El uso de tarjetas de crédito para el pago de compras registró un importante incremento durante el último año.
Según los datos difundidos este jueves por el Banco Central de Uruguay (BCU), las compras realizadas con plásticos por los uruguayos durante 2011 alcanzaron los US$ 3.718 millones, con un crecimiento de 22%.
Se trata de un incremento de 14% en el número de operaciones –65 millones durante el último año– con lo cual, medidas en dólares, los uruguayos realizaron compras promedio más grandes en 2011.
En Uruguay circulan en total 2,2 millones de tarjetas de crédito, con un aumento de 4,3% durante el último año.
29 de marzo de 2012
27 de marzo de 2012
URUGUAY:Royal Caribbean planea invertir US$ 40: en una terminal de cruceros
La reconocida empresa de cruceros Royal Caribbean presentó una proyecto al gobierno para instalar una terminal exclusiva para estos barcos en el puerto de Montevideo, además de un hotel con una inversión total de US$ 40 millones.
La Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Ministerio de Turismo están estudiando un proyecto de inversión turística de US$ 40 millones que presentó la firma Royal Caribbean para definir un área exclusiva para el atraque de cruceros en el puerto de Montevideo y construir un hotel en una manzana contigua al edificio del ente portuario sobre la rambla.
El responsable de negocios de Royal Caribbean en Uruguay,informó que esta empresa hace ocho años que estaba buscando instalar una terminal de crucero en Sudamérica. La opciones que había manejado la firma en primer lugar fueron San Pablo y Buenos Aires, pero por distintos problemas de costos y trámites, Royal finalmente optó por el puerto de Montevideo.
El lugar para la terminal de cruceros que escogió la empresa es un área que actualmente se utiliza para este fin, los atraques públicos A y B del puerto de Montevideo que opera la ANP. "Inicialmente se construiría una terminal liviana que también incluiría el edificio actual del Ministerio de Turismo que habrá que relocalizar en otro lugar, según sugirieron las propias autoridades", explicó Pacheco. Royal Caribbean pretende acceder una manzana que está contigua al edificio de la ANP para construir una hotel de cuatro pisos con 200 habitaciones.
"La idea es hacer un puerto base para que embarquen y desembarquen los pasajeros de distintos países de la compañía", comentó el funcionario. La empresa también tiene planificado construir en esa manzana un espacio para instalar galerías comerciales y centros culturales.
Asimismo, Royal Caribbean también maneja otro proyecto de mayor magnitud para construir una terminal de cruceros en Punta del Este aunque aún no lo hizo oficial.
Por otro lado, el asesor del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberoff, dijo a El País que aún el gobierno no tomó una resolución sobre si acepta la iniciativa presentada por Royal Caribbean porque se "está estudiando".
De todas formas, indicó que todo proyecto vinculado a esta área es de "sumo interés" para Turismo porque en esta temporada comenzó a darse un fenómeno "alentador" como es recambio de turistas de cruceros en Montevideo. "Este puede ser un factor muy dinamizador para la ciudad", destacó.
En esta temporada de cruceros (noviembre-mayo), llegarán al puerto de Montevideo 210 embarcaciones, según estimó Liberoff.
La Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Ministerio de Turismo están estudiando un proyecto de inversión turística de US$ 40 millones que presentó la firma Royal Caribbean para definir un área exclusiva para el atraque de cruceros en el puerto de Montevideo y construir un hotel en una manzana contigua al edificio del ente portuario sobre la rambla.
El responsable de negocios de Royal Caribbean en Uruguay,informó que esta empresa hace ocho años que estaba buscando instalar una terminal de crucero en Sudamérica. La opciones que había manejado la firma en primer lugar fueron San Pablo y Buenos Aires, pero por distintos problemas de costos y trámites, Royal finalmente optó por el puerto de Montevideo.
El lugar para la terminal de cruceros que escogió la empresa es un área que actualmente se utiliza para este fin, los atraques públicos A y B del puerto de Montevideo que opera la ANP. "Inicialmente se construiría una terminal liviana que también incluiría el edificio actual del Ministerio de Turismo que habrá que relocalizar en otro lugar, según sugirieron las propias autoridades", explicó Pacheco. Royal Caribbean pretende acceder una manzana que está contigua al edificio de la ANP para construir una hotel de cuatro pisos con 200 habitaciones.
"La idea es hacer un puerto base para que embarquen y desembarquen los pasajeros de distintos países de la compañía", comentó el funcionario. La empresa también tiene planificado construir en esa manzana un espacio para instalar galerías comerciales y centros culturales.
Asimismo, Royal Caribbean también maneja otro proyecto de mayor magnitud para construir una terminal de cruceros en Punta del Este aunque aún no lo hizo oficial.
Por otro lado, el asesor del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberoff, dijo a El País que aún el gobierno no tomó una resolución sobre si acepta la iniciativa presentada por Royal Caribbean porque se "está estudiando".
De todas formas, indicó que todo proyecto vinculado a esta área es de "sumo interés" para Turismo porque en esta temporada comenzó a darse un fenómeno "alentador" como es recambio de turistas de cruceros en Montevideo. "Este puede ser un factor muy dinamizador para la ciudad", destacó.
En esta temporada de cruceros (noviembre-mayo), llegarán al puerto de Montevideo 210 embarcaciones, según estimó Liberoff.
Socia del cluster
Royal Carribean ya fue aceptada como socia de la Asociación Cluster de la Industria Naval. "Los trabajadores metalúrgicos, vemos con muy buenos ojos que empresas con el prestigio que ustedes tienen quieran participar de dicho proyecto", dice una carta que envió un directivo del Untmra a la empresa marítima.19 de marzo de 2012
URUGUAY: Moody's le otorgaría la calificación de "grado de inversión"
Uruguay es el país de América Latina que está más próximo de obtener el preciado "grado de inversión", que perdió hace una década por una severa crisis financiera, reveló este domingo Mauro Leos, analista jefe para la región de la agencia calificadora Moody's.
En enero, Moody's revisó el panorama de la deuda soberana de Uruguay, calificada como Ba1, a positivo desde estable.
El cambio en el panorama se basó en la mejora del perfil de deuda soberana del país, un resultado que la agencia atribuyó al fuerte y continuado compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal.
"Cerca del grado de inversión, en el sentido de cómo está la escala, está Uruguay (...) De todos los países que tenemos en América Latina, es el que en ese sentido está apuntando en esa dirección", dijo Leos a Reuters en Montevideo.
"También tenemos a Guatemala en Ba1, pero no tiene perspectiva positiva. El único país que está justo debajo de la línea es Uruguay", agregó en el marco de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realiza en la capital uruguaya.
Leos estimó que una próxima revisión de la calificación de Uruguay podría concretarse durante la última parte del 2012.
Uruguay está ubicado a un escalón del grado de inversión con una nota de BB+ para Standard & Poor's y la agencia Fitch Ratings.
En América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú poseen grado de inversión.
Esa calificación permite a los países recibir recursos de grandes inversionistas institucionales, que tienen vedado tomar posiciones en títulos de emisores que no tengan ese estatus privilegiado.
Autor: Reuters
En enero, Moody's revisó el panorama de la deuda soberana de Uruguay, calificada como Ba1, a positivo desde estable.
El cambio en el panorama se basó en la mejora del perfil de deuda soberana del país, un resultado que la agencia atribuyó al fuerte y continuado compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal.
"Cerca del grado de inversión, en el sentido de cómo está la escala, está Uruguay (...) De todos los países que tenemos en América Latina, es el que en ese sentido está apuntando en esa dirección", dijo Leos a Reuters en Montevideo.
"También tenemos a Guatemala en Ba1, pero no tiene perspectiva positiva. El único país que está justo debajo de la línea es Uruguay", agregó en el marco de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realiza en la capital uruguaya.
Leos estimó que una próxima revisión de la calificación de Uruguay podría concretarse durante la última parte del 2012.
Uruguay está ubicado a un escalón del grado de inversión con una nota de BB+ para Standard & Poor's y la agencia Fitch Ratings.
En América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú poseen grado de inversión.
Esa calificación permite a los países recibir recursos de grandes inversionistas institucionales, que tienen vedado tomar posiciones en títulos de emisores que no tengan ese estatus privilegiado.
Autor: Reuters
17 de marzo de 2012
URUGUAY: "subestimada en más de un escalón" la nota de la deuda uruguaya según Ministro de Economía
Con varias calificadoras de riesgo en la mira, el titular de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que está "subestimada en más de un escalón" la nota de la deuda uruguaya, ya que no considera los altos niveles de liquidez ni la reducción del riesgo cambiario.
"Creo sinceramente que en las calificaciones de algunas de las principales agencias Uruguay está subestimado en más de un escalón. Tendríamos que estar cómodamente ubicados en grado inversor y no lo estamos", dijo Lorenzo ante un auditorio colmado de inversores que visitan el país por la Asamblea de Gobernadores del BID.
El ministro aprovechó la instancia para explicar lo que tantas veces le han cuestionado las agencias calificadoras: por qué el endeudamiento público aún es tan elevado en términos del Producto Interno Bruto (PIB) y por qué persiste el déficit fiscal.
Para Lorenzo, "aceptar una trayectoria más suave del descenso del endeudamiento para evitar el riesgo cambiario" y "aceptar un déficit fiscal más alto para tener elevados niveles de liquidez" permiten "no pasar por urgencias en momentos en los cuales esas urgencias pueden implicar disrupciones en las políticas". En su alocución, explicó los costos que tuvieron esos caminos elegidos por el gobierno y el impacto que tienen en la reducción del riesgo.
El ministro consideró al riesgo cambiario "una de las vulnerabilidades del endeudamiento más importantes". Por eso, el costo que se asumió para cubrir la deuda contra el riesgo cambiario" fue "equivalente a 15 o 20 puntos del PIB", informó, lo que consideró un costo de cobertura "inmenso y explícito".
En cuanto a la liquidez del sector público, resaltó que los altos niveles que alcanzó (cercanos al 5,4% del PIB) son "esenciales como complemento de la política fiscal sólida, porque lo único que no nos puede pasar es no tener espalda financiera para reaccionar ante las dificultades". Estos niveles de liquidez se traducen en una "distancia enorme" entre la deuda bruta (56% del PIB en 2011) y la deuda neta (28% del PIB).
Lorenzo informó que el costo de mantener esos niveles "es de más de un punto del Producto" (unos US$ 400 millones, ya que esa "espalda financiera" implica pagar intereses por tener los recursos y colocarlos prácticamente a un rendimiento nulo. Por eso, dijo que el déficit fiscal consolidado de 0,8% que se alcanzó en 2011 debe ser mirado a la luz de esa "posición sólida de liquidez". Además, resaltó que "a veces se mira el endeudamiento por su monto y se olvida la forma en que vence" e informó que "muy pocos países" tienen una duración promedio de la deuda superior a 12 años como Uruguay. Agregó que el país es uno de los que menores vencimientos tiene este año en la región y que la emisión de deuda de ayer y hoy (ver A15) permitió prefinanciar tres años de amortizaciones.
Para el ministro, las notas de las calificadoras que sitúan a Uruguay a un escalón o dos del mínimo para tener grado inversor son "incomprensibles", por no condecirse con esa evaluación de riesgos que expuso ni con lo que el mercado ya "reconoce" al adquirir los títulos.
13 de marzo de 2012
ARGENTINA: detalles del Plan Antievación III con cambios en Ganancias, IVA y Bienes Personales
Es un hecho. El Gobierno ya tiene "el proyecto" que apunta a modificar varios procedimientos clave que aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendientes a recaudar y a inspeccionar a los contribuyentes como así también a reformar los principales impuestos.
En un principio, y tal como diera cuenta iProfesional.com hace unos días, la iniciativa busca introducir cambios sustanciales en Ganancias con la vista puesta en la renta financiera. En este sentido, se buscará gravar la compraventa de títulos valores e incluir la figura del fideicomiso como sujeto del tributo.
Pero ésta es solamente "la punta del iceberg" de una reforma mucho más compleja, que también alcanzará al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta y hasta la Ley de Procedimientos Tributarios.
El texto completo del Plan Antievasión III que el Gobierno buscará convertir en ley, al que tuvo acceso en exclusiva iProfesional.com, le dará las herramientas necesarias al fisco para lograr uno de sus tan ansiados objetivos para este 2012: aumentar en un 23% la recaudación y, de esta forma, alcanzar un ingreso de $667.000 millones.
Una vez aprobado el proyecto, el organismo que conduce Ricardo Echegaray contará con mayor poder de control y fiscalización. Esto es así dado que el nuevo marco normativo incluye los siguientes puntos:
Además, el proyecto extenderá el alcance del IVA y de Ganancia Mínima Presunta, e incorporará nuevos métodos para calcular la valuación de los inmuebles en Bienes Personales.
Las nuevas atribuciones, punto por punto
El Gobierno se apresta a introducir profundos cambios en lo que respecta a la Ley de Procedimientos Tributarios, para que así el fisco cuente con un mayor poder de control.
En este sentido, el "Plan Antievasión III" propone que los socios de sociedades de hecho, irregulares y aquellos que posean responsabilidad solidaria, respecto de la firma que integran, asuman las obligaciones incumplidas por dichas entidades, pasados 15 días desde la notificación de una intimación.
Además, en caso de que la deuda surja de una declaración jurada, la AFIP no necesitará iniciar un proceso de determinación de oficio, sino que le bastará la simple intimación de pago.
Vale recordar que, hasta ahora, el organismo de recaudación puede reclamar a la sociedad y, sólo si ésta no estuviera en condiciones de cancelar la obligación, la misma recaería sobre los socios. Con el cambio propuesto, el fisco podrá atacar por ambos frentes sin necesidad de reclamar primero a la firma y luego al socio.
Lo más preocupante del texto es que no le da la posibilidad al contribuyente de defenderse con antelación, ya que el sólo incumplimiento habilitará a la AFIP a reclamarle a los socios.
Otro de los cambios propuestos consiste en la posibilidad de considerar como incrementos patrimoniales no justificados a aquellos fondos utilizados para adquirir bienes (muebles e inmuebles), de cuentas bancarias, aportes societarios o en fideicomisos que provengan o se originen en países de nula o baja tributación (paraísos fiscales).
Es decir, estos montos servirán de base (adicionándole un 10%) a los fines de liquidar Ganancias. En cuanto al IVA, también serán contemplados en la base de cálculo (y no generarán créditos fiscales), así como también en Impuestos Internos (de corresponder).
Por otra parte, el plan busca potenciar el poder de fiscalización del organismo de recaudación, al permitirle crear nuevos sistemas para identificar productos comercializados por las empresas a los efectos de controlar el pago de impuestos. Incluso, hasta podrá disponer de su aplicación obligatoria.
Asimismo, de convertirse en ley la iniciativa, el fisco podrá sancionar por defraudación a quienes no identifiquen los bienes bajo el mencionado sistema.
Otro punto clave de la reforma que propicia el Ejecutivo tiene que ver con la extensión de los plazos que actualmente tiene la AFIP para reclamar el pago de impuestos y aplicar sanciones.
En este sentido, se establece que el período para hacer efectiva una multa o la clausura de un establecimiento comenzará a correr desde el 1º de enero del año siguiente al de la notificación de la medida, en lugar de hacerlo desde la fecha de la comunicación de la resolución correspondiente, tal como sucede en la actualidad.
Por otra parte, con respecto a los agentes de retención, percepción e información se indica que la prescripción de determinar y exigir el pago del impuesto se establecerá en 5 años a contar desde el 1 de enero siguiente al período en que debió cumplirse con el compromiso tributario.
Así, si el pago vencía el 2 de marzo de 2012, el cómputo se iniciará a partir del 1 de enero de 2013 (y prescribiría el 1 de enero de 2017).
También se introducen plazos para aplicar y exigir "otras sanciones", además de las multas y clausuras que ya establecen los artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Procedimiento Tributario.
Tales cambios no sólo abarcan a las denominadas "prescripciones", sino que también se amplían los plazos de las suspensiones e interrupciones. De este modo, el organismo de recaudación tendrá más tiempo para reclamar los gravámenes bajo su administración y aplicar sanciones.
El proyecto, además, propone la creación de nuevas herramientas de notificación a los contribuyentes, como el expediente y el documento electrónico, la firma electrónica y digital y las comunicaciones electrónicas, que tendrán eficacia judicial y valor probatorio.
Además, se facultará a la AFIP, al Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) y al Poder Judicial de la Nación a reglamentar el uso de los mismos. Lo que aún está en discusión, es cómo se instrumentará el derecho del contribuyente a tomar vista del expediente en cuestión y cómo éste se regulará.
Por otra parte, la iniciativa tenderá a que la AFIP pueda "establecer los requisitos necesarios que deberá cumplir el domicilio del responsable para considerar que en el mismo opera la dirección o administración principal y efectiva" de sus actividades.
En tanto, el organismo de recaudación tendrá la potestad de realizar comunicaciones informáticas de los actos administrativos en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente.
Sin embargo, el texto impulsado por el Ejecutivo no precisa los medios que se utilizarán para comprobar la recepción de las mismas. Este punto es clave, si se tiene en cuenta la importancia de las notificaciones para realizar una defensa (en caso de que lo reclamado fuera improcedente).
Otra de las herramientas esenciales con las que contará el fisco nacional es la de la presunción legal para impugnar los precios de la carne, cueros y demás productos y subproductos de la faena bovina cuando sean notoriamente más bajos que los de mercado o aquellos tomados como referencia.
Por último, en lo que respecta a los cambios a la Ley de Procedimientos se establece la creación de un régimen especial por el cual los contribuyentes podrán celebrar un "Acuerdo Anticipado de Precios" con la AFIP para fijar los criterios y metodologías aplicables para la determinación de valores de comercialización, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad de las operaciones.
IVA, Ganancias, Mínima Presunta y fideicomisos
El Plan Antievasión III no sólo introducirá una importante reforma en cuanto a los procedimientos que la AFIP aplica con la finalidad de cobrar impuestos sino que también modificará los principales tributos.
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, se establecerán nuevas obligaciones para los responsables sustitutos.
Así, se incluyen como tales a: los locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior que realicen locaciones o prestaciones gravadas en el país. También se agregarán a los intermediarios o a quienes trabajen como representantes de dichos sujetos del exterior, siempre que dichas operaciones se efectúen a nombre propio.
Los nuevos obligados deberán determinar e ingresar, con carácter de pago único y definitivo, el gravamen correspondiente y podrán computar el monto ingresado como crédito fiscal. En consecuencia, de no poder realizar la retención, el ingreso del monto respectivo quedará en manos del responsable sustituto.
En materia de Bienes Personales, el Plan Antievasión III introduce un cambio relevante en cuanto a valuación de propiedades.
En este sentido, propone fijar pisos o montos mínimos para valuar los inmuebles que no podrán ser inferiores al mayor de:
Por otra parte, el proyecto concede al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la potestad para cambiar el mínimo exento del impuesto (que en la actualidad se encuentra en $305.000), a petición de la AFIP.
Así, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray estará en condiciones de fijar, a su criterio, a partir de qué monto corresponde pagar el gravamen.
En materia de fideicomisos o figuras similares constituidas en el exterior, se incorporará una presunción por la cual los bienes aportados por personas físicas (o sucesiones indivisas residentes en el país) serán considerados como pertenecientes a dichos sujetos cuando:
Finalmente, en cuanto a Ganancia Mínima Presunta, el plan avanzará en la eliminación de los últimos párrafos del artículo 2 y, con ella, la incorporación de nuevos sujetos como obligados a pagar el impuesto.
Por citar algunos ejemplos, quedarán comprendidos como sujetos gravados los establecimientos con carácter de estables que realicen negocios en el país por medio de corredores, comisionistas o cualquier otro intermediario que goce de una situación independiente.
En un principio, y tal como diera cuenta iProfesional.com hace unos días, la iniciativa busca introducir cambios sustanciales en Ganancias con la vista puesta en la renta financiera. En este sentido, se buscará gravar la compraventa de títulos valores e incluir la figura del fideicomiso como sujeto del tributo.
Pero ésta es solamente "la punta del iceberg" de una reforma mucho más compleja, que también alcanzará al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta y hasta la Ley de Procedimientos Tributarios.
El texto completo del Plan Antievasión III que el Gobierno buscará convertir en ley, al que tuvo acceso en exclusiva iProfesional.com, le dará las herramientas necesarias al fisco para lograr uno de sus tan ansiados objetivos para este 2012: aumentar en un 23% la recaudación y, de esta forma, alcanzar un ingreso de $667.000 millones.
Una vez aprobado el proyecto, el organismo que conduce Ricardo Echegaray contará con mayor poder de control y fiscalización. Esto es así dado que el nuevo marco normativo incluye los siguientes puntos:
1. Si la empresa incumple con una deuda, los socios solidariamente responsables deberán hacerse cargo de la obligación si es que -habiendo transcurrido 15 días de la notificación- la compañía aún no hubiere cancelado este pasivo.
2. En caso de que la AFIP detecte fondos que, a su entender, pudieran provenir de paraísos fiscales, los considerará como "incrementos patrimoniales no justificados" y, consecuentemente, estará facultada para cobrar más impuestos por este concepto.
3. Se creará un sistema que identificará y realizará el seguimiento de los productos que comercializa una compañía, a fin de controlar el pago de cada impuesto por la venta de cada uno de los mismos.
4. Ampliará los plazos para que el organismo de recaudación cuente con un mayor margen para reclamar impuestos y aplicar sanciones.
5. Avanzará en nuevas herramientas tendientes a notificar a quienes deben responder ante el fisco por incumplimientos.
6. Fijará nuevos requisitos a los contribuyentes a la hora de que éstos quieran constituir su domicilio legal.
7. Podrá intimar y reclamar deudas a particulares y a empresas vía e-mail.
8. Incorporará una nueva presunción sobre el valor de los productos derivados de la faena bovina.
9. Podrá dejar por sentado, de modo anticipado, precios y cotizaciones en productos cuyos valores no puedan ser fijados con exactitud en el mercado.
Además, el proyecto extenderá el alcance del IVA y de Ganancia Mínima Presunta, e incorporará nuevos métodos para calcular la valuación de los inmuebles en Bienes Personales.
Las nuevas atribuciones, punto por punto
El Gobierno se apresta a introducir profundos cambios en lo que respecta a la Ley de Procedimientos Tributarios, para que así el fisco cuente con un mayor poder de control.
En este sentido, el "Plan Antievasión III" propone que los socios de sociedades de hecho, irregulares y aquellos que posean responsabilidad solidaria, respecto de la firma que integran, asuman las obligaciones incumplidas por dichas entidades, pasados 15 días desde la notificación de una intimación.
Además, en caso de que la deuda surja de una declaración jurada, la AFIP no necesitará iniciar un proceso de determinación de oficio, sino que le bastará la simple intimación de pago.
Vale recordar que, hasta ahora, el organismo de recaudación puede reclamar a la sociedad y, sólo si ésta no estuviera en condiciones de cancelar la obligación, la misma recaería sobre los socios. Con el cambio propuesto, el fisco podrá atacar por ambos frentes sin necesidad de reclamar primero a la firma y luego al socio.
Lo más preocupante del texto es que no le da la posibilidad al contribuyente de defenderse con antelación, ya que el sólo incumplimiento habilitará a la AFIP a reclamarle a los socios.
Otro de los cambios propuestos consiste en la posibilidad de considerar como incrementos patrimoniales no justificados a aquellos fondos utilizados para adquirir bienes (muebles e inmuebles), de cuentas bancarias, aportes societarios o en fideicomisos que provengan o se originen en países de nula o baja tributación (paraísos fiscales).
Es decir, estos montos servirán de base (adicionándole un 10%) a los fines de liquidar Ganancias. En cuanto al IVA, también serán contemplados en la base de cálculo (y no generarán créditos fiscales), así como también en Impuestos Internos (de corresponder).
Por otra parte, el plan busca potenciar el poder de fiscalización del organismo de recaudación, al permitirle crear nuevos sistemas para identificar productos comercializados por las empresas a los efectos de controlar el pago de impuestos. Incluso, hasta podrá disponer de su aplicación obligatoria.
Asimismo, de convertirse en ley la iniciativa, el fisco podrá sancionar por defraudación a quienes no identifiquen los bienes bajo el mencionado sistema.
Otro punto clave de la reforma que propicia el Ejecutivo tiene que ver con la extensión de los plazos que actualmente tiene la AFIP para reclamar el pago de impuestos y aplicar sanciones.
En este sentido, se establece que el período para hacer efectiva una multa o la clausura de un establecimiento comenzará a correr desde el 1º de enero del año siguiente al de la notificación de la medida, en lugar de hacerlo desde la fecha de la comunicación de la resolución correspondiente, tal como sucede en la actualidad.
Por otra parte, con respecto a los agentes de retención, percepción e información se indica que la prescripción de determinar y exigir el pago del impuesto se establecerá en 5 años a contar desde el 1 de enero siguiente al período en que debió cumplirse con el compromiso tributario.
Así, si el pago vencía el 2 de marzo de 2012, el cómputo se iniciará a partir del 1 de enero de 2013 (y prescribiría el 1 de enero de 2017).
También se introducen plazos para aplicar y exigir "otras sanciones", además de las multas y clausuras que ya establecen los artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Procedimiento Tributario.
Tales cambios no sólo abarcan a las denominadas "prescripciones", sino que también se amplían los plazos de las suspensiones e interrupciones. De este modo, el organismo de recaudación tendrá más tiempo para reclamar los gravámenes bajo su administración y aplicar sanciones.
El proyecto, además, propone la creación de nuevas herramientas de notificación a los contribuyentes, como el expediente y el documento electrónico, la firma electrónica y digital y las comunicaciones electrónicas, que tendrán eficacia judicial y valor probatorio.
Además, se facultará a la AFIP, al Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) y al Poder Judicial de la Nación a reglamentar el uso de los mismos. Lo que aún está en discusión, es cómo se instrumentará el derecho del contribuyente a tomar vista del expediente en cuestión y cómo éste se regulará.
Por otra parte, la iniciativa tenderá a que la AFIP pueda "establecer los requisitos necesarios que deberá cumplir el domicilio del responsable para considerar que en el mismo opera la dirección o administración principal y efectiva" de sus actividades.
En tanto, el organismo de recaudación tendrá la potestad de realizar comunicaciones informáticas de los actos administrativos en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente.
Sin embargo, el texto impulsado por el Ejecutivo no precisa los medios que se utilizarán para comprobar la recepción de las mismas. Este punto es clave, si se tiene en cuenta la importancia de las notificaciones para realizar una defensa (en caso de que lo reclamado fuera improcedente).
Otra de las herramientas esenciales con las que contará el fisco nacional es la de la presunción legal para impugnar los precios de la carne, cueros y demás productos y subproductos de la faena bovina cuando sean notoriamente más bajos que los de mercado o aquellos tomados como referencia.
Por último, en lo que respecta a los cambios a la Ley de Procedimientos se establece la creación de un régimen especial por el cual los contribuyentes podrán celebrar un "Acuerdo Anticipado de Precios" con la AFIP para fijar los criterios y metodologías aplicables para la determinación de valores de comercialización, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad de las operaciones.
IVA, Ganancias, Mínima Presunta y fideicomisos
El Plan Antievasión III no sólo introducirá una importante reforma en cuanto a los procedimientos que la AFIP aplica con la finalidad de cobrar impuestos sino que también modificará los principales tributos.
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, se establecerán nuevas obligaciones para los responsables sustitutos.
Así, se incluyen como tales a: los locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior que realicen locaciones o prestaciones gravadas en el país. También se agregarán a los intermediarios o a quienes trabajen como representantes de dichos sujetos del exterior, siempre que dichas operaciones se efectúen a nombre propio.
Los nuevos obligados deberán determinar e ingresar, con carácter de pago único y definitivo, el gravamen correspondiente y podrán computar el monto ingresado como crédito fiscal. En consecuencia, de no poder realizar la retención, el ingreso del monto respectivo quedará en manos del responsable sustituto.
En materia de Bienes Personales, el Plan Antievasión III introduce un cambio relevante en cuanto a valuación de propiedades.
En este sentido, propone fijar pisos o montos mínimos para valuar los inmuebles que no podrán ser inferiores al mayor de:
• El valor fiscal o la base imponible fijada por los impuestos inmobiliarios.
• El valor de plaza. Este último será establecido por la AFIP, ya que -a través de la reforma- se faculta al organismo para hacerlo.
• El valor de plaza. Este último será establecido por la AFIP, ya que -a través de la reforma- se faculta al organismo para hacerlo.
Por otra parte, el proyecto concede al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la potestad para cambiar el mínimo exento del impuesto (que en la actualidad se encuentra en $305.000), a petición de la AFIP.
Así, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray estará en condiciones de fijar, a su criterio, a partir de qué monto corresponde pagar el gravamen.
En materia de fideicomisos o figuras similares constituidas en el exterior, se incorporará una presunción por la cual los bienes aportados por personas físicas (o sucesiones indivisas residentes en el país) serán considerados como pertenecientes a dichos sujetos cuando:
a) El fiduciante conserve, en forma directa o indirecta, facultades de administración, inversión o disposición sobre los bienes integrantes del patrimonio fiduciario.
b) Se incluyan en el instrumento de constitución cláusulas de revocabilidad por las cuales se prevea la posibilidad de que los bienes fideicomitidos retornen o reingresen al patrimonio del fiduciante.
c) Los bienes fideicomitidos sean destinados por el fiduciario a integrar el patrimonio de sociedades, empresas u otro tipo de entidades constituidas en el extranjero, en las cuales el fiduciante ejerza funciones directivas que le permiten influir en las decisiones de inversión, administración o disposición de los bienes.
Finalmente, en cuanto a Ganancia Mínima Presunta, el plan avanzará en la eliminación de los últimos párrafos del artículo 2 y, con ella, la incorporación de nuevos sujetos como obligados a pagar el impuesto.
Por citar algunos ejemplos, quedarán comprendidos como sujetos gravados los establecimientos con carácter de estables que realicen negocios en el país por medio de corredores, comisionistas o cualquier otro intermediario que goce de una situación independiente.
12 de marzo de 2012
URUGUAY: Apuntan a que sea centro logístico regional en 2030
Ayer por la mañana se inauguró el Instituto Nacional de Logística (Inalog) y se lanzó la marca Uruguay Hub Logístico como una dimensión más del Uruguay Natural. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, planteó la necesidad de “aprovechar la bonanza para sortear los nubarrones que existen en el mundo”.
El Inalog surge tras un proceso de gestación que se inició en el 2000 con las primeras reuniones entre actores vinculadas al sector logístico. En 2008, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) puso en marcha la Comisión Nacional de Logística (Conalog), integrada por los referentes públicos y privados en la materia, que quedó encargada de redactar un proyecto de ley que contemplara la creación del Inalog. La iniciativa entró al Parlamento en 2009 y finalmente el 12 de noviembre de 2010 fue aprobada, para ser promulgada en diciembre del año siguiente. Ayer fue presentado como un proyecto de cooperación público-privada, y sus autoridades expusieron sus expectativas para el novel organismo y para el rubro en el futuro.
La presidenta del Inalog, Beatriz Tabacco, explicó a la diaria que “se encargará de todo aquello que esté asociado con la facilitación de la logística. Por ejemplo, asesorar al Poder Ejecutivo frente a distintos temas vinculados a la logística, ya sea de relaciones con otros países, de infraestructura, de gestión o de capacitación de los distintos intervinientes en el sector”. Tabacco agregó que no se trata de una capacitación directa, sino que se encargará de que existan los mecanismos para la capacitación.
En la conferencia de prensa desarrollada en la sede del instituto, en la que se informó sobre sus características y objetivos, el ministro Pintado destacó que entre sus cometidos figuran la difusión de las posibilidades en el país y el asesoramiento al Poder Ejecutivo. En lo que hace al sector privado, se encargará de “la promoción, la información y el soporte de logística”. El jerarca también espera que desde el centro se aporte a la discusión de las políticas a desarrollar en Uruguay, en acuerdo con los partidos políticos, las cámaras empresariales y la central sindical.
En este sentido sostuvo que el país apuesta a que el Inalog opere como “centro de distribución regional de mercancías y personas, ocupando una posición estratégica que permita aprovechar las ventajas competitivas que nos da la ubicación geográfica”. Pero acto seguido aclaró que esto no significa que se haga a expensas de los vecinos de la región, sino complementando y potenciando las virtudes de todos los países, y consideró que ésta es la política que la región debería tener, aunque reconoció que no siempre es posible por los obstáculos que surgen de la interferencia de los intereses nacionales.
Al ser consultada acerca de los planes para el centro, Tabacco comentó que recién está comenzando a formarse y a encarar los temas con una “óptica de logística”. La presidenta entiende que en Uruguay hay operadores logísticos de nivel. Opinó que en el transporte hay una infraestructura que tiene algunos problemas puntuales, y definió a las instalaciones portuarias y aeroportuarias como “adecuadas”. A pesar de un buen estado general de las infraestructuras en todo el territorio, la funcionaria puntualizó: “Eso no quiere decir que uno se quede contento y diga que no hay más nada para hacer”.
Ponele ritmo
Por su parte, Pintado se refirió a la marca Uruguay Hub Logístico y la definió como una nueva dimensión del Uruguay Natural, que lo complementa pero que a la vez es distinta. “Tenemos mucha expectativa de lo que el Inalog pueda proporcionar para el asesoramiento de futuras inversiones de infraestructura que Uruguay está encarando. Esto tiene que ver con el objetivo macro de transformar Uruguay en un gran centro logístico regional hacia 2030. Para ello se requiere que en este quinquenio aseguremos una adecuada conectividad entre las unidades de producción de bienes y servicios y las terminales de salida de esas unidades. Éste es un elemento estratégico, que tiene que ver con las inversiones que tenemos que hacer en infraestructura de transporte, para ponerlas al servicio de otras tareas de la logística, entendida como el puente entre la producción y los mercados. Esto nos obliga a ser mejores, más eficientes, más competitivos y más productivos. Hay que producir mucha tecnología porque si nos quedamos estáticos, los demás avanzan”, enumeró el secretario de Estado las prioridades y desafíos que tiene por delante esta nueva dependencia.El ministro dijo que en otros planos de la actividad el país ha sufrido por quedarse “admirando glorias del pasado” y remarcó la necesidad de “moverse al mismo ritmo que se mueve el mundo”. Sobre este punto, señaló que se pretende que el Inalog tenga la posibilidad de anticiparse con base en la recopilación de información que permita la toma de decisiones.
“Hoy, la rapidez y el conocimiento son cosas que en las contabilidades de los negocios logísticos y portuarios no están presentes, no tienen un valor medible como para transformarlas en asientos contables, pero ustedes saben mejor que yo que hacen a la competividad del negocio”, indicó.
URUGUAY. exportaciones hacia Argentina se desplomaron por efecto de trabas
Las cifras de exportación a Argentina terminaron por confirmar el impacto que tienen las trabas sobre los bienes uruguayos: en febrero se desplomaron un 46,4% frente a igual mes de 2011. Los servicios irían por el mismo camino.
"No hay duda que (las trabas) están afectando, ahora no es lo que decimos nosotros, sino que se ven los números", dijo a El País el presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Alejandro Bzurovski.
La última barrera al comercio que dispuso el gobierno argentino empezó a regir el 1° de febrero y es la solicitud de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
De acuerdo a las cifras que divulgó ayer el Instituto Uruguay XXI, las exportaciones de bienes a Argentina cayeron un 46,4% en febrero respecto a igual mes del año pasado. El último mes las ventas de bienes sumaron US$ 23,6 millones contra los US$ 44 millones de febrero de 2011.
Asimismo, la merma de las exportaciones en febrero contra enero de este año fue mayor aún: -57,4%. En este caso hay que tener en cuenta que el ingreso de productos uruguayos en Argentina creció en forma importante en enero porque se conoció de antemano que en febrero iban a regir las DJAI. "Varios empresarios sabían que se venía el problema en febrero y se adelantaron" exportando en enero, indicó Bzurovski.
Además, en la comparación interanual cinco de los 10 principales rubros de ventas a ese destino registraron caídas de hasta un 69,5% como fue el caso de los autopartes. Pero un dato aún más clave es que, según información de Uruguay XXI a la que accedió El País en febrero de este año, se habían dejado de exportar hacia Argentina 98 partidas arancelarias que sí se colocaban en febrero 2011. El informe de Uruguay XXI advirtió ayer que los productos uruguayos que tienen "mayor exposición" (esto es más riesgo en caso de afectarse) respecto al mercado argentino son: partes y accesorios para vehículos, tractores, hilos cables y demás conductores y papel higiénico y similares.
Las medidas del gobierno de Cristina Fernández "están teniendo efecto; están consiguiendo que les exportemos menos" señaló el presidente de la UEU. Aseguró que en los primeros "15 a 20 días de febrero" estuvo "todo trancado" y algunos rubros donde Argentina exige licencias no automáticas de importación, Uruguay "no pudo exportar" nada en el mes.
"Mientras esté todo tan trancado" las exportaciones a Argentina "se van a mantener en niveles muy bajos", estimó.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori dijo ayer que con Argentina "lo estratégico debe seguir siendo el diálogo, la profesionalidad, la constancia; no conozco otro camino". Igual concordó con el presidente de la República, José Mujica, en que "una parte fundamental de la estrategia es que Uruguay comience a buscar nuevos caminos para profundizar su inserción internacional fuera de la región".
Servicios. La directiva de la Cámara de Zonas Francas analizó ayer el impacto sobre el sector la instrumentación de las DJAS. Una nueva barrera que comenzará a aplicar el gobierno de la vecina orilla para controlar la fuga de divisas. Si bien la gremial está esperando un informe de un consultor argentino que dará más detalles sobre el alcance de la nueva medida que aplicará el gobierno de Fernández, la percepción es que habrá un impacto sobre el sector.
La Cámara pidió un informe más detallado al consultor para conocer qué servicios quedarán fuera del nomenclator de las DJAS, informó ayer a El País el directivo de la Cámara de Zonas Francas, Daniel Carriquiry.
"En general estamos advirtiendo que el efecto de esta medida será desparejo. Pero habrá empresas de servicios que tendrán un impacto en su actividad de entre un 20% y 30%", adelantó el empresario.
En tanto, Astori señalo que "el problema es que negociar servicios es mucho más difícil que negociar productos" ya que estos últimos se van "negociando producto a producto" mientras que los servicios "muchas veces cubren actividades enteras, sectores enteros, que para Uruguay son muy importantes".
"No hay duda que (las trabas) están afectando, ahora no es lo que decimos nosotros, sino que se ven los números", dijo a El País el presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Alejandro Bzurovski.
La última barrera al comercio que dispuso el gobierno argentino empezó a regir el 1° de febrero y es la solicitud de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
De acuerdo a las cifras que divulgó ayer el Instituto Uruguay XXI, las exportaciones de bienes a Argentina cayeron un 46,4% en febrero respecto a igual mes del año pasado. El último mes las ventas de bienes sumaron US$ 23,6 millones contra los US$ 44 millones de febrero de 2011.
Asimismo, la merma de las exportaciones en febrero contra enero de este año fue mayor aún: -57,4%. En este caso hay que tener en cuenta que el ingreso de productos uruguayos en Argentina creció en forma importante en enero porque se conoció de antemano que en febrero iban a regir las DJAI. "Varios empresarios sabían que se venía el problema en febrero y se adelantaron" exportando en enero, indicó Bzurovski.
Además, en la comparación interanual cinco de los 10 principales rubros de ventas a ese destino registraron caídas de hasta un 69,5% como fue el caso de los autopartes. Pero un dato aún más clave es que, según información de Uruguay XXI a la que accedió El País en febrero de este año, se habían dejado de exportar hacia Argentina 98 partidas arancelarias que sí se colocaban en febrero 2011. El informe de Uruguay XXI advirtió ayer que los productos uruguayos que tienen "mayor exposición" (esto es más riesgo en caso de afectarse) respecto al mercado argentino son: partes y accesorios para vehículos, tractores, hilos cables y demás conductores y papel higiénico y similares.
Las medidas del gobierno de Cristina Fernández "están teniendo efecto; están consiguiendo que les exportemos menos" señaló el presidente de la UEU. Aseguró que en los primeros "15 a 20 días de febrero" estuvo "todo trancado" y algunos rubros donde Argentina exige licencias no automáticas de importación, Uruguay "no pudo exportar" nada en el mes.
"Mientras esté todo tan trancado" las exportaciones a Argentina "se van a mantener en niveles muy bajos", estimó.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori dijo ayer que con Argentina "lo estratégico debe seguir siendo el diálogo, la profesionalidad, la constancia; no conozco otro camino". Igual concordó con el presidente de la República, José Mujica, en que "una parte fundamental de la estrategia es que Uruguay comience a buscar nuevos caminos para profundizar su inserción internacional fuera de la región".
Servicios. La directiva de la Cámara de Zonas Francas analizó ayer el impacto sobre el sector la instrumentación de las DJAS. Una nueva barrera que comenzará a aplicar el gobierno de la vecina orilla para controlar la fuga de divisas. Si bien la gremial está esperando un informe de un consultor argentino que dará más detalles sobre el alcance de la nueva medida que aplicará el gobierno de Fernández, la percepción es que habrá un impacto sobre el sector.
La Cámara pidió un informe más detallado al consultor para conocer qué servicios quedarán fuera del nomenclator de las DJAS, informó ayer a El País el directivo de la Cámara de Zonas Francas, Daniel Carriquiry.
"En general estamos advirtiendo que el efecto de esta medida será desparejo. Pero habrá empresas de servicios que tendrán un impacto en su actividad de entre un 20% y 30%", adelantó el empresario.
En tanto, Astori señalo que "el problema es que negociar servicios es mucho más difícil que negociar productos" ya que estos últimos se van "negociando producto a producto" mientras que los servicios "muchas veces cubren actividades enteras, sectores enteros, que para Uruguay son muy importantes".
6 de marzo de 2012
URUGUAY: firman primer acuerdo por precios de transferencia
La Dirección General Impositiva (DGI) se convirtió en la primera administración tributaria de Sudamérica en firmar un Acuerdo Anticipado de Precios (o APA por sus siglas en inglés) con la empresa suiza Syngenta -uno de los principales grupos de agroquímicos del mundo- que se instaló en Uruguay.
"Cuando hay una empresa que comercia con el exterior con otra firma vinculada, fija los precios (por ese comercio) y después está sujeta a inspección donde la DGI puede establecer `precios de transferencia` si no está de acuerdo" con los declarados por los cuales se pagan tributos, explicó a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri. Declarar precios por debajo o por encima del original en el comercio entre empresas vinculadas, puede servir para evadir impuestos. Cuando son por debajo, se utiliza para generar menos ingresos y pagar menos impuestos en la empresa que vende. Cuando son por encima se imputan más gastos en la empresa que compra y ésta pagará menos impuesto a la renta en el país donde se ubique.
Con el APA se actúa "ex ante", indicó Ferreri y se establecen criterios para los precios de transferencia por un período determinado en el acuerdo. "La empresa sabe que mientras aplique ese precio está haciendo las cosas bien y no va a tener que reliquidar tributos después", afirmó. Esto brinda "más certeza jurídica a las empresas", expresó el director de Rentas.
"Es una muestra más del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado", agregó. "Un factor clave para el éxito de un APA es la cooperación del contribuyente, que deberá brindar la mayor cantidad de información relevante que dispone", indicó la DGI en un comunicado.
"No obstante, este tipo de acuerdo no exime al contribuyente del control por parte de la DGI. En este sentido, deberá presentar anualmente un informe a efectos de demostrar el cumplimiento de los términos y condiciones pactados", agregó el organismo.
La normativa uruguaya en materia de "precios de transferencia" consideró "la posibilidad de celebrar estos acuerdos entre la DGI y los contribuyentes", se indicó en el texto.
Ferreri dijo que "son las empresas las que solicitan celebrar los acuerdos".
"Cuando hay una empresa que comercia con el exterior con otra firma vinculada, fija los precios (por ese comercio) y después está sujeta a inspección donde la DGI puede establecer `precios de transferencia` si no está de acuerdo" con los declarados por los cuales se pagan tributos, explicó a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri. Declarar precios por debajo o por encima del original en el comercio entre empresas vinculadas, puede servir para evadir impuestos. Cuando son por debajo, se utiliza para generar menos ingresos y pagar menos impuestos en la empresa que vende. Cuando son por encima se imputan más gastos en la empresa que compra y ésta pagará menos impuesto a la renta en el país donde se ubique.
Con el APA se actúa "ex ante", indicó Ferreri y se establecen criterios para los precios de transferencia por un período determinado en el acuerdo. "La empresa sabe que mientras aplique ese precio está haciendo las cosas bien y no va a tener que reliquidar tributos después", afirmó. Esto brinda "más certeza jurídica a las empresas", expresó el director de Rentas.
"Es una muestra más del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado", agregó. "Un factor clave para el éxito de un APA es la cooperación del contribuyente, que deberá brindar la mayor cantidad de información relevante que dispone", indicó la DGI en un comunicado.
"No obstante, este tipo de acuerdo no exime al contribuyente del control por parte de la DGI. En este sentido, deberá presentar anualmente un informe a efectos de demostrar el cumplimiento de los términos y condiciones pactados", agregó el organismo.
La normativa uruguaya en materia de "precios de transferencia" consideró "la posibilidad de celebrar estos acuerdos entre la DGI y los contribuyentes", se indicó en el texto.
Ferreri dijo que "son las empresas las que solicitan celebrar los acuerdos".
5 de marzo de 2012
ARGENTINA: nuevos avances sobre acuerdo para evitar doble tributación
Argentina y Uruguay trabajan sobre "documentos cercanos a su versión final a nivel técnico" del acuerdo de intercambio de datos tributarios. Se garantizará evitar doble imposición aún si cambia la ley argentina y no habrá "expediciones de pesca".
En una negociación que corre por un canal diferente a la situación generada por las trabas comerciales, técnicos de ambos países trabajan en "documentos cercanos a su versión final" de un convenio de intercambio de información tributaria.
Fuentes oficiales dijeron a El País que si bien el evitar la doble tributación está comprendido en la ley argentina que consagra un crédito fiscal por tributos pagados en otro país, al llevar eso al "estatus de acuerdo binacional" es una "garantía importante" para futuros inversores.
Por otro lado, en el convenio se incluirá la prohibición de realizar "fishing expeditions" (expediciones de pesca), esto es que un fisco pueda pedir al otro datos al barrer de contribuyentes para obtener información.
"No es que te mando 350 nombres y preguntas al barrer", graficó una fuente. Los pedidos de información que seguramente haga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina tienen que ser en el marco de una investigación por defraudación tributaria y sobre las personas o empresas específicamente investigadas. Lo mismo ocurriría si la Dirección General Impositiva (DGI) solicitara datos al vecino país.
Esto no es menor y puede disipar las dudas que tienen los empresarios del sector inmobiliario, por ejemplo, agregó un informante. Es que la AFIP no podría pedir información sobre quiénes son dueños de inmuebles en Uruguay, salvo en un caso puntual y específico.
Otro aspecto del convenio es que los inspectores de la AFIP no podrán fiscalizar en territorio uruguayo.
Las fuentes del gobierno destacaron el hecho de llevar al acuerdo entre ambos países lo que ya existe a nivel legal en Argentina que es el crédito fiscal para empresas que ya pagaron impuestos en otro país.
Eso "es estratégico para la localización de inversiones", afirmaron.
"No es para a las empresas actuales liberarlas de la carga tributaria porque pagan dos veces", agregó uno de los informantes.
"Aspiramos a seguir recibiendo inversiones de todas partes del mundo y de Argentina también", afirmó.
Al establecerlo en el acuerdo se logra que si mañana Argentina decide cambiar su normativa de crédito fiscal, las empresas y personas de ese país con inversiones en Uruguay puedan igual disponer de él. "No es poca cosa", aseguró la fuente.
Cuando comenzaron a negociar el convenio, los técnicos argentinos plantearon a sus pares uruguayos cuál era el apuro que tenían en establecer mecanismos para evitar la doble tributación, si Uruguay no grava las rentas en el exterior en su gran mayoría. Los informantes señalaron que el crédito fiscal y los mecanismos para evitar la doble tributación es "una garantía importante y nosotros queremos que tenga carácter de acuerdo binacional".
Otro punto del convenio refiere a la no retroactividad en los pedidos de información.
Esto significa que los datos que puede otorgar Uruguay "en el marco de una investigación tributaria, es información posterior a la entrada en vigencia" del acuerdo.
Por ejemplo, si un argentino que es investigado por la AFIP por presunción de defraudación de impuestos compró un inmueble en Uruguay, lo vendió previo a la entrada en vigencia del acuerdo y logró una ganancia con ello, la DGI no podrá darle a la AFIP esa información.
Si en el mismo caso investigado, el argentino compró el inmueble previo a la vigencia del acuerdo y lo mantuvo, la DGI podrá aportarle a la AFIP el dato del patrimonio de esa persona (es decir que tiene un inmueble) pero no cuándo efectuó la transacción ni el monto.
Otro ejemplo que manejó una de las fuentes es que "no vas a pasar información de balances de empresas de ejercicios anteriores" a la entrada en vigencia del acuerdo.
Según algunos medios argentinos, el convenio regiría 30 días después del "canje de instrumentos de ratificación". Esto es 30 días después que los parlamentos lo hayan aprobado y cada parte sea notificada.
3 de marzo de 2012
URUGUAY: exportación de trigo es record histórico
La exportación de trigo uruguayo es histórica. Se llevan embarcadas arriba de 1.250.000 toneladas y se espera llegar a mediados de abril con más de 1,5 millones de toneladas. Los precios al productor son muy buenos.
El freno que tuvieron las exportaciones de países del Mar Negro debido al clima, provocaron que tanto Argentina como Uruguay pudieran colocar mucho trigo en países sudafricanos, como es el caso de Túnez y Marruecos.
Las exportaciones declaradas ya superaron 1.250.000 toneladas y los operadores estiman que podrán salir otras 300.000 toneladas desde el Puerto de Nueva Palmira hasta fin de mes.
"Pienso que se superarán 1,5 millones de toneladas el 15 de abril, con lo cual va a ser un año muy bueno. Nunca habíamos exportado en tan poco tiempo, tanto trigo", dijo a El País Ignacio Foderé, director de Mercados de Fadisol S.A..
Brasil no está comprando y eso provocó un freno a los precios que cayeron en el entorno de US$ 15 y aunque el mercado de Chicago se fortaleció en los últimos días, los precios FOB se mantuvieron en niveles similares a los registrados en los últimos 20 días.
La noticia que pone nerviosos a los exportadores uruguayos es que Argentina liberó en el entorno de 3 millones de toneladas del cereal con destino a exportación.
"Se está notando una menor presión compradora del exterior porque está por entrar en el mercado Argentina. Nosotros ya estamos embarcando algo de maíz y en 15 o 20 días va a empezar algo de soja", agregó el director de mercados de Fadisol S.A. Los valores que está recibiendo el productor son buenos y están en el entorno de US$ 230 por tonelada, en la mano, en Nueva Palmira. Hay que recordar que hace dos meses atrás estaba recibiendo US$ 190 por toneladas, en Palmira. El récord en la exportación de trigo refleja fielmente el crecimiento del área del cereal y los buenos rendimientos.
Según los datos de la Encuesta Agrícola de Primavera (DIEA/MGAP) se plantaron 593.400 hectáreas, de las que se cosecharon 589.900 hectáreas que generaron una producción de 2.016.300 toneladas, con rendimientos promedio de 3.398 kilos por hectárea.
Tanto el área plantada como los rendimientos logrados fueron los mayores registrados en la última década. Además, por primera vez, en esta campaña agrícola se superaron los 2 millones de toneladas.
Aunque resulta muy prematuro aún, todo hace pensar que el área de cultivo se mantendrá muy similar a la del año pasado. "Se puede manejar una cifra similar a la del año pasado. No vemos crecimiento, pero tampoco una disminución. De alguna forma se aprecia que este año habrá buena siembra, pero no se ve un gran aumento", analizó Foderé.
Pero todo dependerá de lo que suceda con Argentina y principalmente de las liberaciones de permisos de exportación que realice el país en estos próximos meses. "Si Argentina siembra mucho, a nosotros nos tira hacia abajo, pero creo que podría manejarse una siembra del entorno de 600.000 hectáreas como en el 2011". dijo el operador. Otros empresarios del sector también mostraron la misma visión que el director comercial de Fadisol S.A..
SOJAS. En cuanto a la cosecha de soja, operadores y productores estiman que se levantará de las chacras un volumen importante, porque las últimas lluvias fortalecieron los cultivos.
Las precipitaciones vigorizaron las sojas que venían aporreadas por la falta de agua y ahora se ven cultivos con buenos potenciales. Todo eso hace pensar que se lograrán muy buenos rendimientos.
Según los datos del MGAP, en la campaña agrícola 2011/12 se plantaron 868.600 hectáreas con la oleaginosa que uno de los motores del crecimiento de la agricultura. De ese volumen, alrededor de 377.000 hectáreas serían sojas de primera y 491.600 hectáreas tendrían sojas de segunda (implantadas en las rotaciones detrás de otro cultivo). El área global de la oleaginosa se mantuvo en niveles similares al de la zafra anterior y sigue manteniéndose en primer lugar entre los cultivos de verano. Las sojas de segunda, muchas de las cuales se habían plantado con poca humedad en el suelo y las agarró la seca, siguieron creciendo bien.
2 de marzo de 2012
URUGUAY: se desplomaron las exportaciones a Argentina por efecto de trabas
Las cifras de exportación a Argentina terminaron por confirmar el impacto que tienen las trabas sobre los bienes uruguayos: en febrero se desplomaron un 46,4% frente a igual mes de 2011. Los servicios irían por el mismo camino.
"No hay duda que (las trabas) están afectando, ahora no es lo que decimos nosotros, sino que se ven los números", dijo a El País el presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Alejandro Bzurovski.
La última barrera al comercio que dispuso el gobierno argentino empezó a regir el 1° de febrero y es la solicitud de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
De acuerdo a las cifras que divulgó ayer el Instituto Uruguay XXI, las exportaciones de bienes a Argentina cayeron un 46,4% en febrero respecto a igual mes del año pasado. El último mes las ventas de bienes sumaron US$ 23,6 millones contra los US$ 44 millones de febrero de 2011.
Asimismo, la merma de las exportaciones en febrero contra enero de este año fue mayor aún: -57,4%. En este caso hay que tener en cuenta que el ingreso de productos uruguayos en Argentina creció en forma importante en enero porque se conoció de antemano que en febrero iban a regir las DJAI. "Varios empresarios sabían que se venía el problema en febrero y se adelantaron" exportando en enero, indicó Bzurovski.
Además, en la comparación interanual cinco de los 10 principales rubros de ventas a ese destino registraron caídas de hasta un 69,5% como fue el caso de los autopartes. Pero un dato aún más clave es que, según información de Uruguay XXI a la que accedió El País en febrero de este año, se habían dejado de exportar hacia Argentina 98 partidas arancelarias que sí se colocaban en febrero 2011. El informe de Uruguay XXI advirtió ayer que los productos uruguayos que tienen "mayor exposición" (esto es más riesgo en caso de afectarse) respecto al mercado argentino son: partes y accesorios para vehículos, tractores, hilos cables y demás conductores y papel higiénico y similares.
Las medidas del gobierno de Cristina Fernández "están teniendo efecto; están consiguiendo que les exportemos menos" señaló el presidente de la UEU. Aseguró que en los primeros "15 a 20 días de febrero" estuvo "todo trancado" y algunos rubros donde Argentina exige licencias no automáticas de importación, Uruguay "no pudo exportar" nada en el mes.
"Mientras esté todo tan trancado" las exportaciones a Argentina "se van a mantener en niveles muy bajos", estimó.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori dijo ayer que con Argentina "lo estratégico debe seguir siendo el diálogo, la profesionalidad, la constancia; no conozco otro camino". Igual concordó con el presidente de la República, José Mujica, en que "una parte fundamental de la estrategia es que Uruguay comience a buscar nuevos caminos para profundizar su inserción internacional fuera de la región".
Servicios. La directiva de la Cámara de Zonas Francas analizó ayer el impacto sobre el sector la instrumentación de las DJAS. Una nueva barrera que comenzará a aplicar el gobierno de la vecina orilla para controlar la fuga de divisas. Si bien la gremial está esperando un informe de un consultor argentino que dará más detalles sobre el alcance de la nueva medida que aplicará el gobierno de Fernández, la percepción es que habrá un impacto sobre el sector.
La Cámara pidió un informe más detallado al consultor para conocer qué servicios quedarán fuera del nomenclator de las DJAS, informó ayer a El País el directivo de la Cámara de Zonas Francas, Daniel Carriquiry.
"En general estamos advirtiendo que el efecto de esta medida será desparejo. Pero habrá empresas de servicios que tendrán un impacto en su actividad de entre un 20% y 30%", adelantó el empresario.
En tanto, Astori señalo que "el problema es que negociar servicios es mucho más difícil que negociar productos" ya que estos últimos se van "negociando producto a producto" mientras que los servicios "muchas veces cubren actividades enteras, sectores enteros, que para Uruguay son muy importantes".
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