URUGUAY: Grado inversor y logros sociales dan respaldo a política económica

En dos semanas se echó por tierra uno de los mitos más arraigados en la ciencia económica y en la interna del gobierno: la dicotomía irreconciliable entre el mercado y las cuestiones sociales. ¿Crecer o distribuir? ¿Atender las exigencias de los fondos de inversión y las calificadoras de riesgo, o concentrar el esfuerzo en reducir la pobreza y la desigualdad? Esa ya dejó de ser la discusión en Uruguay.

El carné de ingreso al investment grade y la reducción histórica de la pobreza en cinco puntos porcentuales durante el último año, convalidan el rumbo de la política económica y le dan un fuerte espaldarazo al equipo conducido por el ministro de Economía Fernando Lorenzo y apadrinado por el vicepresidente Danilo Astori.

Todo el equipo salió el martes a la prensa a recibir los honores de Standard & Poor’s. Uruguay volvía, después de 10 años, a recibir el grado inversor de la mano de la misma calificadora de riesgo que tomó la iniciativa de degradar la deuda uruguaya al rango especulativo, en febrero de 2002. El discurso fue prudente. Las autoridades del ala astorista –a las voces del vicepresidente y el ministro, se sumó además la del presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, que completa el equipo– reconocieron el mérito que supone estar entre los países considerados “amigos de los mercados de capitales”, e insistieron en que desde hace tiempo estaban dadas las condiciones para la suba de la nota.

Pero Astori fue más allá y, en diálogo con El Observador, dijo que el grado inversor “confirma una trayectoria y una forma de hacer las cosas en Uruguay. Y si además, al mismo tiempo mejoramos los indicadores sociales, eso muestra que éste es el camino a seguir”.

Los logros principales que destacó Standard & Poor’s a la hora de subir la nota de BB+ a BBB- fueron “la mejora en el perfil de la deuda” y “la prudencia en el manejo fiscal”, dos factores que permiten al país “reducir sus vulnerabilidades a los choques  externos”.

Esa confianza generada es mérito del Ministerio de Economía, que logró duplicar en menos de tres años el porcentaje de la deuda en moneda local –se espera que para este año alcance al 50% de las obligaciones–.  Al mismo tiempo, el porcentaje de la deuda sobre el Producto Bruto Interno (PBI) se redujo de 71,2% al cierre de 2009 a 55,4% a fines del último año. Las grandes montañas de vencimiento fueron aplanadas y el plazo promedio de vencimientos se extendió de forma considerable.

La oposición y los economistas más ortodoxos reprochan al gobierno que Uruguay mantenga un déficit fiscal aun en el punto más alto del ciclo económico. La suba de calificación por parte de Standard & Poor’s da cuenta que ese desfasaje de 0,8% del PBI al cierre de 2011 –que en los primeros dos meses del año ascendió a 1,3%– si bien no es motivo de orgullo, tampoco incomoda demasiado. A la luz de las condiciones de mercado actuales es considerado por la calificadora “sostenible” a corto y mediano plazo.

La expansión económica no llegó con la conducción de los hombres de Astori. Uruguay acumula nueve años consecutivos de crecimiento –a un promedio anual de 5,3%, más de un punto por encima del potencial de largo plazo– y ningún economista pone en duda que se va a completar la década. En 2009 fue uno de los tres países en el mundo que eludió la recesión y a pesar de la crisis de los países desarrollados, de la desaceleración y los brotes proteccionistas en la región, Standard & Poor’s considera que “Uruguay adquirió la flexibilidad política para enfrentar con éxito el impacto de potenciales choques externos”.

Pero además, ese crecimiento económico vino acompañado por una mejora de los principales indicadores sociales. El desempleo cerró 2011 en 5,5%, el menor registro de la historia documentada, al tiempo que el poder de compra de los uruguayos retornó a los niveles perdidos de 1977.

Y esa mejora en las oportunidades se vio también en los sectores menos favorecidos. Los datos difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en 2011 tuvo lugar la mayor caída de la pobreza desde que hay registros comparables, de 18,6% de la población a 13,7%. Desde 2007 se redujo a poco más de la mitad. También cayó la indigencia –de 1,1% a 0,5%– y la desigualdad –de 42,1 a 40,1 puntos del índice de Gini–.

El ala más radical de la izquierda cuestionó en varias oportunidades el accionar del equipo de Astori, que a su juicio prioriza el desarrollo de una economía afín a los intereses del mercado en detrimento del bienestar de los uruguayos de menores ingresos.

El impuesto a la tierra, la aplicación de una rebaja drástica del IVA solo para los más necesitados, la posibilidad de utilizar las reservas para financiar programas sociales y obras de infraestructura, y la idea de aumentar los impuestos a las grandes empresas, fueron iniciativas que si bien no llegaron en su mayoría a concretarse, buscaban reforzar el sesgo redistributivo de la actual administración de gobierno.

Liderado por un grupo de técnicos de OPP y asesores de presidencia pertenecientes al MPP, el “equipo económico alternativo” tiene una visión más pragmática de las políticas sociales.

Busca resultados inmediatos a través de apuestas concretas que tienen como objetivo que el Estado zanje las diferencias que el mercado genera en materia de oportunidades.

Astori y su equipo, en cambio, apostaron por una visión de más largo plazo que conjuga la búsqueda de un mayor atractivo del país para los inversores, con la intervención directa del Estado solo para dar respuesta a las realidades más acuciantes.

Hoy, los números le dan el respaldo a este enfoque