29 de febrero de 2012

ARGENTINA: Zonas Francas de Uruguay temen por impacto de las trabas

La preocupación por las trabas de Argentina llegó a los trabajadores. El Pit-Cnt reclamó firmeza al gobierno y anunció que iniciará contactos en la vecina orilla. Las zonas francas dan por descontado un impacto y realizan estudio para cuantificarlo.
Todo parece indicar que el gobierno uruguayo deberá incorporar a la agenda de negociación con las autoridades de Argentinas, las restricciones que comenzarán a aplicarse desde el próximo 1º de abril sobre las empresas argentinas que contratan servicios del exterior (incluido Uruguay). El sector privado anticipa que habrá un impacto y está alerta por las consecuencias que se puedan generar a partir de la declaración anticipada que se deberá hacer.
Uno de los negocios que vislumbra efectos es el de las zonas francas que está recabando información para cuantificar el mismo. El presidente de Costa Oriental y directivo de la Cámara de Zonas Francas, Daniel Carriquiry, dijo ayer a El País que el sector está asimilando el tema (por las barreras) "con mucha preocupación". En ese sentido, informó que a través de la Cámara de Zonas Francas se le solicitó a los desarrolladores de estos exclaves que analicen cuáles serían los efectos de esta medida (que aún no está vigente).
"Evidentemente hay muchos casos de contratos logísticos, así como de servicios de profesionales que trabajan con Argentina", advirtió Carriquiry. El empresario admitió que se da por descontado que "habrá demoras" en la aprobación de los contratos que superan los montos que fija la nueva traba argentina. Precisamente, las Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS) que exigirá Argentina desde el 1º de abril abarcan a todas aquellas operaciones que superen los US$ 100.000 anuales o pagos mayores a los US$ 10.000 mensuales.
Esta nueva barrera también es motivo de análisis y preocupación por parte del gobierno. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, advirtió el lunes en el Consejo de Ministros por el impacto que podrían causar las DJAS sobre los servicios logísticos y consultorías uruguayas. La Cámara de Zonas Francas analizará esta semana el resultado del estudio para luego plantearle la información al Ministerio de Economía.
"En el sector logístico (dentro de las zonas francas), es claro que el destino final de la mercadería es Argentina en un porcentaje que están entre un 30% y 35%", estimó Carriquiry.
"Evidentemente todo este tipo de medidas genera un desestímulo de las empresas del exterior en trabajar con este destino", comentó.
Carriquiry recordó que con la aplicación de las licencias no automáticas por parte de Argentina ya habían provocado un efecto en la operativa de las zonas francas uruguayas porque varias empresas decidieron instalarse en la vecina orilla para sortear estas barreras.
Por su parte el empresario Carlos Lecueder, principal de World Trade Center Free Zone, dijo que a priori esta medida no sólo afectaría a las zonas francas sino a todos los profesionales uruguayos que venden sus servicios a la vecina orilla. "Este es un paso más que da Argentina en contra de Uruguay, sin que el gobierno (uruguayo) tenga una actitud muy dura ante estos hechos", criticó.
"El gobierno argentino es el conjunto de todo lo que no hay que hacer. Lo están haciendo a costas de un país que es rico con las pocas reservas que le van quedando. El día que no les quede nada, van a hacer las cosas seriamente. Mientras tanto, a Uruguay le siguen haciendo mal con un proteccionismo absurdo que no existe más", rechazó Lecueder.
En la misma línea, el CEO de la zona franca Aguada Park, Francisco Ravecca, dijo que la vecina orilla continúa imponiendo obstáculos "ridículos" que terminan perjudicando a Uruguay. De todas formas, el empresario destacó el "lado positivo" de esta política argentina. Según Ravecca, el atractivo de los inversores extranjeros seguirá siendo instalarse en Uruguay para recalar en Brasil que es y seguirá siendo el "motor" de la región. "Por ahora, nos estamos beneficiando de los disparates que está haciendo Argentina, porque los inversores desisten de este destino y escogen a Uruguay porque asegura reglas de juego claras en el mediano plazo", explicó.
Por su parte, el presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Alejandro Bzurovski, advirtió a El País que Uruguay necesita la mayor cantidad de Tratados de Libre Comercio (TLC) en vista de las restricciones comerciales que atraviesa la región. "A partir del próximo año, Argentina nos va a generar competencia desleal en muchos sectores", adelantó. El titular de la UEU recordó que el plan de sustitución de importaciones que está aplicando la vecina orilla vence en 2020.
Sindicato. Pero la inquietud no solo llega a los empresarios. El Pit-Cnt está "preocupado" por la pérdida de fuentes de trabajo que puede concretarse si persisten las trabas al comercio con la vecina orilla. El próximo viernes la central sindical recibirá al canciller, Luis Almagro, para plantearle algunas propuestas para buscar una rápida solución. El coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, dijo ayer a El País que el gobierno debe "apostar" a la negociación porque es el único camino posible para encontrar una salida a las trabas comerciales. "No hay forma de negociar con Argentina que no sea apostando a la negociación; el gobierno debe fortalecer su postura negociadora para que se acelere el diálogo con encuentros que permitan buscar una puertita que pueda destrabar esta situación", reclamó.
Castillo señaló que la central sindical está haciendo un monitoreo "constante" de la evolución del problema. "Estamos ultimando los detalles para viajar a Buenos Aires y reunirnos en marzo con las tres centrales sindicales de ese país. Además, pensamos tener un contacto institucional con autoridades del gobierno argentino", anunció. En ese marco, el gremialista no escatimó críticas para el sector empresarial uruguayo que le reclama una solución al gobierno. "No sé si la Cámara de Industrias, además de reclamarle al gobierno, está haciendo algo con su par de Argentina", se preguntó Castillo.
El sindicalista dijo que la central ya mantuvo dos reuniones con la Unión de Exportadores y otra con un empresario que "está complicado" porque tiene dificultades para exportar libros a Argentina.
Por otro lado, Castillo recordó que el Pit-Cnt instaló el pasado mes en la agenda de la Coordinadoras de Centrales Sindicales del Mercosur el tema de las trabas comerciales con Argentina para su análisis en el próximo encuentro de abril. De todas formas, Castillo aclaró que las medidas que está tomando Argentina son "legítimas" porque tiene como objetivo proteger a su industria.
"La salida está en buscar una puerta que permita el ingreso de los productos uruguayos porque no hacemos mella a su comercio interno", culminó.
El lunes, el Consejo de Ministros definió que una comisión integrada por Cancillería, Economía e Industria, realice un análisis sobre el impacto de las medidas para definir qué acciones aplicar.

24 de febrero de 2012

URUGUAY: desconcierto en el gobierno por trabas de Argentina a servicios

Como un balde de agua fría cayó en los Ministerios de Economía e Industria –que quedaron desconcertados– y entre los empresarios la noticia de que Argentina comenzará a exigir, desde  abril, una declaración jurada a las empresas de ese país que importen servicios por montos superiores a los US$ 100 mil anuales o realicen pagos mensuales de US$ 10 mil.

El tema ya fue motivo de contactos informales entre empresarios y autoridades ministeriales, que se vieron “sorprendidas” por la medida, según se informó ayer a El Observador desde el gobierno y el sector privado.

La magnitud del impacto en Uruguay de la nueva resolución argentina, no se puede medir con exactitud, de acuerdo a lo señalado por varios operadores del sector logístico y de servicios consultados. Es que no todos esos negocios pasan por Aduana o el Banco Central que son los organismos que llevan registros del comercio exterior. De todos modos, los empresarios coinciden que la medida “es negativa” y el negocio quedará sujeto a aprobaciones políticas.

Los servicios exportados por Uruguay al mundo en 2011 rondaron los US$ 3.000 millones y la mayoría se comercializó en la región, dijo a El Observador Javier Peña, coordinador del Comité de Exportación de Servicios de la Cámara de Comercio y Servicios. “Lo seguro es que la medida Argentina va a afectar a Uruguay”, opinó Peña. Entre setiembre de 2010 y setiembre de 2011, descontando los ingresos por transporte y turismo, las ventas de servicios uruguayos al exterior fueron por US$ 587 millones, según datos del Banco Central.

En los primeros nueve meses de 2011, Argentina contrató servicios del exterior por US$ 11.917 millones según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicados por el diario Clarín. “De ese total,  U$S 3.262  millones se utilizaron para contratar servicios de transporte, US$ 1.219 millones en concepto de regalías y US$ 1.390 millones entre servicios de arrendamiento, de compraventa y de asesoramiento, entre otros” publicó el matutino.

Desde la Cámara de Zonas Francas de Uruguay, se expresó a El Observador que el anuncio de Argentina, publicado el miércoles en su Boletín Oficial bajo la resolución 3.276, generó “gran preocupación” y ese será el primer punto del orden del día de la próxima reunión de directorio, la semana entrante.

Lo mismo dijo Alvaro Lamé, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que comenzará a evaluar con las empresas exportadoras el posible impacto de la medida argentina. 

“En la crisis de 2002, el sector sintió el cimbronazo porque estaba concentrado en Argentina, y hoy el 30% de las exportaciones va a EEUU que es el principal cliente” comentó. Esa situación de crisis llevó a ampliar los mercados y el sector creció fuertemente, dijo Lamé. “Ahora se está ante una política de un gobierno como el argentino por lo que el problema no será fácil de resolver”, comentó el empresario a El Observador.

Marcelo Lombardi, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios señaló que las trabas argentinas serán analizadas en la primera quincena de marzo en una reunión en Montevideo de las cámaras comerciales de Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, que ya confirmaron su asistencia. A partir de allí se verá “qué pueden hacer los empresarios” comentó Lombardi a El Observador.

En su opinión, Uruguay se encuentra “en medio de dos países cerrados por lo que deberá revisar su inserción internacional atendiendo sus intereses”. Dijo que no se avanza mucho con los acuerdos multilaterales, como el de la Ronda Doha que está trancado. Lo mismo ocurre con los acuerdos entre bloques, como el del Mercosur y la Unión Europea, donde Uruguay “va a la cola de la negociación y sus objetivos son diferentes de los de sus socios, por lo que solo queda el camino más difícil, pero propio, que es lograr acuerdos de libre comercio o similares para facilitar las exportaciones”, comentó el empresario. 

La medida argentina viene a reforzar la política proteccionista y de control de capitales que impone la administración de Cristina Fernández para proteger a la industria local. La decisión se suma a otros controles –licencias no automáticas; declaración anticipada de importación; y declaraciones ante la AFIP para cambiar dólares– todo lo cual retrasó el comercio de bienes con ese destino.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), diseñó un modelo de “ventanilla única” para controlar el comercio exterior de bienes que ahora se ampliará al rubro servicios, informó ayer El País.  La resolución 3.276 especificó que comenzará a regir el próximo 1º de abril pero será retroactiva a contratos que tengan pagos pendientes de cancelación. 

Abarcará a los servicios de información e informática; patentes y marcas; regalías, derechos de autor; primas por préstamos de jugadores de fútbol; servicios empresariales, profesionales y técnicos; servicios personales, culturales y recreativos; compra de activos no financieros; pagos por garantías comerciales por exportaciones de bienes y servicios; derechos de explotación de películas; videos y audios extranjeros; servicios de transferencia de tecnología y otras rentas pagadas al exterior.