La paradigmática esquina de Gorlero y calle 27, antiguamente centro de la movida de la península, va en camino de recuperar su lugar en Punta. El grupo inversor liderado por el arquitecto Vito Atijas apostará al edificio donde funcionó el hotel Meliá.
El grupo inversor compró en US$ 10 millones el edificio donde funcionó durante varios años el hotel Meliá.
El objetivo de los nuevos propietarios es reconstruirlo para ofrecer allí una propuesta inmobiliaria "de primer nivel" e instalar áreas comerciales.
"Sentimos la alegría de poder participar en el reciclaje de un edificio emblemático de Punta del Este porque un complejo que estaba abandonado volverá a mostrar el nivel que merece el balneario. Sin duda que la nueva propuesta permitirá aumentar las comodidades que Punta del Este ofrece al turista", dijo Vito Atijas a El País.
La torre se encuentra clausurada desde hace más de 10 años cuando en el balneario se hizo sentir el recordado "efecto Tequila", a mediados de los años `90.
Esta fue una de las tantas crisis externas que afectaron la región y que hizo "caer" a la firma que regenteaba el hotel y tres locales comerciales: dos salas de cine y una confitería. Desde ese entonces, la esquina estuvo abandonada.
El edificio fue construido sobre un predio de 1.642 metros cuadrados, tiene 17 pisos, tres subsuelos y tres locales. "Es una de las principales esquinas de Punta del Este. Por eso también apuntamos a valorizar la zona con una presencia comercial muy importante. El Banco Santander, que opera como financista de la propuesta, tendrá su lugar", sostuvo el desarrollista.
NUEVA CARA. El edificio tendrá unidades de uno y dos dormitorios, con todas las comodidades, y apartamentos de mayor tamaño. El complejo cuenta con todos los servicios, como piscinas, y además otros se le incorporarán para esta nueva etapa. También goza de extraordinarias vistas. "Es incomparable, se ve el puerto, la playa Brava, la playa Mansa y toda la zona", afirmó Atijas.
La configuración del nuevo edificio permitirá, según el arquitecto, poder contemplar la demanda insatisfecha de potenciales compradores argentinos y brasileños de clase media que, ansiosos de invertir en Punta del Este, no tienen a su alcance la mayor parte de la oferta inmobiliaria del balneario esteño.
"Acá estamos hablando de unidades que van a estar promediando los 40 y 60 metros cuadrados. Así que van a estar totalmente al alcance del público de clase media. Sin perjuicio que las comodidades y la ubicación del edificio hacen que todo el público se pueda sentir a gusto", explicó.
La compra confirmada este viernes por parte del grupo inversor, cierra una etapa que fue considerada en la península como "el peor negocio hotelero de la historia de Punta del Este" por las decenas de millones de dólares perdidos desde años en esa esquina.
31 de julio de 2011
26 de julio de 2011
Standard & Poor’s eleva calificación de Uruguay a BB+ dejandolo a un paso del grado inversor
La calificadora de riesgo Standard & Poor’s elevó la nota de Uruguay hasta BB+ desde BB, lo que deja al país a un paso del grado inversor. S&P era la única de las tres grandes –junto a Moody’s y Fitch- que mantenía a Uruguay por debajo de esa nota. Fitch elevó la nota uruguaya este mes, mientras que Moody’s había dejado al país a un peldaño del preciado investment grade en diciembre de 2010. Uruguay ostentó el grado inversor entre 1997 y 2002, cuando se sumió en la crisis financiera.
El reconocimiento a Uruguay coincide con el castigo de las agencias calificadoras a la deuda de los países europeos, sumergidos en una crisis de deuda que la semana pasada forzó a la Unión Europea a aprobar un nuevo rescate para Grecia.
El país heleno quedó al borde de default luego de que se resolviera incluir en la nueva ronda de ayuda a los acreedores privados, lo que es interpretado por las agencias de riesgo como un “impago selectivo”, similar al que enfrentó Uruguay en la crisis de 2002.
El reconocimiento a Uruguay coincide con el castigo de las agencias calificadoras a la deuda de los países europeos, sumergidos en una crisis de deuda que la semana pasada forzó a la Unión Europea a aprobar un nuevo rescate para Grecia.
El país heleno quedó al borde de default luego de que se resolviera incluir en la nueva ronda de ayuda a los acreedores privados, lo que es interpretado por las agencias de riesgo como un “impago selectivo”, similar al que enfrentó Uruguay en la crisis de 2002.
15 de julio de 2011
URUGUAY: Fitch eleva la nota de la deuda uruguaya quedando a un paso del grado inversor
La agencia calificadora elevó la nota de BB a BB+, lo que lo deja a Uruguay a un paso del grado inversor. DBRS, R&I y Standard & Poors, las otras agencias que relevan la deuda soberana local, ubican a Uruguay a dos peldaños del grado inversor (BB).
De esta forma, la calificadora de riesgo se sumó a Moody’s, que en diciembre de 2010 fue la primera agencia en situar a Uruguay a un solo paso de alcanzar el preciado investment grade, que ostentó el país entre 1997 y 2002.
La agencia valoró como positivo para la revisión la mejora en los ratios de solvencia externa y en la situación fiscal.
Luego de la suba de nota, Fitch fijó la perspectiva de la calificación en estable desde positiva.
Uruguay tiene ahora una mejor composición por monedas y en cuanto a la estructura de los vencimientos de la deuda pública, según la agencia.
A esa situación se sumó en la consideración el fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno, la mejora del ingreso per cápita y en los indicadores sociales, y la “solidez” institucional, informó Fitch.
"Fitch cree que la continuidad de la política y la estabilidad política están sólidamente anclados en un marco institucional fuerte", señala el informe de la calificadora firmado por Santiago Mosquera.
DBRS, R&I y Standard & Poors, las otras agencias que relevan la deuda soberana local, ubican a Uruguay a dos peldaños del grado inversor (BB).
9 de julio de 2011
URUGUAY: exonerarán el 100% de impuestos a inversiones en vivienda social
La reglamentación de la ley que promueve la inversión en vivienda social, establecerá que las exoneraciones tributarias que se faculta otorgar al Poder Ejecutivo serán "totales". La ley a estudio de Diputados habilitará al BROU a financiar inversores.
La ley -que ya fue aprobada en el Senado- faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a la inversión en vivienda social de los impuestos a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), al Patrimonio (IP), a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y al IVA. Esa exoneración "puede ser total o parcial de acuerdo con lo que fije la reglamentación del decreto por parte del Poder Ejecutivo" pero "en principio, desde la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en coordinación con el Ministerio de Vivienda, estamos pensando en exoneraciones totales", anunció el presidente de la ANV, Carlos Mendive.
En la Comisión de Vivienda de Diputados, Mendive dijo -según la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió El País- que la exoneración de estos tributos será del 100% para el caso de que los inmuebles se destinen a la venta. Si en cambio se destinan a arrendar, la exoneración será del 40% y "puede llegar al 100% si se alquila por medio del Fondo de Garantía de Alquileres".
El presidente de la ANV, explicó que "eso es porque a través de este Fondo podemos tener un control de los destinatarios de la política, ya que está definido que son beneficiarios los hogares de hasta ciertos ingresos e, implícitamente, hay un tope para el alquiler".
Con la ley a estudio del Parlamento, el gobierno busca que se amplíe la oferta de viviendas para sectores de ingresos medios y medios bajos, ya sea para que estos compren o alquilen. "Se ha identificado (...) que la inversión en vivienda de interés social ha sido muy baja en los últimos diez o 15 años", afirmó Mendive (ver gráfico).
A eso se suma que "en 2009 y en 2010 se ha producido una concentración" del desarrollo inmobiliario en Montevideo "en determinadas zonas de la ciudad y destinado a sectores de la población de ingresos medios altos y altos. Esto es evidente y se puede constatar sólo con recorrer la ciudad", indicó.
"Lo que se busca con el proyecto y a través de este mecanismo de beneficios tributarios es fomentar la inversión en viviendas de interés social para determinados sectores, pero también promocionarla en sectores de la ciudad de Montevideo en los que hoy no está desarrollada la actividad inmobiliaria", agregó.
En la reglamentación de la ley se van a "imponer topes de precios según las zonas, razonables de acuerdo con el costo de la construcción y a una rentabilidad dada del emprendimiento. Con estos mecanismos vamos a imponer que la inversión en vivienda pueda llegar a determinados sectores", adelantó el titular de la ANV.
Es que según habían acordado la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y el gobierno, el tope fijado desalentaría la construcción de este tipo de viviendas en la franja costera. También acordaron disminuir el porcentaje de las exoneraciones fiscales para la construcción de las viviendas allí en comparación con otros barrios, había dicho a mediados de marzo a El País el presidente de la Appcu, Ariel Cagnoli.
En la reglamentación, además, se establecerá un tope a la cantidad de inmuebles de un dormitorio que construya cada proyecto.
"Estamos viendo que las de un dormitorio tengan una limitante con relación a las de dos dormitorios: no podrán exceder determinado porcentaje (del total). No queremos que algunos proyectos se conviertan y tengan un uso que sea, por ejemplo, para oficinas", dijo Mendive en el seminario "Perspectivas de la industria inmobiliaria en 2011-2012" el pasado 23 de junio.
Además, indicó que "en principio" se está trabajando con la idea de que los proyectos que reciban beneficios tengan un máximo de 80 viviendas.
FINANCIAMIENTO
La ley a estudio de Diputados agrega un nuevo régimen de propiedad horizontal a los ya existentes. Uno de los que ya rige permite a los bancos privados financiar "en el pozo", esto es, desde el momento mismo de la construcción. Esto no rige hoy para el Banco República (BROU) que puede dar financiamiento para compra de vivienda una vez terminada.
Pero con la inclusión de otro régimen de propiedad horizontal se da la posibilidad al BROU de crear un crédito hipotecario aún antes de obtener la habilitación municipal final. Es decir, que permitiría al BROU la posibilidad de financiar a aquellos inversores en viviendas de interés social.
Bajo ese esquema el banco presta al inversor y puede novar ese préstamo, es decir lo puede transformar en pequeños créditos hipotecarios con ciertas garantías.
"Más allá de que podamos contribuir al acceso al crédito a través de un subsidio a la cuota, se identifica que una de las grandes restricciones es el ahorro necesario para acceder a un préstamo", dijo el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Carlos Mendive en la Comisión de Vivienda de Diputados.
Para eso, el proyecto de ley a estudio de esa Cámara, prevé la creación de un Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario que cubrirá el riesgo adicional que toma el banco de prestar más allá del 70% del valor de la vivienda.
Con el fondo, el crédito llegará hasta el 90% del valor de la vivienda con lo que el ahorro previo requerido baja del 30% al 10%.
De acuerdo a la presentación de Mendive, al comienzo el fondo garantizará 505 créditos por US$ 20,8 millones. En el año 20 de funcionamiento, prevé avalar casi 10.800 préstamos por unos US$ 320 millones.
Este fondo de garantía, será "para viviendas de interés social, por lo que tendrán que ser reglamentados los límites máximos de precios de viviendas" a avalar, afirmó el presidente de la ANV.
La ley -que ya fue aprobada en el Senado- faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a la inversión en vivienda social de los impuestos a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), al Patrimonio (IP), a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y al IVA. Esa exoneración "puede ser total o parcial de acuerdo con lo que fije la reglamentación del decreto por parte del Poder Ejecutivo" pero "en principio, desde la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en coordinación con el Ministerio de Vivienda, estamos pensando en exoneraciones totales", anunció el presidente de la ANV, Carlos Mendive.
En la Comisión de Vivienda de Diputados, Mendive dijo -según la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió El País- que la exoneración de estos tributos será del 100% para el caso de que los inmuebles se destinen a la venta. Si en cambio se destinan a arrendar, la exoneración será del 40% y "puede llegar al 100% si se alquila por medio del Fondo de Garantía de Alquileres".
El presidente de la ANV, explicó que "eso es porque a través de este Fondo podemos tener un control de los destinatarios de la política, ya que está definido que son beneficiarios los hogares de hasta ciertos ingresos e, implícitamente, hay un tope para el alquiler".
Con la ley a estudio del Parlamento, el gobierno busca que se amplíe la oferta de viviendas para sectores de ingresos medios y medios bajos, ya sea para que estos compren o alquilen. "Se ha identificado (...) que la inversión en vivienda de interés social ha sido muy baja en los últimos diez o 15 años", afirmó Mendive (ver gráfico).
A eso se suma que "en 2009 y en 2010 se ha producido una concentración" del desarrollo inmobiliario en Montevideo "en determinadas zonas de la ciudad y destinado a sectores de la población de ingresos medios altos y altos. Esto es evidente y se puede constatar sólo con recorrer la ciudad", indicó.
"Lo que se busca con el proyecto y a través de este mecanismo de beneficios tributarios es fomentar la inversión en viviendas de interés social para determinados sectores, pero también promocionarla en sectores de la ciudad de Montevideo en los que hoy no está desarrollada la actividad inmobiliaria", agregó.
En la reglamentación de la ley se van a "imponer topes de precios según las zonas, razonables de acuerdo con el costo de la construcción y a una rentabilidad dada del emprendimiento. Con estos mecanismos vamos a imponer que la inversión en vivienda pueda llegar a determinados sectores", adelantó el titular de la ANV.
Es que según habían acordado la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y el gobierno, el tope fijado desalentaría la construcción de este tipo de viviendas en la franja costera. También acordaron disminuir el porcentaje de las exoneraciones fiscales para la construcción de las viviendas allí en comparación con otros barrios, había dicho a mediados de marzo a El País el presidente de la Appcu, Ariel Cagnoli.
En la reglamentación, además, se establecerá un tope a la cantidad de inmuebles de un dormitorio que construya cada proyecto.
"Estamos viendo que las de un dormitorio tengan una limitante con relación a las de dos dormitorios: no podrán exceder determinado porcentaje (del total). No queremos que algunos proyectos se conviertan y tengan un uso que sea, por ejemplo, para oficinas", dijo Mendive en el seminario "Perspectivas de la industria inmobiliaria en 2011-2012" el pasado 23 de junio.
Además, indicó que "en principio" se está trabajando con la idea de que los proyectos que reciban beneficios tengan un máximo de 80 viviendas.
FINANCIAMIENTO
La ley a estudio de Diputados agrega un nuevo régimen de propiedad horizontal a los ya existentes. Uno de los que ya rige permite a los bancos privados financiar "en el pozo", esto es, desde el momento mismo de la construcción. Esto no rige hoy para el Banco República (BROU) que puede dar financiamiento para compra de vivienda una vez terminada.
Pero con la inclusión de otro régimen de propiedad horizontal se da la posibilidad al BROU de crear un crédito hipotecario aún antes de obtener la habilitación municipal final. Es decir, que permitiría al BROU la posibilidad de financiar a aquellos inversores en viviendas de interés social.
Bajo ese esquema el banco presta al inversor y puede novar ese préstamo, es decir lo puede transformar en pequeños créditos hipotecarios con ciertas garantías.
Garantías para 10.800 créditos
El crédito hipotecario viene en crecimiento pero aún está por debajo de los niveles de los 90 (ver gráfico aparte) que además es bajo en el comparativo internacional."Más allá de que podamos contribuir al acceso al crédito a través de un subsidio a la cuota, se identifica que una de las grandes restricciones es el ahorro necesario para acceder a un préstamo", dijo el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Carlos Mendive en la Comisión de Vivienda de Diputados.
Para eso, el proyecto de ley a estudio de esa Cámara, prevé la creación de un Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario que cubrirá el riesgo adicional que toma el banco de prestar más allá del 70% del valor de la vivienda.
Con el fondo, el crédito llegará hasta el 90% del valor de la vivienda con lo que el ahorro previo requerido baja del 30% al 10%.
De acuerdo a la presentación de Mendive, al comienzo el fondo garantizará 505 créditos por US$ 20,8 millones. En el año 20 de funcionamiento, prevé avalar casi 10.800 préstamos por unos US$ 320 millones.
Este fondo de garantía, será "para viviendas de interés social, por lo que tendrán que ser reglamentados los límites máximos de precios de viviendas" a avalar, afirmó el presidente de la ANV.
8 de julio de 2011
URUGUAY: inflación a junio 2011 alcanza los 8,61% anuales
En los últimos 12 meses los precios al consumo aumentaron 8,61%, fuera del rango oficial previsto entre 4% y 6%
Con una suba en el mes de junio de 0,35% el Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio en Uruguay acumuló un 4,71% en los primeros 6 meses del año 2011.
De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los 12 meses finalizados en junio 2011 el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió 8,61%, con lo cual vuelve a estar fuera del rango de la meta oficial, siendo un incremento con relación a la cifra anualizada del mes anterior cuando la variación anualizada de los precios había ascendido a 8,53%.
Los rubros que explican principalmente la suba fueron el precio de la vivienda, los servicios de recreación y cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles y salud.
En forma adicional, se divulgó por parte de la Facultad de Ciencias Económicas la inflación de los hogares pobres que se situó en 9,02% en el acumulado de los últimos 12 meses.
6 de julio de 2011
URUGUAY: millonaria reliquidación en Zonas Francas tras fiscalizar 600 empresas
La Dirección General Impositiva (DGI) culminó en las últimas semanas un importante operativo de fiscalización que venía desarrollando desde fines del año pasado en todas las zonas francas del país, que dio como resultado reliquidaciones de tributos por “varias decenas” de millones de dólares.
De acuerdo a varias fuentes, los operativos se llevaron adelante en todos los espacios francos del país, y alcanzaron a cerca de 600 firmas en total.
Las actuaciones llevaron a la citación de “decenas de empresas”, señaló un representante del sector, y agregó que deberán concurrir a DGI para realizar sus descargos y recibir las reliquidaciones tributarias. Consultado sobre la situación, el director de Impositiva, Pablo Ferreri, prefirió no realizar comentarios.
Entre las empresas investigadas y sospechadas de defraudación tributaria hay “muchos casos” de usuarios de zonas francas vinculados a free shops.
En varias actuaciones se detectó una maniobra que consistía en la constitución de usuarios ficticios dentro de la zona franca, que realizaban importaciones de productos que luego eran colocados en el mercado local.
Como las empresas bajo ese régimen están exoneradas del pago del Impuesto a la Renta, el importador radicado en el espacio franco incluía en el precio de venta al distribuidor final –perteneciente al mismo grupo empresarial– la ganancia que obtendría al momento de comercializar los bienes al público en el mercado doméstico. De esta forma, el beneficio por su venta al consumidor final era registrado dentro de la zona libre de impuestos, lo que la exoneraba de pagar tributos por esa renta generada. En tanto, el margen de beneficio del distribuidor final radicado en el país y alcanzado por el tributo a la renta era considerablemente menor, ocasionando un perjuicio para la oficina recaudadora.
La culminación de las actuaciones de DGI suceden en el marco de cambios jerárquicos en las oficinas estatales destinadas al control y regulación de los espacios libres de impuestos.
De acuerdo a varias fuentes, los operativos se llevaron adelante en todos los espacios francos del país, y alcanzaron a cerca de 600 firmas en total.
Las actuaciones llevaron a la citación de “decenas de empresas”, señaló un representante del sector, y agregó que deberán concurrir a DGI para realizar sus descargos y recibir las reliquidaciones tributarias. Consultado sobre la situación, el director de Impositiva, Pablo Ferreri, prefirió no realizar comentarios.
Entre las empresas investigadas y sospechadas de defraudación tributaria hay “muchos casos” de usuarios de zonas francas vinculados a free shops.
En varias actuaciones se detectó una maniobra que consistía en la constitución de usuarios ficticios dentro de la zona franca, que realizaban importaciones de productos que luego eran colocados en el mercado local.
Como las empresas bajo ese régimen están exoneradas del pago del Impuesto a la Renta, el importador radicado en el espacio franco incluía en el precio de venta al distribuidor final –perteneciente al mismo grupo empresarial– la ganancia que obtendría al momento de comercializar los bienes al público en el mercado doméstico. De esta forma, el beneficio por su venta al consumidor final era registrado dentro de la zona libre de impuestos, lo que la exoneraba de pagar tributos por esa renta generada. En tanto, el margen de beneficio del distribuidor final radicado en el país y alcanzado por el tributo a la renta era considerablemente menor, ocasionando un perjuicio para la oficina recaudadora.
La culminación de las actuaciones de DGI suceden en el marco de cambios jerárquicos en las oficinas estatales destinadas al control y regulación de los espacios libres de impuestos.
PANAMA sale de la "lista gris" de la OCDE
Compartimos la novedad de la salida de Panamá de la lista gris de la OCDE que por el momento integra URUGUAY, si bien se está avanzando en la firma de 12 TDT para salir de la misma.
Panamá ha dejado a la "lista gris" de paraísos fiscales elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal con 12 países, dijo que el organismo internacional.Los avances en materia de transparencia fiscal se consolidaron para Panamá después de firmar con Francia, el duodécimo tratado para evitar la doble tributación (TDT), requisito impuesto por la OCDE.
El Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, (México), reconoció en un comunicado que Panamá "ha trabajado duro para lograr este hito y ha hecho grandes progresos en su camino para cumplir con los estándares internacionales en un tiempo muy corto."
Por lo tanto, Panamá se ha convertido en el estado 39 que obtiene esta clasificación, desde que el sistema fue creado en abril de 2009.
Sin embargo, la OCDE advirtió que el Foro Mundial para elaborar las listas, seguirá evaluando si las leyes nacionales de Panamá para permitir "la efectiva disponibilidad, acceso e intercambio de información."
Los otros países con los cuales Panamá ha llegado a acuerdos de este tipo son Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, México y Portugal se firmó con Bélgica, Irlanda y República Checa.
Panamá también firmó tratados fiscales con los países no OCDE, tales como Singapur, Qatar y Barbados, que completa la docena.
El país centroamericano está negociando con Israel, Hungría, Bahrein, Suiza y Chipre la conclusión de nuevos TDT, de acuerdo con el Gobierno de Panamá.
Por lo tanto, Panamá se ha convertido en el estado 39 que obtiene esta clasificación, desde que el sistema fue creado en abril de 2009.
Sin embargo, la OCDE advirtió que el Foro Mundial para elaborar las listas, seguirá evaluando si las leyes nacionales de Panamá para permitir "la efectiva disponibilidad, acceso e intercambio de información."
Los otros países con los cuales Panamá ha llegado a acuerdos de este tipo son Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, México y Portugal se firmó con Bélgica, Irlanda y República Checa.
Panamá también firmó tratados fiscales con los países no OCDE, tales como Singapur, Qatar y Barbados, que completa la docena.
El país centroamericano está negociando con Israel, Hungría, Bahrein, Suiza y Chipre la conclusión de nuevos TDT, de acuerdo con el Gobierno de Panamá.
4 de julio de 2011
URUGUAY: Capitales españoles invierten USD 3 MM en cluster naval
El consorcio uruguayo español Galictio Tiferey será la primera empresa instalada en el polo naval del Cerro. Se proyecta una inversión de US$ 3.000.000 y capacitación de 100 trabajadores.
Un grupo uruguayo-español aportará el know how y tecnología al cluster naval uruguayo. Entre otros aportes, Galictio Tiferey traerá grúas de hasta 50 toneladas, lo que permitirá armar las barcazas en partes mayores, ahorrando tiempo y dinero.Luis Mondino, directivo del Cluster Naval e integrante del consorcio, declaró que el gobierno demandó la participación del cluster, la contratación a técnicos para la capacitación de obreros y la incorporación de tecnologías inexistentes en el país.
El acuerdo entre Montes del Plata y el Cluster Naval para la construcción de tres barcazas decidió al grupo la concreción de un proyecto en el área.
Mondino precisó que las tres barcazas para Montes del Plata se construirán en el dique de la Armada en un período de 20 meses y serán el resultado del trabajo conjunto de los socios del Cluster. Asimismo, añadió que se instalarán grúas con una capacidad de 50 toneladas, muy superiores a las que actualmente existen en el país, con una capacidad de 16 toneladas. "Esto permite que el trabajo de armado sea bastante más cómodo. Para decirlo en términos groseros en vez de armar pedazos chiquitos, se conforman pedazos sustantivos de barco, lo que hace que la obra de construcción sea más rápida y más barata", explicó.
El proyecto que lidera Galictio Tiferey también impactaría en el polo naval del Cerro. La idea es realizar, simultáneamente a la obra en el dique de la Armada, los trámites para habilitar que la empresa se instale en el polo. "Si bien las grúas se trasladarían para el polo naval, al astillero le quedan mejoras físicas en las instalaciones y trabajadores capacitados en técnicas superiores a los que actualmente se utilizan en el país", subrayó Mondino.
El proyecto ejemplifica la política industrial nacional anunciada, en tanto promueve el desarrollo de proveedores nacionales como oferentes de servicios y productos a las grandes inversiones extranjeras.
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