Antes que Uruguay pueda estar en condiciones de avanzar en acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial previa con terceros países (fines de 2017 o 2018), deberá “modificar” la ley de acceso del secreto bancario, precisó a El Observador una fuente del Poder Ejecutivo.
Para expertos consultados, este no es un tema menor que cambia las reglas de juego actual sobre las cuales venía transitando el país para cumplir con las recomendaciones del Foro de Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Otros consideran que es un camino sin marcha atrás.
Para Juan Bonet, “los cambios” que primero deberá realizar Uruguay sobre el “secreto bancario”, para estar en condiciones de “cumplir” con el compromiso que asumió el pasado viernes en Berlín ante la OCDE para ir hacia acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial. Entendemos que el mundo va para ese lado, pero no fue la política que aplicó Uruguay hasta el día de hoy”, cuestionó.
En la misma línea, los catedráticos de Derecho tributario de la Universidad ORT, expresaron su visión crítica sobre los cambios que promueve la OCDE en países como Uruguay. “La presión para intercambiar información bancaria en forma automática viene de la OCDE. La OCDE es un club de países ricos, que atraviesan una larga crisis y por ello están desesperados por cobrar más impuestos. Uruguay no es un país rico, ni está en crisis, por lo que esta presión le es totalmente ajena a sus intereses”.
Consideraron que el intercambio automático de información bancaria es la “institucionalización de las tan criticadas expediciones de pesca. Y la crítica a las expediciones de pesca se deriva en que violan nuestra Constitución. Antes de realizar cualquier intercambio de información, el fisco uruguayo está obligado a darle la posibilidad de que el contribuyente se oponga. No es más que el derecho al debido proceso establecido en la Constitución. Derecho que no puede ser derogado por un tratado. En Uruguay los tratados no tienen un rango superior a la Constitución, están por debajo de ella y deben ajustarse a lo que ella establece”.
Para Bonet, toda la normativa que se sancionó a partir de 2011, previendo el relevamiento del secreto bancario por la firma de convenios con el exterior, “de alguna manera debe ser ajustada” porque está diseñada para intercambios “caso a caso”, y “previo requerimiento” que prevé que una autoridad uruguaya “controle” la pertinencia de cada pedido de un fisco extranjero.
Por su parte, para el economista Gustavo Licandro, “un mecanismo automático sin las garantía que otorga la participación del Poder Judicial, puede ser tremendamente arbitrario, tanto como arbitrarias sean las administraciones de otros países con aquellos contribuyentes a quienes quieran perjudicar por razones de cualquier tipo”. A su juicio, la OCDE “solo se preocupa por frenar los flujos de capitales hacia las economías emergentes”. En Uruguay pasó del 3% al 6% del PIB en los últimos años, recordó. “Un parte de ese ingreso de capitales proviene de Argentina, buscando seguridad jurídica en nuestro país donde se respeta el derecho de propiedad. Es inocultable el daño que podría causarnos la OCDE, si el flujo de capitales se enlentece por esta razón”, alertó Licandro.
Primer paso
Fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron ayer a El Observador que el compromiso que firmó Uruguay ante la OCDE en Berlín el pasado viernes “no implica abrir las puertas” para que terceros países (como Argentina) soliciten datos a Uruguay, sin necesidad de contar con una orden judicial. “Aún no hay ningún compromiso firme (ante la OCDE) y que sea de inminente aplicación para Uruguay”, precisaron las fuentes. “El compromiso de avanzar en el intercambio automático de información fiscal dependerá de la próxima administración de gobierno”, indicaron.
Asimismo, comentaron que si Argentina “tiene intensiones de avanzar” en un acuerdo de intercambio de información automático con Uruguay, hay que “negociar” un “nuevo tratado” tributario con la vecina orilla, ya que el que está vigente hoy no contempla esa posibilidad. “Esto no es un trámite. Es un proceso complejo”, afirmaron las fuentes del Ejecutivo.
Origen de la norma en crisis de EEUU
El origen del cambio que promueve la OCDE para los intercambio de información automáticos, surgió de ley Fatca (sigla en inglés que significa Foreign Account Tax Compliance Act) que aprobó EEUU tras la crisis financiera de 2008 y que obliga a los bancos y entidades financieras a remitir información a ese país sobre las cuentas de clientes e inversores estadounidenses.
Fuente: El Observador
http://www.elobservador.com.uy/noticia/291457/para-cumplir-con-ocde-uruguay-deberia-cambiar-secreto-bancario/
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