30 de mayo de 2011

Brasil y Uruguay sellan pacto para línea de interconexión eléctrica

Rousseff y Mujica sellaron una "sólida alianza" que está creando una convergencia entre "dos democracias estables que respetan contratos y los derechos humanos", dijo la mandataria brasileña en un discurso.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acordó este lunes con su colega de Uruguay, José Mujica, la construcción de una línea de interconexión eléctrica de 500 kilómetros, además de un puente, una hidrovía y una línea ferroviaria.

Los presidentes se reunieron durante más de dos horas y acordaron también realizar un seguimiento en el comercio bilateral, que alcanzó un volumen de US$3.000 millones en 2010. "Tenemos que ver a Brasil como un inmenso mercado para nuestros productos", dijo Mujica, y agregó que no hay que detenerse en los pequeños problemas".

La presidenta brasileña, quien llegó a Montevideo para una corta visita junto a ocho ministros, se comprometió a "acelerar la construcción de un segundo puente sobre el río Jaguarón", y tener implementada una vía férrea a fines de 2011 que conecte la capital uruguaya con la ciudad brasileña de Cacequi.
Brasil y Uruguay implementarán una hidrovía de 1.200 kilómetros, principalmente para el transporte de mercaderías agrícolas en el sur brasileño y en el norte uruguayo, según indicó la mandataria.

Rousseff defendió el bloque Mercosur -integrado por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina- indicando que es "una de las regiones que más crece en el mundo", y aseguró la colaboración de Brasil para implementar un plan para "masificar" el acceso a un servicio de banda ancha de internet para los uruguayos.

28 de mayo de 2011

URUGUAY colocó bonos Samurai por 40 mil millones de yenes

Las autoridades uruguayas aprovecharán los bajos intereses de la deuda en Japón para colocar títulos en yenes.

El gobierno uruguayo lanzó bonos a 10 años en el mercado japonés. Se trata de la primera colocación de títulos Samurai en los últimos cuatro años, por un total de 40 mil millones de yenes, el equivalente a US$491 millones.

Los bonos a emitir pagarán una tasa de interés fija que se compone por la tasa de referencia del yen (1,21%) más un diferencial de 0,43 puntos porcentuales. De esa manera, el cupón anual, pagadero semestralmente, se ubica en 1,64% nominada en moneda japonesa.

El gobierno busca aprovechar los bajos rendimientos que pagan los títulos japoneses tanto a nivel corporativo como gubernamental.

El exceso de liquidez por parte de los inversores del país asiático tornan atractivos estos instrumentos para aquellas empresas y países que buscan captar fondos en los mercados.

26 de mayo de 2011

URUGUAY: Quienes son los dueños de más tierras a los que afectaría el nuevo gravámen que se plantea

La empresa con más tierras en Uruguay es Montes del Plata, un consorcio integrado por la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco: posee 250.000 hectáreas en los departamentos de Colonia, Durazno, Flores, Paysandú, Río Negro, Rivera, Soriano y Tacuarembó. Se trata básicamente de bosques que nutrirán con madera a la fábrica de pasta de celulosa que se apresta a construir en la localidad coloniense de Conchillas, con una inversión total superior a los U$S 2.000 millones, según consta en el contrato firmado en enero entre Montes del Plata y el Poder Ejecutivo.

Un escalón más abajo, con 200.000 hectáreas, está Forestal Oriental, que pertenece a la finlandesa UPM (ex Botnia). La mayor parte de sus tierras están en Río Negro, Paysandú, Soriano y Tacuarembó.

El grupo agrícola de origen argentino El Tejar cuenta con 160.000 hectáreas en le litoral uruguayo destinadas al cultivo de soja, trigo, sorgo, cebada, maíz y otros granos, además de la ganadería.

Weyerhaeuser, una forestadota de capitales estadounidenses q que también fabrica paneles y tableros posee unas 140.000 hectáreas.

Otra empresa agrícola con grandes extensiones de campos en el país (100.000 hectáreas) es Agronegocios del Plata, vinculada al grupo de origen argentino Los Grobos.

El fondo de inversión UAG, creado por empresarios uruguayos, cuenta con 80.000 hectáreas y esta en proceso de incorporación de otras 20.000 hectáreas, informaron a Búsqueda, fuentes de esa firma. Se dedica al cultivo de soja, trigo, arroz, arándanos y olivos, aunque también trabaja en ganadería, lechería y apicultura.

El informe de Piñeiro incluyó entre las empresas que concentran las mayores extensiones de tierras al fondo Forestal Tekoayhu, que posee 50.000 hectáreas en Uruguay.

Y a RMK Timberland Group (38.000 hectáreas), qué comprende tres fondos de inversión, dos familias y bomberos retirados estadounidenses, y un tercero ahorros de maestros y profesionales suecos, finlandeses y daneses.

Forestal Atlántico Sur, de capitales chilenos y uruguayos, gestiona 45.000 hectáreas de campos.

La lechera NZ Farming Systems Uruguay explota 33.800 hectáreas, en su mayoría propias (28.700 hectáreas) y el resto arrendadas, según datos publicados en su sitio web.

En 2010, la multinacional OLAM, con sede en Singapur, adquirió la mayoría del capital accionario de ese fondo neocelandés.

Sierras Calmas, una sociedad propiedad de las española Ence, posee 30.000 hectáreas en Lavalleja y Rocha para proveer de materia prima (astillas) a las platas industriales de ese grupo en España.

Fuente: Semanario Búsqueda / 25-05-2011

20 de mayo de 2011

URUGUAY: Inversor planea traer 18 empresas multinacionales al país

La posibilidad de que un puerto de aguas profundas habilite el ingreso de los buques de mayor envergadura ha despertado la atención de varias empresas multinacionales, que observan a Uruguay como puerta de entrada al continente.

En la actualidad, el Ministerio de Transporte (Mtop) evalúa dos propuestas empresariales para dicha obra. Una, patrocinada por la Cámara de Comercio España-Israel, que planea instalarse en La Angostura, Rocha y la otra, nucleada entorno a la constructora Santa María, que puja por la misma obra en Punta Negra, diez kilómetros al este de Piriápolis.

Sin embargo, la dimensión de un emprendimiento de semejantes características trae consigo una serie de proyectos que permitirán "darle un valor agregado al puerto", según dijo a Ultimas Noticias el presidente de la Cámara, Francisco Linares, quien llegará a Uruguay a presentar el cronograma de trabajo para que el gobierno autorice la inversión al influjo de la nueva ley de asociación entre públicos y privados.

Linares buscará demostrar algunas ventajas comparativas de la obra que promueve, en el marco de la etapa de promoción, nivelación y puesta a punto entre autoridades.

"Hay dieciocho empresas multinacionales interesadas en instalarse y realizar inversiones en Uruguay en la medida que exista un puerto de aguas profundas", señaló el presidente de la Cámara internacional, quien no dio mayores precisiones acerca de las mismas.

No obstante "la principal", señala, "es un preacuerdo" con la maderera portuguesa Portucel, con quien mantuvo contactos hace algunos meses y con quien volverá a entrevistarse la próxima semana.

"La posibilidad de que Portucel se instale en Uruguay depende en un 99% de la existencia de un puerto de aguas profundas", aseguró el empresario.

Vale recordar que dicho proyecto de origen luso es, hasta el momento, la inversión más ambiciosa que recorrió las oficinas de gobierno: más de U$S 2.500 millones. El proyecto está en un impasse en la actualidad, luego que trascendieran algunas dificultades de tipo impositivo y logístico, a fines de 2010.

Además, la Cámara España-Israel promueve una gira por Sudamérica intentando que el hub portuario alcance al hierro boliviano, el que sería "sacado" luego de un trasbordo a realizarse en Nueva Palmira, "el punto de llegada de la Hidrovía", añadió Linares.

El anuncio del empresario, no obstante, no está refrendado en un acuerdo. Consultado acerca de las causas, el dirigente señaló que existen impedimentos en la medida que Portucel cotiza en bolsa, y la firma de un compromiso de esas características generaría expectativas sobre las cuales hay restricciones "en el mundo de los mercados", puntualizó.

EXTENSIONES

Pero las propuestas de inversión no solamente se limitan al sector portuario y maderero. Según el empresario, también existen proyectos vinculados a la red de ferrocarriles, los que servirán como venas y conexiones en el complejo entramado que piensan construir.

Sobre este punto, Linares comentó que la Cámara espera asociarse para la construcción de un "cordón" que uniría las ciudades de Nueva Palmira, punto al que llegarían las barcazas provenientes de puertos del exterior, con las localidades de Conchillas, donde piensa instalarse Stora Enso, y pasar por Cardona, Ismael Cortinas, Florida y Treinta y Tres, hasta llegar a Rocha, de modo que el proyecto "serviría a los intereses productivos de Uruguay en general", dijo.

Además, los inversores proponen la construcción de un aeropuerto en las inmediaciones de Rocha, tal como informara a Ultimas Noticias el representante uruguayo del proyecto, el constructor José Luis Vila.

INVERSIÓN

La llegada de Linares a Montevideo para dar un nuevo impulso al proyecto de La Angostura girará sobre dos bases fundamentales. Una de tendrá como objetivo demostrar la viabilidad de la obra a través de sus posibilidades de financiamiento, de modo que la Cámara piensa promover "el amplio reconocimiento internacional" de los fondos de inversión americanos, franceses e israelíes, además del respaldo de instituciones bancarias de España, Brasil e Israel.

El empresario intentará convencer también acerca del "reducido impacto" que, a su juicio, tiene la obra, en el entendido que los temas medioambientales asoman como uno de los principales contrapesos.

Sobre este punto, el empresario presentará las virtudes de un sistema de contingencia que cierra el puerto ante la eventualidad de accidentes y un sistema de tratamiento de aguas.

Puertos de aguas profundas en la mira de inversores

La Angostura, en Rocha y Punta Negra, en Piriápolis, son las dos propuestas que recibió el gobierno para la realización de un puerto de aguas profundas, que permita el ingreso de barcos de gran porte. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas abrió la presentación de cronogramas, donde los inversores deben presentar sus planes de trabajo y de financiación.

La Cámara de Comercio España-Israel realizará la “defensa” de su proyecto, argumentando poseer financiación y escaso impacto medioambiental. Afirman que Portucel llegará si se concreta la obra de infraestructura.

19 de mayo de 2011

URUGUAY: Comienza construcción de planta de celulosa Montes del Plata

Montevideo. El consorcio Montes del Plata, formado por la forestal sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco, inició este martes en Uruguay las obras para construir su nueva planta de celulosa, que operará desde 2013.

La planta prevé producir 1,3 millones de toneladas de celulosa por año, dijeron autoridades de la empresa a inicios de enero.

"Comenzamos con los trabajos preparatorios para iniciar la planta. (...) A fin de año obtendremos el pico máximo de 6 mil trabajadores y de acá al fin de la obra, en unos dos años, vamos a tener un promedio de unos 3 mil trabajadores", dijo a un medio local José Pedro Díaz, de Montes del Plata.

Mayor inversión en Uruguay.

El consorcio, que en 2009 adquirió parte de las operaciones que la forestal española Ence tiene en Uruguay, concretará la inversión más grande en la historia del país sudamericano, de US$1.900 millones, que fue confirmada en enero de este año.

La empresa erigirá las instalaciones del emprendimiento en la localidad de Conchillas, sobre el Río de la Plata, a unos 190 kilómetros al suroeste de la capital uruguaya.

En julio del 2010, los gobiernos de Argentina y Uruguay acordaron un monitoreo de las aguas de un río limítrofe en el que está instalada una polémica planta de celulosa.

La instalación de esa planta, construida por la empresa finlandesa Botnia, provocó un bloqueo de ambientalistas argentinos a un puente fronterizo durante más de tres años, que protestaban contra posibles efectos contaminantes.

El diferendo llevó a ambos países a la corte internacional de La Haya.

17 de mayo de 2011

URUGUAY: DGI fiscalizará a compradores de yates, inmuebles y autos caros

La Dirección General Impositiva (DGI) lanzó un amplio plan de fiscalización de cara a la campaña anual de liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que incluye, además del pedido de información a los colegios privados, datos de las compras de inmuebles, automóviles y de propiedades de embarcaciones.

Fuentes del órgano recaudador informaron a El Observador que se está “avanzando en medidas que marquen la capacidad contributiva” de los trabajadores alcanzados por el IRPF, y que en ese sentido ya cursaron el pedido de información a las entidades involucradas.
El objetivo es realizar un cruzamiento de los datos obtenidos con las liquidaciones del tributo a la renta personal, como forma de  detectar inconsistencias que puedan hacer presumir evasión.

La administración tributaria solicitó “toda la nómina” de los “pagadores” de cuota a una decena de colegios de Montevideo que cobran mensualidades superiores a los $ 10.000, informó la fuente.

Además, se pidió la información a las inmobiliarias sobre la compraventa de inmuebles de más de US$ 250 mil dólares concretadas en el último año, y se expidió una solicitud similar para las concesionarias de vehículos que hayan comercializado automóviles con valores superiores a los US$ 39 mil. Estas dos últimas categorías ya habían sido tenidas en cuenta por la autoridad fiscal en la campaña anterior de declaraciones de IRPF. Como novedad, la DGI incorporó en esta ocasión la información de los propietarios de yates y embarcaciones de más de siete metros de eslora, que fue solicitada a las marinas donde se encuentren amarradas, señaló el informante.

Para solicitar la información, la DGI se amparó en los artículos del Código Tributario que le otorga “amplias facultades de investigación y fiscalización” sobre los contribuyentes. La situación más sensible se da en la solicitud efectuada a los colegios privados.

“En la mayoría de los colegios han caminado los pedidos, dimos un plazo y están dentro del plazo” para aportar la información, dijo la fuente de la DGI consultada por El Observador. De todas formas, el informante reconoció que todavía no se recibieron respuestas de los centros de educación privada.

La semana pasada el director de la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos, Marcelo Fontona, dijo que las instituciones se estaban asesorando con juristas sobre la pertinencia de la solicitud, según informó el diario El País.

Fontona dijo también que se pidió una reunión con “autoridades del gobierno, tanto de la DGI como del Ministerio de Economía” para tratar la situación.

El artículo 69 del Código Tributario establece que la administración tributaria “dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización”, entre las que destaca especialmente “requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente”.

El artículo 70 del texto “obliga” a los contribuyentes  a “colaborar en las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración”.

16 de mayo de 2011

URUGUAY: DGI lanzará nuevo plan para identificar evasores, tanto personas físicas como jurídicas

La Dirección General Impositiva (DGI) está elaborando "mapeos de riesgo" que le permitan identificar personas o grupos evasores de impuestos. El anunció de su puesta en práctica será el 31 de mayo.
"El mapeo de riesgo determina perfiles de evasores y qué personas o grupos de personas tienen más riesgos de evasión que otros", explicó a EL PAÍS digital el director de Rentas, Pablo Ferreri.

Los mapeos se enmarcan dentro de las nuevas herramientas de fiscalización que el organismo piensa implementar en los próximos meses, indicó el jerarca.

Serán dos, uno para personas físicas y otro para jurídicas. Éste último estaría pronto para julio, estimó el jerarca, y agregó que el de las personas físicas "demorará un poco más".

Para elaborarlos, la DGI se alimentará de las bases de datos de varias dependencias. Si bien Ferreri indicó que aún se está estudiando cuáles serán esas fuentes de información, señaló que manejan la Dirección de Aduanas, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Estadística y el Clearing de Informes, es decir, instituciones "que indiquen perfiles de riesgo", indicó Ferreri.

"Estamos analizando qué bases vamos a usar y el 31 de mayo vamos a anunciar todas las herramientas de fiscalización que estamos pensando implementar", afirmó el director de la DGI.

Pero especialmente, la obtención de datos desde el Clearing de Informes levantó críticas desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que, a través de un comunicado de su Gerencia Jurídica, sostuvo que detrás de esta nueva herramienta de la DGI hay un "claro espíritu recaudador".

El informe critica la utilización de los datos de esas dependencias para presumir posibles incumplimientos tributarios y señala que al acceder a los datos del Clearing de Informes se estaría yendo en contra del principio de reserva y de protección de los datos personales.

"Deberá recabarse el consentimiento libre, claro e inequívoco del titular de los datos y cumplir el principio de reserva, que consiste en adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales", enuncia el documento. "Sin embargo, con la nueva medida, se desvanecería este principio, dado que el Clearing tiene una base de datos que no utilizaría en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad, sino que -contrariamente a la ley- la difundiría a un tercero (DGI)".

Por su parte, el director de DGI aclaró que el organismo tiene "un absoluto respeto por el derecho de los contribuyentes" y agregó que de establecerse al Clearing de Informes como fuente de datos la DGI "nunca violaría el secreto tributario dándole datos a otros".

"La información que eso genere es exclusiva de la DGI y está absolutamente protegida por el secreto tributario", recalcó.

Sobre si habría algún tipo de criterio preestablecido a la hora de solicitar información, Ferreri indicó que "eso depende del planeamiento de fiscalización y todavía no está definido".