El gobierno remitió ayer al Parlamento el
proyecto de ley que modificará el régimen de zonas francas contemplado en la
ley N° 15.921, y que mantiene en grandes líneas los beneficios que rigen para
los actuales explotadores de esos espacios. “Se mantienen todos los derechos
adquiridos en general”, dijo a El Observador el asesor jurídico de la Cámara de
Zonas Francas, Leonardo Costa.
Entre otros aspectos, el texto propuesto
modifica el nombre de los actuales espacios –que pasarán a llamarse Zonas
Económicas Especiales–, prohíbe el desarrollo de nuevos emprendimientos que
incluyan actividades industriales en el Área Metropolitana –considerada como un
radio de 40 kilómetros desde el centro de la capital– y sólo habilitarán
aquellas nuevas zonas que impliquen una significación económica relevante.
Sobre este aspecto, se exigirá una inversión de
al menos 7.000 millones de Unidades Indexadas (unos US$ 870 millones) o 1.000
millones de UI (US$ 124 millones) si tienen por objeto realizar procesos de
alto contenido tecnológico.
Al mismo tiempo, se limita los nuevos
desarrollos industriales en las zonas existentes a la ampliación de actividades
de usuarios existentes, realización de actividades complementarias, o
especializadas en sectores predeterminados, entre otros.
En el texto definitivo mantiene además la
intención oficial de flexibilizar el requisito mínimo de ocupación de mano de
obra nacional. Se mantiene la exigencia de 75% de empleados locales para el
sector industrial y comercial, pero propone reducirlo a 50% para las
actividades de servicios. También se faculta al Ejecutivo a aprobar porcentajes
menores de forma “transitoria” y de manera “fundada”.
Una de las preocupaciones del sector privado
apuntaba al hecho de que el cambio de nombre tuviera efectos sobre los
convenios internacionales suscritos por el país que consideran a esos espacios
como “zonas francas”. Desde el Ministerio de Economía informaron a El
Observador que ese riesgo “no existe”, y que se realizaron “todas las
consultas” para despejar esa posibilidad.
De todas formas, se escuchó a los privados que
pedían el mantenimiento del régimen vigente, y no su derogación. El Ministerio
de Economía era partidario de derogar la ley y aprobar una nueva norma, algo
que fue dejado de lado. “Esto obedece a que los diversos agentes involucrados
consideran un valor en sí mismo, como señal de estabilidad del régimen, el
hecho de mantener, aunque con modificaciones, la ley N° 15.921”, afirma el
Poder Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto de ley.
Temáticos
Como forma de fomentar parques especializados
se crearán además dentro del régimen las Zonas Temáticas de Servicios, que
permitirán la instalación de parques enfocados a las actividades de atención a
la salud; esparcimiento y entretenimiento; y audiovisuales.
Ese capítulo se trata de “una innovación
importante” que incorpora “un régimen diferente”, sostuvo Costa. Con esa nueva
modalidad se flexibilizarán criterios del régimen vigente como el impedimento
de realizar comercio minorista dentro de las zonas, la imposibilidad de habitar
o pernoctar en las mismas, y la restricción a la realización de actividades en
el resto del territorio.
Como forma de “asegurar” una correcta
utilización del régimen, el Poder Ejecutivo se reserva asimismo facultades de
establecer niveles mínimos de personal ocupado o de activos mínimos a las
firmas que ocupen las Zonas Económicas Especiales.
Como argumento para el cambio de nombre, el
gobierno defendió que “se ajusta mejor al mayor alcance del instrumento que se
está proponiendo”, al incorporar actividades que hoy no están contempladas en
el régimen” vigente. Además, los actuales “explotadores” pasarán a llamarse
“desarrolladores”.
