La ley -que ya fue aprobada en el Senado- faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a la inversión en vivienda social de los impuestos a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), al Patrimonio (IP), a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y al IVA. Esa exoneración "puede ser total o parcial de acuerdo con lo que fije la reglamentación del decreto por parte del Poder Ejecutivo" pero "en principio, desde la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en coordinación con el Ministerio de Vivienda, estamos pensando en exoneraciones totales", anunció el presidente de la ANV, Carlos Mendive.
En la Comisión de Vivienda de Diputados, Mendive dijo -según la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió El País- que la exoneración de estos tributos será del 100% para el caso de que los inmuebles se destinen a la venta. Si en cambio se destinan a arrendar, la exoneración será del 40% y "puede llegar al 100% si se alquila por medio del Fondo de Garantía de Alquileres".
El presidente de la ANV, explicó que "eso es porque a través de este Fondo podemos tener un control de los destinatarios de la política, ya que está definido que son beneficiarios los hogares de hasta ciertos ingresos e, implícitamente, hay un tope para el alquiler".
Con la ley a estudio del Parlamento, el gobierno busca que se amplíe la oferta de viviendas para sectores de ingresos medios y medios bajos, ya sea para que estos compren o alquilen. "Se ha identificado (...) que la inversión en vivienda de interés social ha sido muy baja en los últimos diez o 15 años", afirmó Mendive (ver gráfico).
A eso se suma que "en 2009 y en 2010 se ha producido una concentración" del desarrollo inmobiliario en Montevideo "en determinadas zonas de la ciudad y destinado a sectores de la población de ingresos medios altos y altos. Esto es evidente y se puede constatar sólo con recorrer la ciudad", indicó.
"Lo que se busca con el proyecto y a través de este mecanismo de beneficios tributarios es fomentar la inversión en viviendas de interés social para determinados sectores, pero también promocionarla en sectores de la ciudad de Montevideo en los que hoy no está desarrollada la actividad inmobiliaria", agregó.
En la reglamentación de la ley se van a "imponer topes de precios según las zonas, razonables de acuerdo con el costo de la construcción y a una rentabilidad dada del emprendimiento. Con estos mecanismos vamos a imponer que la inversión en vivienda pueda llegar a determinados sectores", adelantó el titular de la ANV.
Es que según habían acordado la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y el gobierno, el tope fijado desalentaría la construcción de este tipo de viviendas en la franja costera. También acordaron disminuir el porcentaje de las exoneraciones fiscales para la construcción de las viviendas allí en comparación con otros barrios, había dicho a mediados de marzo a El País el presidente de la Appcu, Ariel Cagnoli.
En la reglamentación, además, se establecerá un tope a la cantidad de inmuebles de un dormitorio que construya cada proyecto.
"Estamos viendo que las de un dormitorio tengan una limitante con relación a las de dos dormitorios: no podrán exceder determinado porcentaje (del total). No queremos que algunos proyectos se conviertan y tengan un uso que sea, por ejemplo, para oficinas", dijo Mendive en el seminario "Perspectivas de la industria inmobiliaria en 2011-2012" el pasado 23 de junio.
Además, indicó que "en principio" se está trabajando con la idea de que los proyectos que reciban beneficios tengan un máximo de 80 viviendas.
FINANCIAMIENTO
La ley a estudio de Diputados agrega un nuevo régimen de propiedad horizontal a los ya existentes. Uno de los que ya rige permite a los bancos privados financiar "en el pozo", esto es, desde el momento mismo de la construcción. Esto no rige hoy para el Banco República (BROU) que puede dar financiamiento para compra de vivienda una vez terminada.
Pero con la inclusión de otro régimen de propiedad horizontal se da la posibilidad al BROU de crear un crédito hipotecario aún antes de obtener la habilitación municipal final. Es decir, que permitiría al BROU la posibilidad de financiar a aquellos inversores en viviendas de interés social.
Bajo ese esquema el banco presta al inversor y puede novar ese préstamo, es decir lo puede transformar en pequeños créditos hipotecarios con ciertas garantías.
Garantías para 10.800 créditos
El crédito hipotecario viene en crecimiento pero aún está por debajo de los niveles de los 90 (ver gráfico aparte) que además es bajo en el comparativo internacional."Más allá de que podamos contribuir al acceso al crédito a través de un subsidio a la cuota, se identifica que una de las grandes restricciones es el ahorro necesario para acceder a un préstamo", dijo el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Carlos Mendive en la Comisión de Vivienda de Diputados.
Para eso, el proyecto de ley a estudio de esa Cámara, prevé la creación de un Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario que cubrirá el riesgo adicional que toma el banco de prestar más allá del 70% del valor de la vivienda.
Con el fondo, el crédito llegará hasta el 90% del valor de la vivienda con lo que el ahorro previo requerido baja del 30% al 10%.
De acuerdo a la presentación de Mendive, al comienzo el fondo garantizará 505 créditos por US$ 20,8 millones. En el año 20 de funcionamiento, prevé avalar casi 10.800 préstamos por unos US$ 320 millones.
Este fondo de garantía, será "para viviendas de interés social, por lo que tendrán que ser reglamentados los límites máximos de precios de viviendas" a avalar, afirmó el presidente de la ANV.
No hay comentarios:
Publicar un comentario