Uruguay no debería recibir una sanción por parte de la OCDE por no tener convenios de intercambios de información fiscal con sus vecinos aunque no hay consenso entre tributaristas. Uno sostiene que si esto ocurre es por la "presión" de Argentina.
Ayer El País dio a conocer que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) podría sancionar a Uruguay por no haber firmado acuerdos de intercambio de información fiscal con sus vecinos, hecho que podría llevar al gobierno a rever su postura de no cerrar un convenio con Argentina.
Algunos tributaristas rechazaron esta posibilidad y recomendaron no "ceder" ante presiones verbales y moverse con "cautela".
Dos expertos coinciden que la OCDE no podría sancionar al país ya que hasta el momento ha cumplido con lo que se le ha encomendado respecto a firmar 12 tratados de intercambio de información con terceros países. Actualmente el país tiene ocho convenios firmados y otros tantos en proceso.
En tanto, fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo federal recaudador de Argentina, rechazaron ayer hacer comentarios en torno a la presión de la OCDE para que Uruguay firme un acuerdo de información tributaria con Argentina. Asimismo, según supo El País, Brasil no tiene decidido por ahora solicitar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Uruguay, pese a que ha firmado varios acuerdos en los últimos años.
"La OCDE no nos podría sancionar porque estaría cometiendo un acto de hipocresía único, ya que admitió que Suiza firme con Inglaterra un tratado por el cual no se intercambió información y lo único que da Suiza son los intereses como suma global sin discriminar quiénes son las personas que pusieron la plata", dijo a El País el tributarista Leonardo Costa.
Agregó que la posibilidad que manejó el gobierno uruguayo de rever su postura de no firmar un acuerdo con Argentina "sería un gran error desde el punto de vista jurídico porque se dejaría sancionar por un organismo que Uruguay no integra y no puede controlar cuál es el proceso de sanción".
A juicio de Costa, esta hipótesis de sanción que maneja la OCDE obedece más a una "amenaza verbal".
"El solo hecho de no tener convenios con Argentina y/o Brasil no va a exponer a Uruguay a sanciones", añadió otro tributarista que prefirió al anonimato.
El experto explicó que para que esto ocurra Argentina debería hacer un reclamo formal a Uruguay de intercambio de información fiscal invocando que esa información le resulta indispensable para poder administrar su propio sistema fiscal. "Para eso, Argentina debe estar en condiciones de probar sus sospechas de que nuestro país tiene información sobre operaciones que eluden o evaden tributación del otro país. Tiene que haber un caso. No es fácil porque Argentina no está limpia", comentó.
Por otro lado, Costa denunció que la OCDE "está cambiando todos los días" los criterios y que esto no es otra que una "presión" por parte de Argentina. "Si Uruguay es sancionado es por la presión de Argentina. No hay otra razón. Y si eso ocurre, es porque la Cancillería y (el Ministerio de) Economía no han tomado las cartas necesarias para que eso no pase", aseguró.
17 de junio de 2011
14 de junio de 2011
URUGUAY: razones por las que Montes del Plata instala la mayor inversión en el paìs
La potencialidad del sector forestal uruguayo y los regímenes de promoción de inversiones y zonas francas fueron los motivos que llevaron a Montes del Plata a desarrollar en Uruguay un proyecto que implicará 1.900 millones de dólares, aseguró el gerente de la firma, Erwin Kaufmann. Igualmente, criticó “la falta de experiencia” en el tratamiento de proyectos de gran dimensión, las necesidades de infraestructura, las demoras en otorgar permisos de obra y el relacionamiento sindical.
También se refirió al programa de sustentabilidad de la empresa, ya que “no sólo tenemos que ser buenos, tenemos que parecer buenos”.
Camino a ser la inversión más importante en la historia del país, Montes del Plata, el consorcio formado por la compañía chilena Arauco y la suecofinlandesa Stora Enso se apronta a construir una fábrica de producción de celulosa, obra que comenzaría esta semana y que estaría en funcionamiento en marzo de 2013, señaló Kaufmann en una disertación organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) con el tema convocante: "Una empresa sustentable en Uruguay: ventajas y obstáculos a superar".
Comentó que aunque el consorcio quisiera tener “un bajo perfil”, no podría lograrlo por las dimensiones que tiene el emprendimiento, y graficó la idea imaginando a alguien que pese 200 kilos, mida dos metros y quiera pasar desapercibido en una clase. De ahí que aplique una “política de transparencia y diálogo para tener una exposición clara ante la sociedad”, aseguró.
Kaufmann aseveró que, en la gestión de la empresa, la sustentabilidad está enfocada en tres áreas principales: la responsabilidad económica, la ambiental y la comunitaria. Respecto de la primera, recordó que Montes del Plata “no es una empresa de beneficencia”. “Tenemos que hacer un buen negocio, que exige una rentabilidad mínima” porque, de lo contrario, no se podría “sostener en el tiempo” y “probablemente nunca se hubiese hecho”.
Afirmó que decidieron invertir en Uruguay porque tiene un clima económico favorable, ubicándose a la vanguardia de la región en baja corrupción, democracia, prosperidad, libertad de prensa y desarrollo humano, entre otros indicadores. “Son cosas importantes; pese a ser un país chico Uruguay lidera en la región, y son [factores] importantes para los inversionistas y más para nosotros, que pensamos en el largo plazo del negocio”, destacó.
También ponderó el potencial local para el negocio forestal y los regímenes de promoción de inversiones y de zonas francas, que hacen al país sumamente atractivo para traer capitales. “Lo más probable es que si no fuese por el régimen de zonas francas, no se hubiese hecho la inversión”, debido a los costos logísticos y laborales que deben pagarse aquí.
Pero admitió que “no todo son rosas”, habiendo desafíos que “no son sólo para Montes del Plata sino para cualquier empresa”, aunque los mencionados por Kaufmann parecieron más que nada dirigidos al gobierno y no al sector privado. Primero criticó “la falta de experiencia en proyectos de esta magnitud”, si bien “es lógico” por el tamaño de la economía local.
Luego aludió a las necesidades de infraestructura y mantenimiento, factor que podría “convertirse en un cuello de botella” para el desarrollo del país. También pidió “estabilidad y previsibilidad de las reglas de juego”, señalando que cuando una empresa evalúa la conveniencia de iniciar un proyecto, tiene en cuenta esos elementos y un cambio sobre la marcha puede generar temor a las nuevas inversiones. Por último, mencionó debilidades en el manejo de las relaciones sindicales. Comentó que en una reunión con proveedores para la construcción de la planta, las principales preocupaciones fueron “lograr a tiempo los permisos” de obra y “las relaciones sindicales”.
Comentó que aunque el consorcio quisiera tener “un bajo perfil”, no podría lograrlo por las dimensiones que tiene el emprendimiento, y graficó la idea imaginando a alguien que pese 200 kilos, mida dos metros y quiera pasar desapercibido en una clase. De ahí que aplique una “política de transparencia y diálogo para tener una exposición clara ante la sociedad”, aseguró.
Kaufmann aseveró que, en la gestión de la empresa, la sustentabilidad está enfocada en tres áreas principales: la responsabilidad económica, la ambiental y la comunitaria. Respecto de la primera, recordó que Montes del Plata “no es una empresa de beneficencia”. “Tenemos que hacer un buen negocio, que exige una rentabilidad mínima” porque, de lo contrario, no se podría “sostener en el tiempo” y “probablemente nunca se hubiese hecho”.
Afirmó que decidieron invertir en Uruguay porque tiene un clima económico favorable, ubicándose a la vanguardia de la región en baja corrupción, democracia, prosperidad, libertad de prensa y desarrollo humano, entre otros indicadores. “Son cosas importantes; pese a ser un país chico Uruguay lidera en la región, y son [factores] importantes para los inversionistas y más para nosotros, que pensamos en el largo plazo del negocio”, destacó.
También ponderó el potencial local para el negocio forestal y los regímenes de promoción de inversiones y de zonas francas, que hacen al país sumamente atractivo para traer capitales. “Lo más probable es que si no fuese por el régimen de zonas francas, no se hubiese hecho la inversión”, debido a los costos logísticos y laborales que deben pagarse aquí.
Pero admitió que “no todo son rosas”, habiendo desafíos que “no son sólo para Montes del Plata sino para cualquier empresa”, aunque los mencionados por Kaufmann parecieron más que nada dirigidos al gobierno y no al sector privado. Primero criticó “la falta de experiencia en proyectos de esta magnitud”, si bien “es lógico” por el tamaño de la economía local.
Luego aludió a las necesidades de infraestructura y mantenimiento, factor que podría “convertirse en un cuello de botella” para el desarrollo del país. También pidió “estabilidad y previsibilidad de las reglas de juego”, señalando que cuando una empresa evalúa la conveniencia de iniciar un proyecto, tiene en cuenta esos elementos y un cambio sobre la marcha puede generar temor a las nuevas inversiones. Por último, mencionó debilidades en el manejo de las relaciones sindicales. Comentó que en una reunión con proveedores para la construcción de la planta, las principales preocupaciones fueron “lograr a tiempo los permisos” de obra y “las relaciones sindicales”.
13 de junio de 2011
Automotrices de China se instalan en Uruguay para competir en el Mercosur
Los capitales chinos están desembarcando cada vez con mayor fuerza en la región. Según revela un estudio de la Cepal sobre la inversión extranjera en América latina, el país asiático se convirtió en en el tercer inversor con u$s 15.251 millones el año pasado. Para este año se espera que China deje en la región u$s 22.740 millones de los cuales Brasil recibirá u$s 9.870 millones, Perú u$s 8.640 millones y Argentina 3.530 millones de dólares.
En este contexto, Uruguay también empezó a figurar en el mapa de las inversiones chinas y se ha convertido en la meca de la industria automotriz de ese país en América del Sur.
Marcas como Effa, Geely, Chery y Lifan eligieron comenzar a producir, o más precisamente ensamblar, en el país más chico del Mercosur para así ganar terreno en la región.
Esta decisión significó que el vecino país recibiera en los últimos 10 años inversiones de varias terminales chinas. Por caso, u$s 40 de parte de Geely International Corporation; otros u$s 12 de Chery; u$s 25 millones del Grupo Effa; u$s 6,5 millones de Lifan. A esto se suman la automotriz japonesa Takata con u$s 10 millones, y la coreana Kia con otros u$s 25 millones. Además, hay rumores de que la marca rusa Lada haga lo mismo y desarrolle su jeep en Uruguay.
Según los analistas del sector automotriz de abeceb.com las empresas asiáticas eligen el vecino país buscando “poner un pie en el Mercosur para saltar el Arancel Externo Común (AEC) que es del 35% del valor del automóvil para modelos no producidos dentro del bloque.
Aprovechan que Uruguay tiene acuerdos con Argentina y Brasil, agregaron desde la consultora que comanda el economista Dante Sica.
Por otro lado, desde una de las las históricas marcas generalistas que hoy opera en el mercado local miran con preocupación el desembarco chino en la región y aseguran que se instalan en el país gobernado por el Frente Amplio “porque tiene menos problemas con sus vecinos y, además, le vende a la Argentina y a Brasil, por lo que siempre tienen mercado”.
Esta explicación encuadra muy bien si se observa el contexto local, más precisamente con el freno de las importaciones impuesto a las terminales a cambio de poder justificar exportaciones para los automóviles que provienen de mercados externos al Mercosur que hace tambalear el negocio de marcas como BMW por ejemplo.
También si se recuerda la aplicación de las licencias no automática en el intercambio comercial entre Argentina y Brasil que frenó una importante cantidad de automóviles en la frontera y que se refleja en la falta de autopartes en fábricas locales.
Además, en el mercado automotriz se asegura que presionado por los empresarios de San Pablo, el gobierno de Brasil no dará marcha atrás con la aplicación de estas medidas que también apuntan a la importación de autos chinos y coreanos.
Según explicó al diario cordobés Comercio y Justicia el especialista en relaciones económicas internacionales Felix Peña, las importaciones automotrices de origen chino en Brasil “eran inexistentes hasta el año pasado y ahora crecen muy rápido. China está adaptando sus tecnologías, como lo hicieron antes Corea y Japón.
En este contexto, Uruguay también empezó a figurar en el mapa de las inversiones chinas y se ha convertido en la meca de la industria automotriz de ese país en América del Sur.
Marcas como Effa, Geely, Chery y Lifan eligieron comenzar a producir, o más precisamente ensamblar, en el país más chico del Mercosur para así ganar terreno en la región.
Esta decisión significó que el vecino país recibiera en los últimos 10 años inversiones de varias terminales chinas. Por caso, u$s 40 de parte de Geely International Corporation; otros u$s 12 de Chery; u$s 25 millones del Grupo Effa; u$s 6,5 millones de Lifan. A esto se suman la automotriz japonesa Takata con u$s 10 millones, y la coreana Kia con otros u$s 25 millones. Además, hay rumores de que la marca rusa Lada haga lo mismo y desarrolle su jeep en Uruguay.
Según los analistas del sector automotriz de abeceb.com las empresas asiáticas eligen el vecino país buscando “poner un pie en el Mercosur para saltar el Arancel Externo Común (AEC) que es del 35% del valor del automóvil para modelos no producidos dentro del bloque.
Aprovechan que Uruguay tiene acuerdos con Argentina y Brasil, agregaron desde la consultora que comanda el economista Dante Sica.
Por otro lado, desde una de las las históricas marcas generalistas que hoy opera en el mercado local miran con preocupación el desembarco chino en la región y aseguran que se instalan en el país gobernado por el Frente Amplio “porque tiene menos problemas con sus vecinos y, además, le vende a la Argentina y a Brasil, por lo que siempre tienen mercado”.
Esta explicación encuadra muy bien si se observa el contexto local, más precisamente con el freno de las importaciones impuesto a las terminales a cambio de poder justificar exportaciones para los automóviles que provienen de mercados externos al Mercosur que hace tambalear el negocio de marcas como BMW por ejemplo.
También si se recuerda la aplicación de las licencias no automática en el intercambio comercial entre Argentina y Brasil que frenó una importante cantidad de automóviles en la frontera y que se refleja en la falta de autopartes en fábricas locales.
Además, en el mercado automotriz se asegura que presionado por los empresarios de San Pablo, el gobierno de Brasil no dará marcha atrás con la aplicación de estas medidas que también apuntan a la importación de autos chinos y coreanos.
Según explicó al diario cordobés Comercio y Justicia el especialista en relaciones económicas internacionales Felix Peña, las importaciones automotrices de origen chino en Brasil “eran inexistentes hasta el año pasado y ahora crecen muy rápido. China está adaptando sus tecnologías, como lo hicieron antes Corea y Japón.
10 de junio de 2011
Nueva exigencia de OCDE para excluir a Uruguay de la lista gris
El gobierno de Uruguay recibió un ultimátum de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el régimen de acciones al portador vigente, que los países desarrollados consideran un impedimento para cumplir con pedidos de información de fiscos extranjeros. Las acciones al portador son aquellas que permiten mantener el anonimato de sus titulares y es el régimen más extendido en el país.
Las críticas a las acciones al portador pueden ahora retrasar la salida de Uruguay de la lista gris de la OCDE, que dirige el mexicano Ángel Gurría.
Fuentes oficiales confirmaron a El Observador que Uruguay está recibiendo “presiones” en momentos en que será sometido en este segundo semestre de 2011 a una revisión de su marco normativo.
Se trata de una auditoría que realiza el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que además de los miembros de la OCDE integran países del denominado G20, entre los que están Argentina y Brasil.
Argentina ya propuso a Uruguay firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria –que por ahora es rechazado por el gobierno– que le permitiría conocer inversiones de argentinos en este país. Por ese tema Uruguay también puede ser sancionado
El país permanece en una “lista gris” de la OCDE por ser considerado poco colaborador en materia de intercambio fiscal. Para salir de esa categoría es que negoció más de los 12 acuerdos internacionales exigidos sobre traspaso de datos fiscales, sistema por el cual se busca combatir la evasión a nivel global.
El Poder Ejecutivo reconoce que el no cumplir las exigencias –la firma de acuerdos fiscales o mantener un sistema de acciones al portador– puede “traer consecuencias relevantes” y eso “preocupa” en el Ministerio de Economía, que es el que lleva adelante las negociaciones.
De hecho, según se informó a El Observador, la telefónica ANTEL fue excluida de participar en una licitación en Ecuador porque Uruguay aún figura “en una lista que confeccionó Ecuador”, según lo reveló un vocero gubernamental que pidió no ser identificado. ANTEL tiene tres sociedades anónimas (HG, ITC y Accesa) que le permiten operar en el exterior. Desde ANTEL se confirmó a El Observador que una de sus sociedades vende a Ecuador servicios de asesoría en telecomunicación y planeamiento estratégico, pero el directorio del ente no fue informado hasta ahora si una de sus sociedades está excluida de una licitación.
Pero ese no fue el único caso, y el gobierno uruguayo supo de otras consecuencias negativas por decisiones de Alemania y Francia al figurar Uruguay en el listado de castigo. ... Uruguay está en la fase uno de la peer review, donde un grupo de especialistas de varias naciones analizan el sistema jurídico uruguayo.
En ese ámbito el país presenta los esfuerzos que hizo en la búsqueda de acuerdos de intercambio de información y en la flexibilización del sistema bancario, además de tratar de explicar el régimen de acciones al portador. Dicho sistema societario fue determinante para que el año pasado Panamá no pudiera superar la revisión.
En la fase dos de la auditoría se estudia si Uruguay realmente está en condiciones de cumplir con el intercambio de información fiscal al que se comprometió.
También puede ocurrir que multinacionales de esos países con presencia en Uruguay queden en una situación incómoda por operar en un mercado donde no se cumple con los estándares internacionales exigidos.
5 de junio de 2011
Uruguay esquiva trabas comerciales de Brasil
Un estudio señaló que Brasil utiliza barreras temporales para corregir aspectos de competitividad internacional o como respuesta a restricciones que le son impuestas por sus socios multilaterales o regionales. Sin embargo, con Uruguay el diálogo político cimentó la relación y ayudó a resolver diferendos comerciales.
Brasil se consolidó como el mejor socio de Uruguay, pero el acceso a ese mercado no siempre fue fácil y obligó a negociaciones políticas que lograron desatar nudos, cuando aún está presente la imagen de camiones parados en la frontera.
Un estudio reciente del departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, estableció que Brasil recurre cada vez más a trabas comerciales temporarias para controlar flujos comerciales adversos.
Se trata de una medida antidumping y no tanto como arancel compensatorio de subsidios o salvaguardas comerciales, según el documento al que accedió El Observador.
El estudio señaló que Brasil utiliza barreras temporales para corregir aspectos de competitividad internacional o como respuesta a restricciones que le son impuestas por sus socios multilaterales o regionales.
Sin embargo, con Uruguay el diálogo político cimentó la relación y ayudó a resolver diferendos comerciales.
En los últimos tiempos la sintonía del primer gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez con Lula Da Silva, que estuvo varias veces en Montevideo, y que luego siguió el presidente José Mujica, ahora con Dilma Rousseff, aseguran “un teléfono rojo” que da certezas al comercio y a los inversores, según empresarios consultados por El Observador.
De hecho, el primer destino de las ventas de Uruguay al exterior sigue siendo Brasil con US$575 millones entre enero y mayo de 2011, lo que representó 17,3% de las exportaciones totales del país.
El aumento de las exportaciones obedeció a la mayor venta de PET –preformas para hacer botellas de plástico– y trigo, según datos que procesó el Instituto Uruguay XXI.
De todos modos la devaluación brasileña de 1999, cuando Uruguay era “muy brasildependiente” golpeó a los exportadores locales que se vieron obligados a salir a buscar otros mercados.
Los últimos gobiernos de Brasil consolidaron el liderazgo regional y pasaron a desplegar una política comercial aguerrida.
La nueva estrategia de Itamaraty combinó el tono diplomático con elevar la voz ante organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), no dudó en criticar a China y EEUU por lo que llamó el ministro de economía Guido Mantega “la guerra de las monedas” por las devaluaciones del dólar y el yuan, y tampoco a las autoridades les tembló el pulso a la hora de tomar medidas que pudieran afectar a los vecinos, fundamentalmente a Argentina con quien mantiene el mayor comercio.
1 de junio de 2011
URUGUAY: esperan mejores ofertas de los inversores en segunda licitación eólica
La segunda licitación para comprar energía eólica a privados que la eléctrica estatal UTE se apresta a lanzar, no solo permitirá ampliar la oferta de fuentes renovables, sino que además despierta mayor avidez por parte de los inversores.
Sin embargo, la mayor concientización sobre el cuidado del medioambiente que las sociedades adquirieron en los últimos tiempos ha forzado a los elencos gobernantes a estimular este tipo de tecnologías.
En ese contexto, los gobiernos se enfrentan al desafío de compatibilizar los intereses de la comunidad, la economía y las empresas de forma de alinear diversos objetivos.Uruguay tampoco escapa a esa tendencia.
La segunda licitación para comprar energía eólica a privados que UTE se apresta a lanzar en los próximos días no solo permitirá ampliar la oferta de fuentes renovables sino que además, despierta mayor avidez por parte de los inversores, que ven en ese llamado una oportunidad mejor que la anterior.
De acuerdo a estimaciones oficiales, la instalación de parques eólicos en el marco de la nueva convocatoria representará un mejor negocio, tanto para los oferentes como para la demandante empresa eléctrica estatal.
El director de UTE, Gerardo Rey, se mostró optimista de alcanzar mejores ofertas de precios de parte de los interesados en la próxima licitación, aunque aclaró que “si se obtiene el mismo precio es un muy buen negocio para UTE”.
En enero de este año, el ente adjudicó la compra de los primeros 150 megavatios para los próximos 20 años a tres empresas (una española y dos argentinas), que invertirán US$300 millones por la instalación de tres complejos de molinos de vientos que producirán 50 megavatios cada uno.
Los proyectos ganadores ofrecieron abastecer la red eléctrica de UTE a un precio cercano a los US$85, que de acuerdo a los cálculos previos efectuados por la Dirección Nacional de Energía, suponen una inversión de US$ 2.000 por kilovatio instalado y una rentabilidad de 11,3%.
El nuevo escenario económico mundial y la modificación de la bases de la segunda licitación dotarán de mejores condiciones tanto a inversores y como a la empresa estatal, según proyectan los técnicos del gobierno.
Las dificultades que atraviesa la economía europea determinan que los fabricantes de equipos eólicos no puedan concretar las ventas de acuerdo a lo esperado, lo que provocó un sobrestock que deprimió los precios.
Además, el pliego de la nueva convocatoria que permite otorgar hasta 100 megavatios a un solo oferente, cuando antes se estableció el tope en 50 megavatios, mejorará la productividad por la ampliación de la economía de escala del proyecto, según señalaron fuentes cercanas al diseño de la convocatoria.
La convocatoria prevé la instalación de 150 megavatios de potencia en molinos de viento, aunque se advirtió que en función de las ofertas que se reciban esa cifra podrá ser incrementada.
La nueva coyuntura habilitará a UTE pagar unos US$80 por megavatio de energía eólica, al tiempo que la inversión estimada para los proyectos rondará los US$1.900 por kilovatio instalado y la rentabilidad mínima se situará en 12%, señaló a El Observador una fuente del Ministerio de Industria.
De forma de agilizar la instalación de los parques eólicos, la eléctrica estatal se comprometió a pagar US$110 por megavatio de toda compra que realice antes del 31 de diciembre de 2014.
En la actualidad, UTE posee un complejo de aerogeneradores en Sierra de los Caracoles (departamento de Maldonado) que cuenta con una capacidad instalada de 20 megavatios.
A su vez, existen en el país otros cuatros parques eólicos de propiedad privada que abastecen con 70 megavatios al sistema eléctrico nacional.
En total, la generación eólica en Uruguay alcanza a 90 megavatios, que representan 3,5% de la capacidad instalada total para la producción energética.
La alianza entre los sectores públicos y privados para diversificar la matriz energética del país y favorecer la incorporación de las llamadas “energías verdes” es un instrumento que conjuga la unanimidad del sistema político uruguayo, además del fuerte interés de inversores locales y extranjeros.
El acuerdo en materia energética alcanzado el año pasado por los cuatro partidos con representación parlamentaria intentó materializar una política de Estado que respalde las inversiones de largo plazo que requiere ese sector de la economía.
“Se acuerda el objetivo de diversificar la matriz energética, procurando la reducción de la dependencia del petróleo y buscando una mayor participación de fuentes autóctonas, en particular renovables”, señala el documento.Para 2014 se pretende que la producción eólica ascienda a 600 megavatios, fuente que significará 16,6% de la capacidad energética instalada en el país.
De esa forma, Uruguay se ubicará a la cabeza de la región por el aporte de los aerogeneradores a la oferta energética del país y se situará junto a los referentes en generación eólica a nivel mundial.
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