URUGUAY: desconcierto en el gobierno por trabas de Argentina a servicios

Como un balde de agua fría cayó en los Ministerios de Economía e Industria –que quedaron desconcertados– y entre los empresarios la noticia de que Argentina comenzará a exigir, desde  abril, una declaración jurada a las empresas de ese país que importen servicios por montos superiores a los US$ 100 mil anuales o realicen pagos mensuales de US$ 10 mil.

El tema ya fue motivo de contactos informales entre empresarios y autoridades ministeriales, que se vieron “sorprendidas” por la medida, según se informó ayer a El Observador desde el gobierno y el sector privado.

La magnitud del impacto en Uruguay de la nueva resolución argentina, no se puede medir con exactitud, de acuerdo a lo señalado por varios operadores del sector logístico y de servicios consultados. Es que no todos esos negocios pasan por Aduana o el Banco Central que son los organismos que llevan registros del comercio exterior. De todos modos, los empresarios coinciden que la medida “es negativa” y el negocio quedará sujeto a aprobaciones políticas.

Los servicios exportados por Uruguay al mundo en 2011 rondaron los US$ 3.000 millones y la mayoría se comercializó en la región, dijo a El Observador Javier Peña, coordinador del Comité de Exportación de Servicios de la Cámara de Comercio y Servicios. “Lo seguro es que la medida Argentina va a afectar a Uruguay”, opinó Peña. Entre setiembre de 2010 y setiembre de 2011, descontando los ingresos por transporte y turismo, las ventas de servicios uruguayos al exterior fueron por US$ 587 millones, según datos del Banco Central.

En los primeros nueve meses de 2011, Argentina contrató servicios del exterior por US$ 11.917 millones según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicados por el diario Clarín. “De ese total,  U$S 3.262  millones se utilizaron para contratar servicios de transporte, US$ 1.219 millones en concepto de regalías y US$ 1.390 millones entre servicios de arrendamiento, de compraventa y de asesoramiento, entre otros” publicó el matutino.

Desde la Cámara de Zonas Francas de Uruguay, se expresó a El Observador que el anuncio de Argentina, publicado el miércoles en su Boletín Oficial bajo la resolución 3.276, generó “gran preocupación” y ese será el primer punto del orden del día de la próxima reunión de directorio, la semana entrante.

Lo mismo dijo Alvaro Lamé, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que comenzará a evaluar con las empresas exportadoras el posible impacto de la medida argentina. 

“En la crisis de 2002, el sector sintió el cimbronazo porque estaba concentrado en Argentina, y hoy el 30% de las exportaciones va a EEUU que es el principal cliente” comentó. Esa situación de crisis llevó a ampliar los mercados y el sector creció fuertemente, dijo Lamé. “Ahora se está ante una política de un gobierno como el argentino por lo que el problema no será fácil de resolver”, comentó el empresario a El Observador.

Marcelo Lombardi, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios señaló que las trabas argentinas serán analizadas en la primera quincena de marzo en una reunión en Montevideo de las cámaras comerciales de Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, que ya confirmaron su asistencia. A partir de allí se verá “qué pueden hacer los empresarios” comentó Lombardi a El Observador.

En su opinión, Uruguay se encuentra “en medio de dos países cerrados por lo que deberá revisar su inserción internacional atendiendo sus intereses”. Dijo que no se avanza mucho con los acuerdos multilaterales, como el de la Ronda Doha que está trancado. Lo mismo ocurre con los acuerdos entre bloques, como el del Mercosur y la Unión Europea, donde Uruguay “va a la cola de la negociación y sus objetivos son diferentes de los de sus socios, por lo que solo queda el camino más difícil, pero propio, que es lograr acuerdos de libre comercio o similares para facilitar las exportaciones”, comentó el empresario. 

La medida argentina viene a reforzar la política proteccionista y de control de capitales que impone la administración de Cristina Fernández para proteger a la industria local. La decisión se suma a otros controles –licencias no automáticas; declaración anticipada de importación; y declaraciones ante la AFIP para cambiar dólares– todo lo cual retrasó el comercio de bienes con ese destino.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), diseñó un modelo de “ventanilla única” para controlar el comercio exterior de bienes que ahora se ampliará al rubro servicios, informó ayer El País.  La resolución 3.276 especificó que comenzará a regir el próximo 1º de abril pero será retroactiva a contratos que tengan pagos pendientes de cancelación. 

Abarcará a los servicios de información e informática; patentes y marcas; regalías, derechos de autor; primas por préstamos de jugadores de fútbol; servicios empresariales, profesionales y técnicos; servicios personales, culturales y recreativos; compra de activos no financieros; pagos por garantías comerciales por exportaciones de bienes y servicios; derechos de explotación de películas; videos y audios extranjeros; servicios de transferencia de tecnología y otras rentas pagadas al exterior.