco puntos porcentuales durante el último año, convalidan el rumbo de la política económica y le dan un fuerte espaldarazo al equipo conducido por el ministro de Economía Fernando Lorenzo y apadrinado por el vicepresidente Danilo Astori.
Todo el equipo salió el martes a la prensa a recibir los honores de Standard & Poor’s. Uruguay volvía, después de 10 años, a recibir el grado inversor de la mano de la misma calificadora de riesgo que tomó la iniciativa de degradar la deuda uruguaya al rango especulativo, en febrero de 2002. El discurso fue prudente. Las autoridades del ala astorista –a las voces del vicepresidente y el ministro, se sumó además la del presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, que completa el equipo– reconocieron el mérito que supone estar entre los países considerados “amigos de los mercados de capitales”, e insistieron en que desde hace tiempo estaban dadas las condiciones para la suba de la nota.
Pero Astori fue más allá y, en diálogo con El Observador, dijo que el grado inversor “confirma una trayectoria y una forma de hacer las cosas en Uruguay. Y si además, al mismo tiempo mejoramos los indicadores sociales, eso muestra que éste es el camino a seguir”.
Los logros principales que destacó Standard & Poor’s a la hora de subir la nota de BB+ a BBB- fueron “la mejora en el perfil de la deuda” y “la prudencia en el manejo fiscal”, dos factores que permiten al país “reducir sus vulnerabilidades a los choques externos”.
Esa confianza generada es mérito del Ministerio de Economía, que logró duplicar en menos de tres años el porcentaje de la deuda en moneda local –se espera que para este año alcance al 50% de las obligaciones–. Al mismo tiempo, el porcentaje de la deuda sobre el Producto Bruto Interno (PBI) se redujo de 71,2% al cierre de 2009 a 55,4% a fines del último año. Las grandes montañas de vencimiento fueron aplanadas y el plazo promedio de vencimientos se extendió de forma considerable.
La oposición y los economistas más ortodoxos reprochan al gobierno que Uruguay mantenga un déficit fiscal aun en el punto más alto del ciclo económico. La suba de calificación por parte de Standard & Poor’s da cuenta que ese desfasaje de 0,8% del PBI al cierre de 2011 –que en los primeros dos meses del año ascendió a 1,3%– si bien no es motivo de orgullo, tampoco incomoda demasiado. A la luz de las condiciones de mercado actuales es considerado por la calificadora “sostenible” a corto y mediano plazo.
La expansión económica no llegó con la conducción de los hombres de Astori. Uruguay acumula nueve años consecutivos de crecimiento –a un promedio anual de 5,3%, más de un punto por encima del potencial de largo plazo– y ningún economista pone en duda que se va a completar la década. En 2009 fue uno de los tres países en el mundo que eludió la recesión y a pesar de la crisis de los países desarrollados, de la desaceleración y los brotes proteccionistas en la región, Standard & Poor’s considera que “Uruguay adquirió la flexibilidad política para enfrentar con éxito el impacto de potenciales choques externos”.
Pero además, ese crecimiento económico vino acompañado por una mejora de los principales indicadores sociales. El desempleo cerró 2011 en 5,5%, el menor registro de la historia documentada, al tiempo que el poder de compra de los uruguayos retornó a los niveles perdidos de 1977.
Y esa mejora en las oportunidades se vio también en los sectores menos favorecidos. Los datos difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en 2011 tuvo lugar la mayor caída de la pobreza desde que hay registros comparables, de 18,6% de la población a 13,7%. Desde 2007 se redujo a poco más de la mitad. También cayó la indigencia –de 1,1% a 0,5%– y la desigualdad –de 42,1 a 40,1 puntos del índice de Gini–.
El ala más radical de la izquierda cuestionó en varias oportunidades el accionar del equipo de Astori, que a su juicio prioriza el desarrollo de una economía afín a los intereses del mercado en detrimento del bienestar de los uruguayos de menores ingresos.
El impuesto a la tierra, la aplicación de una rebaja drástica del IVA solo para los más necesitados, la posibilidad de utilizar las reservas para financiar programas sociales y obras de infraestructura, y la idea de aumentar los impuestos a las grandes empresas, fueron iniciativas que si bien no llegaron en su mayoría a concretarse, buscaban reforzar el sesgo redistributivo de la actual administración de gobierno.
Liderado por un grupo de técnicos de OPP y asesores de presidencia pertenecientes al MPP, el “equipo económico alternativo” tiene una visión más pragmática de las políticas sociales.
Busca resultados inmediatos a través de apuestas concretas que tienen como objetivo que el Estado zanje las diferencias que el mercado genera en materia de oportunidades.
Astori y su equipo, en cambio, apostaron por una visión de más largo plazo que conjuga la búsqueda de un mayor atractivo del país para los inversores, con la intervención directa del Estado solo para dar respuesta a las realidades más acuciantes.
Hoy, los números le dan el respaldo a este enfoque
1 de abril de 2012
URUGUAY: Salario real aumenta 5,6% en los últimos 12 meses
El poder adquisitivo de los uruguayos aumentó 5,6% en el año móvil a febrero de 2012, lo que indica una desaceleración de su crecimiento interanual.
En los doce meses cerrados a enero de este año el indicador ascendió a 5,8%, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El poder de compra disminuyó 0,41 puntos porcentuales en febrero respecto al mes previo, y acumula un alza de 5,1% en los dos primeros meses, en gran medida explicada por la entrada en vigencia de los ajustes acordados en las rondas de negociación salarial.
El salario real -que toma en consideración la variación en el nivel de precios- disminuyó 0,29% mensual en el sector privado, pero aumentó 7,22% durante los últimos doce meses a febrero.
Mientras, en el sector público, el poder de compra bajó 0,64 puntos porcentuales respecto a enero y se incrementó en 2,8% en el año móvil a febrero.
Por otro lado, el salario nominal aumentó 0,41% mensual en febrero y se incrementó en 6,74 puntos porcentuales en los primeros dos meses del año. Cabe destacar que en el año móvil a febrero de 2012, los salarios nominales aumentaron 13,9%.
En los doce meses cerrados a enero de este año el indicador ascendió a 5,8%, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El poder de compra disminuyó 0,41 puntos porcentuales en febrero respecto al mes previo, y acumula un alza de 5,1% en los dos primeros meses, en gran medida explicada por la entrada en vigencia de los ajustes acordados en las rondas de negociación salarial.
El salario real -que toma en consideración la variación en el nivel de precios- disminuyó 0,29% mensual en el sector privado, pero aumentó 7,22% durante los últimos doce meses a febrero.
Mientras, en el sector público, el poder de compra bajó 0,64 puntos porcentuales respecto a enero y se incrementó en 2,8% en el año móvil a febrero.
Por otro lado, el salario nominal aumentó 0,41% mensual en febrero y se incrementó en 6,74 puntos porcentuales en los primeros dos meses del año. Cabe destacar que en el año móvil a febrero de 2012, los salarios nominales aumentaron 13,9%.
URUGUAY: 4 petroleras invertirán US$1.562 millones en 3 años
Cuatro petroleras de primer nivel mundial invertirán en Uruguay US$1.562 millones en un plazo de tres años, para buscar yacimientos de hidrocarburos en la plataforma continental frente a Rocha y Maldonado. De esta manera, ANCAP cerró este viernes la Ronda Uruguay II que licitó 15 bloques del mar territorial, para los cuales recibió 19 propuestas de nueve compañías.
Las empresas ganadoras de la licitación, con las cuales se firmarán contratos por 30 años, fueron: las británicas British Petroleum y British Gas, la francesa Total, y la irlandesa Tullow Oil. Además de trabajos de sísmica en 3D y 2D, y otros estudios técnicos, la compañía francesa se destacó en su oferta al proponer realizar un pozo exploratorio.
Los siete bloques que en esta ocasión no tuvieron interés de los privados serán reestructurados para ser lanzados al mercado en 2015, también mediante el proceso de licitación, según comentaron a El Observador fuentes técnicas de ANCAP.
Para ser seleccionadas las empresas debían puntuar según las unidades de trabajo que ofrecían; el porcentaje con el cual se asociarán a ANCAP de comprobarse que hay hidrocarburos; y el porcentaje de las utilidades que pagarán al Estado uruguayo anualmente.
Las empresas ganadoras realizarán trabajos de exploración en las tres cuencas petrolíferas uruguayas conocidas como Oriental del Plata, Punta del Este y Pelotas. En esta etapa, todas las inversiones serán a riesgo de los privados.
“Estamos tremendamente satisfechos con lo logrado. Hoy se abre una nueva era en la exploración petrolera del país”, afirmó Raúl Sendic, presidente de ANCAP, al presentar los datos de la Ronda Uruguay II, junto al directorio del ente, el ministro Roberto Kreimerman (Industria), el director de Energía, Ramón Méndez, y Héctor de Santa Ana, jefe de exploración de la empresa uruguaya.
La duración de los contratos, que se firmarán antes de septiembre, serán por un plazo de 30 años con una posible extensión a 10 más. El período de exploración se extenderá por ocho años y los restantes 22, si se encuentran hidrocarburos, serán de producción.
En el caso de obtener resultados, ANCAP se asociará con el privado que encontró petróleo. La participación del ente uruguayo tiene un mínimo de 22%, si es Tullow Oil la que encuentra petróleo, y un máximo de 35% si la que encuentra el yacimiento es British Gas. En el caso de British Petroleum y Total, ANCAP se asociará con 30% de las acciones, según las propuestas que hicieron esas compañías.
Además el Estado uruguayo recibirá cerca de 30% de las utilidades de los proyectos.
En el caso de la francesa Total, el contrato tiene la característica de haber ofertado al Estado uruguayo 70% de las utilidades si se encuentra petróleo liviano. De encontrarse gas o petróleo pesado, la empresa se retirará y todo quedará para el Estado, según supo El Observador.
En el mar territorial ya trabaja el consorcio de Petrobras, YPF y Galp, que fue seleccionado en la primera Ronda Uruguay.
Las empresas ganadoras de la licitación, con las cuales se firmarán contratos por 30 años, fueron: las británicas British Petroleum y British Gas, la francesa Total, y la irlandesa Tullow Oil. Además de trabajos de sísmica en 3D y 2D, y otros estudios técnicos, la compañía francesa se destacó en su oferta al proponer realizar un pozo exploratorio.
Los siete bloques que en esta ocasión no tuvieron interés de los privados serán reestructurados para ser lanzados al mercado en 2015, también mediante el proceso de licitación, según comentaron a El Observador fuentes técnicas de ANCAP.
Para ser seleccionadas las empresas debían puntuar según las unidades de trabajo que ofrecían; el porcentaje con el cual se asociarán a ANCAP de comprobarse que hay hidrocarburos; y el porcentaje de las utilidades que pagarán al Estado uruguayo anualmente.
Las empresas ganadoras realizarán trabajos de exploración en las tres cuencas petrolíferas uruguayas conocidas como Oriental del Plata, Punta del Este y Pelotas. En esta etapa, todas las inversiones serán a riesgo de los privados.
“Estamos tremendamente satisfechos con lo logrado. Hoy se abre una nueva era en la exploración petrolera del país”, afirmó Raúl Sendic, presidente de ANCAP, al presentar los datos de la Ronda Uruguay II, junto al directorio del ente, el ministro Roberto Kreimerman (Industria), el director de Energía, Ramón Méndez, y Héctor de Santa Ana, jefe de exploración de la empresa uruguaya.
La duración de los contratos, que se firmarán antes de septiembre, serán por un plazo de 30 años con una posible extensión a 10 más. El período de exploración se extenderá por ocho años y los restantes 22, si se encuentran hidrocarburos, serán de producción.
En el caso de obtener resultados, ANCAP se asociará con el privado que encontró petróleo. La participación del ente uruguayo tiene un mínimo de 22%, si es Tullow Oil la que encuentra petróleo, y un máximo de 35% si la que encuentra el yacimiento es British Gas. En el caso de British Petroleum y Total, ANCAP se asociará con 30% de las acciones, según las propuestas que hicieron esas compañías.
Además el Estado uruguayo recibirá cerca de 30% de las utilidades de los proyectos.
En el caso de la francesa Total, el contrato tiene la característica de haber ofertado al Estado uruguayo 70% de las utilidades si se encuentra petróleo liviano. De encontrarse gas o petróleo pesado, la empresa se retirará y todo quedará para el Estado, según supo El Observador.
En el mar territorial ya trabaja el consorcio de Petrobras, YPF y Galp, que fue seleccionado en la primera Ronda Uruguay.
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