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9 de noviembre de 2012

El Senado uruguayo aprobó el intercambio de información fiscal con Argentina

La AFIP ya podrá pedir datos de inversiones, depósitos bancarios, propiedades, fideicomisos y acciones de firmas. El avance ya genera inquietud en algunos particulares y empresas                         





En medio de un clima de fuertes críticas al Gobierno argentino y una marcada desconfianza señalada en los discursos de la oposición, el Senado uruguayo aprobó ayer, sólo con los votos del Frente Amplio, el acuerdo de intercambio de información tributaria con la Argentina.

El acuerdo había sido suscrito en Colonia el 23 de abril. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) había exigido a Uruguay firmar acuerdos de transparencia tributaria con Argentina y Brasil para salir de la lista de países sospechados de lavar dinero.

En la Cámara alta uruguaya, el oficialismo defendió la ratificación del acuerdo que permitirá entregar información de inversores argentinos sin que esos datos puedan utilizarse retroactivamente. Sin embargo, representantes blancos y colorados pusieron en duda que ese aspecto se vaya a respetar por parte de Argentina. En realidad, pusieron en duda el cumplimiento de todo el tratado informa El Observador de Uruguay.

El gobierno de Mujica es “sumiso” y se pone “de rodillas” ante Argentina dijo el senador Francisco Gallinal calentando el debate. De inmediato el oficialismo uruguayo pidió la palabra para criticarlo y rechazar la acusación.

También los senadores opositores advirtieron sobre el impacto negativo en las inversiones inmobiliarias que provocó el sólo hecho de anunciarse el tratado. Pero el Frente Amplio rebatió ese argumento basándose en datos de la Intendencia de Maldonado donde los pedidos de construcción se mantienen inalterables.

La oposición fue más allá cuando el senador colorado José Amorín afirmó que Argentina utilizará el acuerdo para “perseguir políticamente” a quienes no piensen como el gobierno.
Pedro Bordaberry, basó sus críticas en el hecho de que se está entregando “el secreto bancario”.

Los blancos volvieron a criticar la política exterior cuando el senador Gustavo Penadés reclamó algún resultado en el vínculo con Argentina.

Fue entonces Jorge Larrañaga quién explicó que rechazaba el acuerdo tributario por razones de principio, por desconfianza y por prudencia. “En el fondo estamos asistiendo a la implementación de un ‘gran hermano’ tributario que puede tener perjuicios insospechados para nuestro país” acotó.

En el tratamiento que tuvo el proyecto en la comisión de Asuntos Internacionales algunos técnicos sugirieron incorporar un apartado aclarando la no retroactividad de la información que se envié a Argentina.

Sin embargo, ese instrumento sólo tendría validez para Uruguay y debería ser comunicado a la otra parte.

Finalmente el Frente Amplio decidió no emitir ninguna aclaración y que sean los discursos de los senadores los que especifiquen el espíritu con el cual se aprobó el tratado.

Pero la oposición tampoco cree que el gobierno se parará firme ante Argentina ante un eventual incumplimiento. Ope Pasquet dijo que no cree que el gobierno vaya a denunciar el acuerdo porque la estrategia “es soslayar el incumplimiento” esperando algún beneficio de Argentina.

Qué información le podrá pedir la AFIP a Uruguay
A partir de la ratificación del acuerdo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá posar su lupa en diversas actividades que los argentinos realizan en Uruguay. Concretamente, apuntará a las inversiones, las acciones de sociedades, depósitos bancarios, plazos fijos, propiedades y fideicomisos, entre otras.

Tal modificación viene acompañada de una reciente ley que el Gobierno del país vecino sancionó, por la cual creó un registro de titulares de acciones al portador.

Al respecto, Gerardo Tasende, Socio Director de GTS Uruguay, remarcó que "una novedad importante en esta orilla, con repercusiones en la Argentina, es que está vigente una nueva norma que es una pieza clave para que se obtengan datos de las inversiones o intereses económicos de argentinos".

Carlos Fernández, gerente de Impuestos de Crowe Horwath explicó a iProfesional.com que, según los preceptos de esta ley, que tiene plena vigencia desde el 1 de agosto pasado, "los titulares de participaciones al portador deberán proporcionar a la entidad que emitió las mismas datos sobre su identificación, así como también de quién desarrolle tareas de tenencia, custodia o representación".

Así, pese a que antes las acciones eran al portador -por lo que no se conocía quién era el dueño-, por medio de esta norma ahora sí podrá saberse toda la información que, incluso, podrá llegar a manos del organismo a cargo de Ricardo Echegaray.

No obstante, es importante recordar que las entregas de datos no serán automáticas. La información que puede reclamar alguno de los fiscos debe manifestarse por escrito.
 
Sólo se podrán proporcionar:
  • Datos en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona que actúe en calidad de mandatario o fiduciario.
  • Documentación vinculada a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos (incluye información sobre los fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios) y fundaciones (como ser fundadores, miembros del consejo de administración y beneficiarios).
  • Información de accionistas, socios, vinculación y constitución de las sociedades.
"Es importante mencionar que en el punto 4 del artículo 2 se establece que el acuerdo no incluye medidas dirigidas a la recolección de evidencias de carácter especulativo y, además, que no se habilita la actuación de inspectores de la AFIP en Uruguay y viceversa", detalló Tasende

El segundo aspecto relevante tiene que ver con la doble imposición. En este sentido, Tasende explicó que "se garantiza que los impuestos a la renta o al patrimonio pagados en Uruguay serán deducidos en un monto igual al abonado" en Argentina.

El experto explicó que se fijó que la deducción no podrá exceder el tributo aplicado a nivel local, por lo que "el contribuyente continuará pagando por la alícuota más alta entre los dos países y no por la suma de los gravámenes en ambas naciones", afirmó.

El profesional puntualizó que los impuestos comprendidos son en particular:
  • En Argentina: Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales.
  • En Uruguay: los impuestos a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a la Renta de los No Residentes (IRNR), a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y el Impuesto al Patrimonio.
También se aplica a los tributos de naturaleza análoga, que se fijen en el futuro por ambas legislaciones.

Otro de los puntos clave del convenio es el que atañe a la retroactividad. Los especialistas explicaron que el acuerdo no será retroactivo. Por esta razón, Uruguay sólo podrá brindar datos para las fechas solicitadas por la AFIP pero no notificará desde hace cuánto el titular posee ese bien o activo, ni brindará detalles sobre tenencias que podría haber tenido en forma previa a la validez del convenio y que ya no tiene.

Tasende aclaró que la solicitud por escrito de una de las administraciones deberá incluir un pedido de "datos de períodos fiscales que inicien después de la fecha de entrada en vigencia".

Las claves, rubro por rubro
Los expertos consultados por iProfesional.com explicaron cuáles serán las principales implicancias de la medida, y cómo afecta a los titulares de cuentas bancarias, plazos fijos, propiedades u otros activos.

- Inversiones en el país vecino: Rodolfo Canese Méndez, socio de Impuestos de KPMG en la Argentina, afirmó que la AFIP no podrá pedir un listado de los argentinos que poseen actividades en Uruguay.

Y esto es así debido a que "el punto 4 del artículo 2 establece que el Acuerdo no incluye medidas dirigidas únicamente a la simple recolección de evidencias con carácter meramente especulativo (fishing expeditions)".

- Depósitos bancarios y plazos fijos: el especialista de KPMG sostuvo que puede requerirse información sólo "en el caso en que el contribuyente se encuentre bajo inspección, el fisco tuviera firmes sospechas de la existencia de los fondos y pudiese justificar el período, la naturaleza, el fin y los motivos por los cuales la información solicitada es previsiblemente relevante para la administración y aplicación de gravámenes, como puede ser el Impuesto sobre los Bienes Personales".

Lo mismo sucede si se trata de datos de un plazo fijo constituido en el país vecino. En efecto, el experto explicó que el requerimiento puede llevarse adelante "sólo si se inicia un proceso de fiscalización en la Argentina y se puede justificar el intercambio de información, según lo establecido en el punto 5 del artículo 5" del acuerdo.

Y especificó que "la diferencia con el pasado es que, en el caso de una inspección, el fisco argentino puede pedir información al fisco uruguayo".

- Sociedades en Uruguay: en cuanto a las empresas que pueden poseer un inversor nacional en Uruguay, Enrique Scalone, socio del estudio que lleva su nombre, indicó al respecto que "el acuerdo firmado prevé la posibilidad de que la AFIP solicite datos sobre identificación de propietarios de sociedades".

"El nuevo régimen de identificación de accionistas de sociedades con papeles al portador, si bien es independiente del convenio, ha venido en la práctica a complementar los efectos de los pedidos, dado que el Estado uruguayo, a través de la intervención del organismo central bancario y de la Auditoría Interna de la Nación, pasará ahora a contar con datos de accionistas de los que hasta el momento carece", destacó.

Y agregó: "A partir de este nuevo régimen, la exención existente en Uruguay para las utilidades por ventas de acciones al portador pasa a carecer de sentido y es de esperar que sea derogada en el futuro cercano".

Sin embargo, aclaró que "el convenio no significa que la AFIP pueda hacer fishing expeditions, es decir, que no está facultada para solicitar listados masivos de accionistas, sino que debe reclamar datos sobre casos concretos y fundamentando los motivos que llevan a hacer el pedido".

Asimismo, remarcó que "es necesario que el organismo de recaudación justifique la necesidad de contar con esos datos y que haya agotado todos los medios en la Argentina para hacerse de los mismos".

"A su vez, la autoridad fiscal uruguaya correrá vista a los contribuyentes afectados por el pedido de información permitiendo que ellos formulen eventualmente objeciones a la solicitud del fisco local", indicó.

Por otro lado, explicó que "en caso de que las utilidades obtenidas por la compañía uruguaya sean declaradas por el empresario argentino como renta de fuente extranjera, podrá computar el impuesto que se tribute en Uruguay como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias que el accionista pague en la Argentina sobre dichas rentas".

"Si el fisco argentino, con la información obtenida, detecta un activo omitido en las declaraciones ante él, podrá intimar al contribuyente para que ingrese el pago de los gravámenes correspondientes no sólo por ese período, sino también por todos aquellos no prescriptos. Esto por cuanto la no retroactividad prevista en el convenio es aplicable sólo para los períodos por los cuales la información es solicitada por la AFIP, pero no limita a ésta para determinar impuestos por años anteriores", concluyó.

- Fideicomisos: al respecto, Edelstein resaltó que "la tributación en Uruguay depende de la naturaleza y actividad que desarrolle el fideicomiso" y aclaró que "nuevamente, el acuerdo podría permitir a la autoridad fiscal obtener datos relevantes para la aplicación de los impuestos vigentes en la Argentina".

"La información a proporcionar estará referida a la existente a dicha fecha y con relación a los períodos fiscales que se inicien a partir de la misma; o cuando no exista período fiscal, para los cobros de tributos que surjan desde dicha fecha", sostuvo Edelstein.

Y concluyó: "Si bien habrá que esperar para ver en la práctica cómo opera el convenio, a priori la aplicación no retroactiva que rige para el suministro de información no parecería impedir que la AFIP, en base a lo que pudiera obtener a través del intercambio de datos, producto del acuerdo -sumada a otra evidencia y/o elementos de prueba que ya posea sobre actividades y operaciones del contribuyente referida a ejercicios anteriores- pueda formular cargos por los períodos fiscales no prescriptos".

- Inmuebles y propiedades: sobre este aspecto, Edelstein explicó que, ya sea que se usen para veranear o para alquilar, y siempre que sea "siguiendo los recaudos ya mencionados en cuanto a la identificación del caso específico analizado, y tras haber agotado todos los medios disponibles para indagar en la esfera local, la autoridad fiscal podrá solicitar información a las autoridades uruguayas".

Fuente: iprofesional 08/11/2012
http://impuestos.iprofesional.com/notas/148338-El-Senado-uruguayo-aprob-el-intercambio-de-informacin-fiscal-con-Argentina

18 de octubre de 2011

URUGUAY: entrevista a Pablo Sitjar sobre bancarización en el país

Como tenemos una población envejecida, el público es conservador y naturalmente reticente a usar equipos electrónicos

En los países donde se ha promovido la bancarización, los niveles han aumentado a través de incentivos fiscales, que generalmente no son simpáticos porque hay que forzar al público para que se "bancarice", afirmó el contador Pablo Sitjar, director de Renmax Sociedad de Bolsa y vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. El entrevistado también analizó la situación y perspectivas del mercado de capitales en Uruguay. A continuación un resumen de la entrevista.

-¿Cómo evalúa la situación del sistema bancario uruguayo?

-Tiene la mayor solidez que se haya visto en muchas décadas. El sistema es líquido, tiene bajos niveles de riesgo de crédito en una economía que crece y la exposición es pequeña. La debilidad de la banca uruguaya consiste en que carece de rentabilidad. Si bien esto puede atribuirse a un excesivo número de instituciones bancarias en la plaza, también obedecería a otros factores, tales como el proceso de ajuste resultante de la experiencia bancaria traumática de 2002.

-¿De qué modo podría recuperar rentabilidad el negocio bancario en Uruguay?

-Aunque hoy todavía prima el conservadurismo en el negocio bancario local, tarde o temprano las instituciones van a tomar mayores riesgos dado que la baja de las tasas de interés en el mundo ha afectado sensiblemente su rentabilidad. La tasa Libor al 5% en 2003 generaba una rentabilidad muy buena con escasísimo riesgo para la banca local. Pero hoy, con una tasa de prácticamente cero en dólares, no es negocio para los bancos captar depósitos, salvo que tengan la certeza de que los van a prestar de inmediato.

El desafío está en que la banca local salga a conceder créditos. Sin embargo, habrá que evitar lo que ocurrió en la segunda mitad de la década del noventa cuando los bancos empezaron a tener problemas de rentabilidad, y se apresuraron a prestar a los sectores inmobiliario y automotor, que luego fueron los que crearon mayores problemas. Actualmente, la normativa se ha ajustado mucho y no es predecible que eso ocurra. El reto, entonces, es aumentar la rentabilidad sin incurrir en riesgos con la capitalización.

-Últimamente se ha hablado mucho de aumentar la bancarización de la población. ¿Cuál es la tendencia para el corto y mediano plazo?

-El incremento de las operaciones a través de equipos electrónicos, sobre todo en el sistema de pagos, es inexorable en todo el mundo por una cuestión de costos de las instituciones bancarias. Quizás este fenómeno se dé más lentamente en Uruguay.

-¿A qué obedece la lentitud con que avanza ese proceso?

-Se debe tener en cuenta que Uruguay tiene una población envejecida. Ese público es naturalmente conservador y, por lo tanto, reticente a utilizar la banca electrónica. En los países donde se ha promovido la bancarización, los niveles han aumentado a través de incentivos fiscales, que generalmente no son simpáticos porque hay que forzar a la gente para que se "bancarice". Me refiero a que cualquier incentivo fiscal implica que se va a cobrar un impuesto si los usuarios persisten en seguir operando como lo hacían anteriormente, es decir que hay un componente forzoso considerado invasivo.

-¿No habría más gente bancarizada si los servicios bancarios no fueran tan onerosos?

-Por cierto que sí, pero hay que pensar por qué esos servicios son caros. Si fuera porque la banca está generando grandes ganancias, evidenciaría falta de competencia en la plaza, lo que se resolvería habilitando más licencias bancarias. Como ese no es el caso, los costos de operar con los bancos reflejan los costos de las propias instituciones financieras. Entonces, para reducirlos se puede recurrir a reformas microeconómicas que son complicadas de implementar en una actividad donde más de dos tercios de los costos están directa o indirectamente relacionados a los salarios.

Mercado de capitales

-¿Por qué son pocos los inversores uruguayos que recurren al mercado local de capitales y también son escasas las empresas que emiten títulos bursátiles?

-Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, más de cuarenta empresas uruguayas cotizaban acciones en la Bolsa de Valores. Sin embargo, una baja regulación, poca protección a los accionistas minoritarios y escasas limitantes para operar con información privilegiada contribuyeron paulatinamente a que el mercado de capitales se fuera reduciendo. A ese proceso se le agregó la crisis de deuda de la década del ochenta, que afectó particularmente a las empresas que cotizaban en bolsa.

-¿Es muy difícil reactivar a un mercado accionario que ha tocado fondo?

-Sí. En primer lugar, las grandes empresas que operan localmente han pasado a manos de compañías extranjeras. Por una cuestión de economía de escala, ahora les resulta más conveniente hacer una emisión de acciones en la Bolsa de San Pablo o de Nueva York que en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). En segundo término, las empresas medianas, que aún son propiedad de capitales uruguayos y están en condiciones de emitir acciones, tendrían que abrir su información al público para transmitirle al inversor los datos relevantes; pero eso también va en detrimento de ellas mismas ya que están en crecimiento y compiten con compañías multinacionales. Estas no presentan su información en Uruguay y, además, los datos de la subsidiaria local quedan encapsulados en los balances de la casa matriz, que es la que emite acciones.

Todos esos factores apuntan a que sea difícil recurrir al mercado de capitales en una plaza pequeña. No obstante, esa situación se ha superado en otros mercados y, quizás, se dé en Uruguay cuando las necesidades de inversión de las empresas públicas, compañías multinacionales y Pymes uruguayas no puedan crecer más con fondos propios y tengan que recurrir a la apertura de su capital a terceros.

-Según un diagnóstico del Banco Mundial realizado el año pasado, el mercado de valores privados en Uruguay es "pequeño" y, por tanto, ha tenido "un rol mínimo como fuente de financiamiento para el sector privado". ¿Qué hace falta para superar ese hándicap del mercado de valores?

-Habría que pensar el mercado de valores del mismo modo como está pensada toda la industria uruguaya que apunta a la región. Por ejemplo, el desarrollo de la industria bancaria no está dado en función del mercado local, sino de los mercados vecinos. Por lo tanto, la BVM va a recuperar importancia en la medida que esté integrada a una estrategia regional. En ese caso, Uruguay podría convertirse en la puerta de entrada o el lugar más eficiente donde las empresas de la región coticen sus títulos por la seguridad jurídica, la transparencia, el régimen fiscal, la facilidad del movimiento de capitales, etc., es decir sería más eficiente emitir aquí. En resumen, la BVM tiene un futuro muy interesante como prestador de servicios al mercado de capitales de la región y no necesariamente a las empresas uruguayas.

-Entre otras acciones, el informe del Banco Mundial recomendaba la creación de una "bolsa especializada para pequeñas empresas de rápido y alto crecimiento". ¿Se ha hecho algo al respecto en la Bolsa de Valores de Montevideo?

-Esa recomendación es válida con la idea de atraer capitales a Uruguay. En la BVM se está trabajando para dinamizar a la institución. Un aspecto a considerar es que las bolsas son prestadoras de servicios y para que cumplan esa función debe haber un oferente y un demandante. Pero eso trasciende a lo que puede hacer la Bolsa. Se requieren incentivos para la creación de pymes y debe haber un número suficiente de este tipo de empresas para que el inversor pueda diversificar su portafolio ya que sus títulos tienen altísimo riesgo. Estados Unidos lo puede hacer porque allí operan millones de pymes. Indudablemente, la escala es muy importante para darle continuidad a este negocio.

Títulos

-¿Cómo está operando el mercado de obligaciones?

-Fundamentalmente, las empresas públicas y las empresas privadas nacionales recurren al mercado de obligaciones porque las compañías internacionales tienen acceso a un financiamiento más favorable afuera de Uruguay. Esta modalidad les ofrece a las empresas uruguayas un financiamiento a mediano plazo en condiciones favorables que no obtendrían de otra manera.

-¿Qué trabas existen para que ese tipo de títulos no se desarrolle más?

-Hay pocas empresas nacionales que recurren al mercado de obligaciones porque en su mayoría son productoras de commodities y al ser generadoras de divisas extranjeras, su riesgo es muy interesante para organismos multilaterales de créditos y agencias de desarrollo. Como el fomento de las exportaciones de países de las características de Uruguay está dentro de los mandatos de dichas entidades, les otorgan préstamos a tasas muy convenientes.

-¿Cómo evoluciona la creación de fideicomisos?

-El mecanismo del fideicomiso es muy atractivo para los inversores, pero está limitado a las empresas que pueden generar flujos de caja independientes. De todos modos, existen otras limitaciones porque, a pesar de ser un patrimonio independiente, el balance de la empresa es una limitante. Por ejemplo, si las empresas estatales que no están en una buena situación de capitalización pudieran emitir fideicomisos, les resultaría un mecanismo válido.

Hay que fijar límites absolutos al apalancamiento de los bancos
-Según Santiago Carbó, profesor de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada, "el negocio financiero está cambiando de forma drástica. La banca postcrisis será un negocio de escasos márgenes, con estricto control regulatorio, una actividad algo más aburrida incluso". ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Desde la crisis de 2008 se viene dando una discusión acerca de qué hacer con el negocio bancario futuro y disminuir el riesgo moral. La banca tiene la particularidad de que es una empresa privada, pero al mismo tiempo es una empresa de interés público. Como opera con un nivel de apalancamiento muy alto, por lo general los bancos tienen un nivel de capital sobre activos, dependiendo del tipo de activos, de entre el 5% y el 10%. Por tanto, cualquier variación macroeconómica o cualquier efecto de una mala gestión pueden erosionar esa base de capital. Además, la banca trabaja con los medios de pago del público y, por ende, es una actividad fiduciaria. El banquero maneja fondos de terceros, quienes delegan en él la función de recircular ese dinero en la economía para otorgar préstamos a los agentes demandantes. Ese principio básico se dejó parcialmente de lado con la desregulación de la década del noventa, con lo cual se perdió relativamente el control de lo que hacían los bancos. Como estos manejan los ahorros públicos ameritan un grado de supervisión mayor.

-¿Por qué algunos académicos estiman que la actividad bancaria se convertirá en un negocio aburrido?

-Se debe a que, con la baja de las tasas de interés registrada en las últimas dos décadas, la rentabilidad de la banca ha ido disminuyendo. Por esa razón, el sector bancario fue buscando otro tipo de negocios vinculados, aunque no son esenciales a la actividad de la banca tradicional que básicamente captaba depósitos y los prestaba. Así fue como los bancos comerciales norteamericanos de primer nivel se involucraron en los negocios de banca de inversión, con lo cual quedaron más expuestos al riesgo. Esa actividad se desarrollaba bajo el mismo paraguas que protegía a los ahorros de los depositantes. Por eso, la tendencia actual se guía por la Regla Volcker que propone limitar la especulación, es decir que no se permita especular a los bancos con capital propio porque esos fondos están para proteger al depositante. Si quieren especular, pueden hacerlo aparte del balance del banco.

-¿Qué cambios tendrán que darse para hacer al sistema financiero más fuerte y fiable?

-En todo el mundo, los gobiernos están procurando capitalizar los bancos, pero resulta difícil hacerlo en medio de una crisis. La capitalización les baja la rentabilidad, con lo cual el mercado accionario los penaliza y les resulta más costoso aumentar el capital. En definitiva, una supervisión más orientada al sentido común y menos a la creencia absoluta en modelos cuantitativos que en períodos críticos no funcionan tan adecuadamente. Se podría recurrir a aspectos específicos en la normativa bancaria como, por ejemplo, ver si está bien medir los riesgos de los activos en función de lo que se coloca, o de su volatilidad, o de su correlación estadística. Pero, definitivamente, tienen que fijarse límites absolutos al apalancamiento y reconocer filosóficamente, desde el punto de vista de los Estados, que un banco no es una empresa privada cualquiera.

No existe un verdadero mercado de futuros cambiarios
-A pesar de una cierta mejora, Uruguay sigue siendo un país con alta dolarización, donde las empresas tienen mucha exposición cambiaria en sus balances financieros y flujos netos de ingresos. ¿Se recurre al mercado de futuros cambiarios para cubrir los ingresos operativos en moneda extranjera ante una eventual devaluación del peso?

-Si bien hay agentes que cotizan transacciones de futuros cambiarios en la plaza uruguaya, no existe realmente un mercado de ese tipo donde se pueda comprar y vender con fluidez, ni donde se pueda saber con un cierto grado de razonabilidad a cuánto se va a cotizar la divisa estadounidense dentro de seis meses con un spread de compraventa razonable. Si bien cabe la posibilidad de comprar o vender futuros, esas operaciones resultan muy costosas para cualquier empresa porque los spreads son muy altos. Esto responde en buena medida a que no se ha formado un mercado verdadero.

-¿A qué obedece ese vacío?

-Para ello se requiere la existencia de un mercado de dinero fluido en la moneda local, que no lo hay en Uruguay. Si un inversor quiere colocar pesos, conoce las tasas de interés que pagan las Letras de Tesorería del gobierno uruguayo. Es decir, se tiene una señal de tasas pasivas, pero no existe una señal de tasa activa interbancaria en pesos fluida y de corto plazo. En otras palabras, el verdadero costo de un forward es totalmente incierto.

Una posibilidad de facilitar la fluidez del mercado de dinero en pesos uruguayos sería que se formalizara el mercado de "repos" (sigla en inglés de operaciones de venta con pacto de recompra). Tanto en el mercado de futuros en monedas como en el mercado de repos, la Bolsa de Valores de Montevideo podría desempeñar un rol importante, porque facilitaría a los inversores individuales un acceso a esos instrumentos y le daría liquidez a dicho mercado.

-¿Qué beneficios estima que podría ofrecer un mercado de repos?

-Sin duda contribuiría a desdolarizar la plaza local porque habría muchos más inversores dispuestos a comprar títulos en pesos uruguayos y en unidades indexadas a largo plazo si tuvieran la seguridad de que, en caso de necesidad de liquidez temporaria, podrían colocar esos papeles en "repos" y hacerse de dinero.

Las operaciones de venta con pacto de recompra consisten en una transacción por la cual una persona deja sus títulos en garantía al banco por un valor de 100 y le prestan 80 a cambio.

Las ventajas del mercado de repos son, entre otras, que genera mayor demanda por títulos de largo plazo denominados en pesos. Al existir más demanda por títulos de largo plazo, se reduce la tasa de interés a la que el inversor está dispuesto a comprar títulos del gobierno, con lo cual desciende el costo del fondeo para el Estado. Este proceso, al mismo tiempo, contribuye a bajar las tasas en pesos y hacerlas menos volátiles y que, en un momento de iliquidez, haya menor oferta de esos títulos y menos riesgo de caída de precios y, en consecuencia, que el costo de cubrirse sea mucho menor.

Ficha técnica
Pablo Sitjar, uruguayo, 43 años, es contador público egresado de la UdelaR y máster en ciencias de la administración por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Actualmente es director de Renmax Sociedad de Bolsa y vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). Trabajó en la mesa de operaciones de mercados emergentes de Goldman Sachs en Nueva York durante tres años y fue gerente financiero del Banco Surinvest. Es profesor en los cursos de Máster en Finanzas de la UdelaR y de la Universidad de Montevideo.